La guerrilla de las Farc declararán y entregarán todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, confesando así sus fortunas ilegales. Hasta el momento las Farc habían negado este punto que es de suma importancia básicamente por dos cosas: al confesar en dónde están sus riquezas generan confianza, especialmente en los damnificados directos. Esto deberá darse antes de que las Farc entreguen las armas. Se ratificó respeto a propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Así se responde a una de las preocupaciones planteadas por el expresidente Uribe y empresarios agrícolas que temían por una eventual reforma agraria que afectara la propiedad sobre los predios.
La Jurisdicción Especial de Paz será manejada a través de la justicia penal colombiana. Además, su vigencia será hasta por 10 años, pero solo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos. Inclusive otra de las razones por las cuales se quiso acortar el tiempo de estas peticiones, fue para evitar la futura aparición de testigos falsos en los diferentes casos. Este punto fue uno de los más criticados por la oposición ya que veían inviable el hecho de que quienes estuvieran juzgando a los guerrilleros y demás partícipes del conflicto armado en Colombia, fueran jueces extranjeros. Se pudo arreglar que aunque sí habrá participación de expertos que tendrán como objetivo ayudar con temas sensibles como la justicia transicional. La Corte Constitucional será la instancia de cierre pues allá se definirán las acciones de tutela que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz.
Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. En el documento se aclara que aunque reciban este beneficio, estas tendrán que mantenerse en las zonas veredales de desmovilización, acordadas previamente. Si por algún motivo los condenados necesitan salir de esas áreas, deberán tener autorización. Por otro lado, se mantiene la sanción de hasta 20 años de prisión para quienes no colaboren. Todos los miembros de las Farc podrán ser elegidos políticamente. Este punto es tal vez el que más ha generado controversia. Esta organización guerrillera no podrá presentar candidatos para las 16 circunscripciones especiales de paz en zonas de conflicto. El único punto que no tuvo cambio fue el las curules asignadas a las Farc, serán cinco en Senado y cinco en Cámara. Sin embargo, se harán contar, los candidatos tendrán que someterse al veredicto de las urnas.
Nadie tiene claro a cuánto puede equivaler la inversión estatal en la etapa del posconflicto. La propuesta de paz es ambiciosa y requiere millonarias inversiones públicas en las regiones. Por eso, para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y así no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.
FUENTE: El Espectador
RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González
