China inició hoy un histórico debate en el que analizará la eliminación de los campos de reeducación, así como la flexibilización de la controvertida política del hijo único.
El debate se realizará en el marco de la Asamblea Nacional Popular (ANP), máximo órgano legislativo de China, y de la sesión bimensual que finalizará el sábado 28.
En esa fecha se podría anunciar la aprobación de estas decisivas reformas sociales, aunque también es posible que el Legislativo chino posponga la votación final para el más mediático plenario de marzo de 2014, informó la agencia de noticias EFE.
Estas y otras reformas fueron prometidas el pasado 15 de noviembre por el Partido Comunista de China (PCCH) tras su plenario anual, y dado el control que la formación política ejerce sobre la ANP, no se esperan grandes sorpresas en el debate de esta semana.
Los campos de reeducación chinos ("laojiao" en mandarín), fueron históricamente cuestionados por la comunidad internacional ya que suelen utilizarse en condenas extrajudiciales e imponen trabajos forzados prohibidos por las convenciones de las Naciones Unidas.
Pese a las promesas de abolición, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se mostraron cautas, ya que temen que el Gobierno chino sólo cambie la apariencia de estos campos y mantenga los castigos sin sentencia judicial o los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.
El debate sobre los campos de reeducación en China se abrió como sucede siempre en este tipo de casos que se prolongan en el tiempo: por la denuncia de una simple ciudadana que fue encerrada en uno de ellos por protestar por la violación y prostitución de su hija.
Fue en 2012 cuando Tang Hui se plantó frente a los edificios gubernamentales de Yongzhou e inició una marcha para pedir un mayor castigo para los culpables de violar a su hija en 2006, cuando tenía once años, y de forzarla a prostituirse durante años.
La detuvieron y enviaron a un campo de reeducación durante 18 meses "por alterar seriamente el orden social y ejercer un impacto negativo en la sociedad", aunque la condena al final se redujo a sólo ocho días por la ola de críticas que desató la decisión tanto en las redes sociales chinas como en medios de comunicación afines al gobierno comunista.
Pese a las promesas de abolición, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se mostraron cautas, ya que temen que el Gobierno chino sólo cambie la apariencia de estos campos y mantenga los castigos sin sentencia judicial o los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.
Tang decidió llevar su caso a juicio, que aún sigue, en tanto por el caso de su hija el año pasado el tribunal provincial de Hunan sentenció a muerte a dos de los secuestradores, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de prisión -cuatro cadenas perpetuas y una de quince años-.
Estos campos fueron creados en 1955, durante los primeros años del gobierno comunista fundado por Mao Tse-Tung, y sirvieron para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra "derechistas" de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
En la actualidad, según coinciden varias ONGs, hay alrededor de 300.000 personas internadas en los diferentes campos que existen en todo el territorio chino.
Por otra parte, máximos responsables de la Comisión de Planificación Familiar y de Salud de China, con rango ministerial, prometieron recientemente que la flexibilización de la política del hijo único entraría en vigor a principios del próximo año, por lo que al menos esta decisión podría tomarse ya en la actual reunión.
La política del hijo único, iniciada a fines de los 70 y principios de los 80 para frenar la superpoblación de China, se reformará permitiendo tener dos hijos, si uno de los cónyuges no tiene hermanos (hasta ahora esta condición tenía que cumplirse tanto en el caso de la madre como del padre).
En la actualidad nacen unos 7 millones de bebés al año y con esta medida calculan que podrían nacer dos millones más.
En la pasada reunión de noviembre del PCCH, también se dijo que trabajarán "para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico" y "se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente".
Asimismo, se estableció que "reducirán el número de delitos que se castigan con la pena de muerte". China es uno de los países que más aplica la pena capital.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Bernardina Spila
FUENTE: Telam
