El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que su país presentó una denuncia contra el Pacto de Bogotá, mediante el cual desde 1948 se aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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La decisión fue adoptada a raíz del fallo de la CIJ que entrega a Nicaragua una vasta zona del mar Caribe en la cual Colombia ejercía soberanía desde 1803.
"He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia", dijo Santos en el marco de una reunión con productores de café.
"Por eso en el día de ayer Colombia denunció el Pacto de Bogotá.
El aviso correspondiente fue entregado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (José Miguel Insulza)", agregó.
El Pacto de Bogotá fue suscrito en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 durante la IX Conferencia Panamericana, considerada como la génesis de la OEA.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, había anticipado que su país consideraba la posibilidad de retirarse del Pacto de Bogotá para evitar un futuro reclamo de Nicaragua ante la CIJ en busca de jurisdicción sobre territorios marítimos caribeños sobre los cuales Bogotá tiene soberanía.
Nicaragua demandó a Colombia ante el tribunal de La Haya en 2001 tras desconocer el tratado bilateral Esguerra-Bárcenas, que en 1928 ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en 1803 fue dejado por la corona española en manos de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.
La CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre las islas en 2007, pero se declaró competente para definir los límites marítimos entre los dos países, lo dejó en suspenso la posesión de siete cayos del archipiélago.
Aunque el tribunal ratificó la soberanía de Colombia sobre dichos cayos el pasado 19 de noviembre, corrió hacia el oriente el punto que Bogotá consideraba como límite y amplió la jurisdicción de Nicaragua en la zona. Dos de los cayos quedaron enclavados en aguas adjudicadas a Managua, lo que para el gobierno colombiano es una "contradicción".
La medida dejó sin vigencia la frontera del meridiano 82, que Colombia consideraba como el límite con Nicaragua, y extendió la jurisdicción de Managua hasta unas 200 millas náuticas, otorgándole casi 100.000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima y zona económica exclusiva.
Santos dijo el pasado fin de semana que su gobierno buscará contactos con Nicaragua para discutir con "prudencia y respeto" la situación tras el fallo de la CIJ.
El gobierno colombiano conformó un equipo de abogados, diferente al de expertos que encararon la demanda nicaragüense en La Haya, para estudiar alternativas.
Los abogados aconsejaron al gobierno la retirada del Pacto de Bogotá, a raíz de la voz de alerta dada por la canciller Holguín en el sentido de que solamente el desconocimiento de Colombia de la jurisdicción de la CIJ evitará una nueva demanda del país centroamericano.
Un integrante de ese equipo de abogados, Rafael Nieto, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la decisión de Colombia busca impedir la futura pérdida de más territorio, pues los fallos de la CIJ son inapelables, en referencia a la decisión de la semana pasada.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú
FUENTE: DW
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