En los últimos veinte años, la participación de los asalariados en el conjunto total del crédito de la Argentina creció más de 12 puntos porcentuales, de la mano fundamentalmente de financiamiento para consumo y en menor medida para vivienda.
A contramano se redujo progresivamente el uso de estos recursos por parte de la administración pública, o mejor dicho, del Estado. Así se desprende de un estudio elaborado por los especialistas de la Fundación para la Integración Federal (Funif) filial Rosario, Germán Martínez y Bruno Abriata, quienes realizaron un estudio comparativo entre los períodos de gobierno que van desde la primera presidencia de Carlos Menem hasta la de Cristina Fernández de Kirchner, que van desde 1991 hasta la actualidad.
En rigor, el debate por el uso de las reservas del Banco Central (BCRA) y su papel en la provisión de financiamiento reavivó el interés por la cuestión del acceso al crédito por parte de las diferentes unidades económicas e inclusive, la nueva presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, auguró un "regreso del crédito a la producción". Por eso, "resulta interesante analizar cómo evolucionaron en los últimos veinte años la participación de los distintos actores en el financiamiento y sus tasas de morosidad", explicaron los especialistas.
Si se toma una "torta" que represente el 100 por ciento de los créditos tomados por los distintos actores económicos, el trabajo arrojó como resultado que "hay una importante evolución en la participación de los asalariados en el crédito durante el período 2003-2009", y explican que "esto se debe, básicamente, a la canalización de los ahorros provocados por mejores ingresos hacia créditos hipotecarios y de consumo y al respaldo de la capacidad de repago mediante políticas de estabilidad del empleo que mantuvieron la circulación monetaria".
Así, en el período 1991/1999 los trabajadores participaban del 21,2 por ciento del crédito, en el gobierno de De la Rúa pasaron al 25,6 por ciento; luego bajaron al 18,5 por ciento durante la gestión Duhalde, subieron a 21,5 por ciento durante el período que gobernó Néstor Kirchner, para alcanzar desde 2007 a la actualidad el 33 por ciento de participación.
La industria y el sector agropecuario incrementaron su cuota desde 2003 debido al vigoroso crecimiento y las buenas perspectivas económicas, "especialmente en la agricultura, que alcanzó su máxima participación en veinte años". La agricultura pasó del 8,7 por ciento en el primer lapso analizado al actual 9,9 por ciento, mientras que la industria manufacturera, en cambio redujo su participación del 20 por ciento al 16,2 por ciento actual, aunque cabe aclarar que viene recuperando posiciones de una magra participación del 12,2 por ciento que tuvo durante la gestión de De la Rúa.
Los servicios públicos y la energía no fueron negocios atractivos luego de la crisis de 2001 debido a los congelamientos tarifarios, las regulaciones de precios y a los altos riesgos de las actividades exploratorias, de manera que los privados no demandan crédito para invertir en este sector.
En su defecto, las inversiones son hechas por el Estado y se financian en buena parte con fondos del Tesoro o la aplicación de cargos específicos, haciendo más escasa aún la demanda de financiamiento.
"La construcción, pese a su fuerte crecimiento, ha reducido también su demanda relativa de fondos debido al mayor uso de fideicomisos de construcción en reemplazo del crédito hipotecario en los sectores medios y altos.
La caída en la participación de la intermediación financiera refleja dos aspectos de la economía argentina. Uno positivo, que es el menor atractivo de las actividades especulativas producto de la flotación administrada del tipo de cambio, la acumulación de reservas y el apoyo a las actividades de la economía real; y uno negativo, que son la inflación y la desconfianza heredada de las crisis, que incentivan el atesoramiento en dólares en vez de la utilización de las entidades financieras repetidas veces para negociar títulos valores.
"Uno de los datos más llamativos es la reducción de la participación de la administración pública", resaltan los referentes del centro de estudios de la Funif local. Aseguraron que "de acaparar más del 40 por ciento del crédito durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, la administración pública hoy sólo demanda el 8,4 por ciento".
"Esto tiene dos explicaciones: por un lado, los déficits de fiscales en los que incurría sistemáticamente el Estado nacional hasta el 2002 funcionaban como una aspiradora de créditos que limitaba el acceso del sector privado a los mismos; por otro lado, la administración pública absorbe en los ciclos recesivos buena parte del crédito que pierden y/o dejan de demandar las actividades productivas", resaltaron.
Córdoba
La Legislatura provincial de Córdoba autorizó a la gestión de hoy al gobierno del PJ cordobés a tomar un crédito por unos 70 millones de dólares para ser destinados a la ejecución de distintas obras de infraestructura básica en la capital mediterránea y en localidades del interior. Es que el crédito será gestionado en el mercado internacional.
Publicado en La Capital de Rosario, Sección Economía: Ver artículo Original