Mientras la comunidad internacional debate sobre un posible desarme químico del Gobierno sirio como condición para evitar un ataque norteamericano, la guerra civil que ya se ha cobrado más de 100.000 vidas prosigue su curso. Un informe publicado este miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que, entre el 15 de mayo y el 15 de julio, el régimen de Bachar el Asad cometió al menos ocho masacres y que entre sus crímenes se encuentra el bombardeo indiscriminado de hospitales donde se trataba no sólo a rebeldes combatientes, sino también a civiles. El análisis da fe, también, de que cuanto más tiempo pasa, más se radicalizan los rebeldes, a los que, entre otras, les atribuye atrocidades como el asesinato de un niño de 15 años por blasfemia y la ejecución sumaria de curas cristianos.
Entre las barbaridades contra civiles que los cuatro investigadores de esa organización internacional atribuyen en su más reciente informe a ambos bandos están las ejecuciones arbitrarias, la violación y la tortura, contra adultos y niños, hombres y mujeres.
El conflicto dura ya 30 meses y, lejos de alcanzar la solución negociada por la que aboga la ONU, el Gobierno y los rebeldes siguen batallando mientras el debate internacional se centra en el uso de armas químicas en un ataque en Damasco el 21 de agosto. Entre las barbaridades contra civiles que los cuatro investigadores de esa organización internacional atribuyen en su más reciente informe a ambos bandos están las ejecuciones arbitrarias, la violación y la tortura, contra adultos y niños, hombres y mujeres. En los rebeldes detecta una radicalización hacia el fundamentalismo islamista que representan milicias como el frente Al Nusra, reflejada en la constitución de varios tribunales para avanzar e imponer la sharia, o ley islámica.
En el bando gubernamental, la ONU acusa a las Fuerzas Armadas y a las milicias partidarias de El Asad del "bombardeo indiscriminado de poblaciones, la quema de objetivos civiles, ataques con francotiradores y las ejecuciones sistemáticas". Los investigadores dicen tener pruebas de que se ha detenido a numerosos menores de entre 15 y 18 años arbitrariamente en puestos de control. Muchos han sido sometidos a tortura. En marzo el gobierno emitió un decreto ordenando a todos los varones de 18 años que se presenten a filas. A aquellos menores que aparentan esa edad se les arresta y se les fuerza a entrar en el ejército bajo amenaza de arresto. "En todo el país, se ha destruido hospitales y se ha atacado a personal médico. A enfermos y heridos, civiles y combatientes, se les ha dejado sin tratar", reza el informe.
Ante la inacción internacional, el bando rebelde ha quedado cada vez más fragmentado, sus extremos más radicalizados. El informe recoge numerosos excesos de los opositores, desde torturas a ejecuciones de menores. " Crímenes de guerra de asesinato y de ejecución sin juicio justo fueron perpetrados por grupos armados antigubernamentales", escriben los investigadores. Dan fe, además, de un alarmante incremento en las detenciones de civiles, sirios y extranjeros, médicos, religiosos y periodistas entre ellos. Añaden que los grupos armados opositores "operan en áreas civiles, en violación de la legalidad internacional que obliga a evitar la ubicación de objetivos militares dentro o cerca de áreas altamente pobladas".
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú
FUENTE: El País
