El comportamiento de la deuda de países desde 2007 a 2014, según datos de la Consultora, muestra que Grecia incrementó su deuda en relación a su PBI un 103%, Portugal 100%, España 72%, Suecia 68%, Francia 66%, Japón 64%, Reino Unido 30%, Brasil 27%, Estados Unidos 16% y Alemania 8%. Argentina fue el único caso que redujo su relación 11%. Y si tomamos el periodo 2002 a la fecha, la reducción es mayor al 75%.

El indicador de Deuda sobre PBI se toma como medida para estimar la capacidad de pago de las deudas contraídas por un Estado. El PBI es todo lo que produce un país a lo largo de un año. Por esta razón se toma como un proxy a la capacidad de generar recursos para honrar la deuda asumida. Entre más alto el ratio (deuda mayor que el PBI) se tendrá que hacer más esfuerzo para pagar los servicios de deuda.

Según información de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública total del Estado Nacional para el 2do semestre de 2014 alcanzó al 42,8% del PIB. En la comparación internacional, el nivel de deuda pública se encuentra por debajo de muchas economías europeas como Italia 126%, Grecia 164%, Portugal 129%, España 82% o Francia 77%, y en línea con otras economías comparables de la región como Brasil 50% o Colombia 45%. Entre otros países avanzados la situación es dispar, con Japón con un nivel de deuda a producto de 187%, Estados Unidos con 96% y Alemania con 50%.

La comparación con otros países nos permite ver la importante política de desendeudamiento que ha llevado a cabo la Argentina, manteniendo grados de libertad a la hora de definir políticas sociales activas sin la obligación de aplicar recortes en el gasto público o sacrificar crecimiento para recibir dólares

La comparación con otros países nos permite ver la importante política de desendeudamiento que ha llevado a cabo la Argentina, manteniendo grados de libertad a la hora de definir políticas sociales activas sin la obligación de aplicar recortes en el gasto público o sacrificar crecimiento para recibir dólares ¿O acaso podría haber sido posible aplicar políticas como el PROGRESAR, el PROCREAR, el aumento de las jubilaciones y de la AUH, entre otras, si se hubiera tomado deuda con Organismos internacionales o acreedores privados, a los cuales les gustan las políticas más ¨pro-mercado¨?

Sin dudas que para tener una visión todavía más cabal del importante proceso de desendeudamiento y del criterio a la hora de manejar la deuda pública habría que hacer una revisión histórica.

Como bien nos cuenta Felipe Pigna en su blog, por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrató en 1824, un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers por un millón de Libras. Dando inicio a la historia de la deuda externa argentina.

El empréstito se contrataba con el objetivo de crear pueblos en la frontera con los indígenas, fundar un Banco, construir una red de agua y un puerto. Descontadas las comisiones de los seis gestores llegaron a Buenos Aires sólo 570.000 Libras, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires propiedad de los gestores del empréstito. Pero la deuda se asumía por el total: 1 millón de Libras.

Además de las altas comisiones, de no llegar libras constantes y sonantes, las letras de cambio se tenían que usar para comprar en comercios británicos. Un verdadero negocio redondo para el imperio de esa época y sus amigos.

El dinero del empréstito, por diversas circunstancias, no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto. Se dilapidó en gastos improductivos. Para 1904, cuando se terminó de pagar el crédito, la Argentina había abonado a la Casa Baring Brothers la suma de 23.734.766 pesos fuertes.

Otros 2 hitos de la historia de la deuda pública argentina son sin dudas el Blindaje y el Megacanje. Dejaremos de lado el periodo histórico de 1976 a 1983, donde la deuda externa argentina se incrementó casi un 500%, pasando de u$s 7 mil millones a más de u$s 44 mil millones, por la imposibilidad de tocar todos los temas en este artículo.

El Blindaje fue un salvataje financiero que alcanzó una suma cercana a los 40.000 millones de dólares por allá en octubre del 2000. Sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, desregulación de las Obras Sociales, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional (Mayor peso de las AFJP, restructuración de la ANSES y del PAMI, eliminar la Prestación Básica Universal y elevar edad jubilatoria de mujeres a 65 años).

Como antesala al Megacanje, el entonces ministro de economía, Domingo Felipe Cavallo lanzó el programa de «déficit cero», según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 % que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país.

El 1 de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.387, que permitió llevar adelante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por u$s 30.000 millones por préstamos garantizados por impuestos federales. Me gustaría resaltar esta última parte: La relegación de soberanía era tal que se ponía a disposición la recaudación tributaria para hacer frente a las obligaciones de deuda, antes que atender las demandas sociales de esos tiempos.

Un actor importante del Megacanje fue David Mulford (ex secretario del tesoro de EEUU), compañero de estudios en Harvard de Cavallo, quien por los servicios prestados recibió u$s 20 millones.

Las consecuencias del Megacanje fueron que los servicios de la deuda, que antes del canje eran $60.504 millones, se incrementaron un 63%, llegando a los $98.414 millones. En vez de aliviar la restricción financiera, las mayores tasas de interés pactadas contribuyeron a consolidar la percepción de que la trayectoria de la deuda pública se había vuelto insostenible.

Las consecuencias del Megacanje fueron que los servicios de la deuda, que antes del canje eran $60.504 millones, se incrementaron un 63%, llegando a los $98.414 millones.

CONCLUSIONES

El comportamiento en la última década de la deuda pública no se dio por un mero hecho del azar, ¨Viento de Cola¨ o mayor inteligencia del actual gobierno respecto a los anteriores, sino por una fuerte decisión política de encarar un camino donde la deuda ya no sea un condicionante de los gobiernos democráticos. Un camino que permita definir adentro de las fronteras las políticas económicas, y que las mismas no sean un paquete que baje desde un Organismo Internacional.

Seguro que el estabishment tendrá propuestas menos ingeniosas para conseguir financiamiento externo. Y sin dudas llegarían más dólares. Pero hay que poner en la mesa de discusión que los préstamos internacionales son una extensión de la política internacional de las potencias. Si te prestan, lo harán en post de su beneficio geopolítico o de sus propios sectores privados, principalmente financieros, pero también sectores industriales y agropecuarios.

Tomar deuda con condicionantes a la política local es incompatible con la soberanía y la aplicación de políticas distributivas y desarrolladoras de la industria local. Sin dudas ese tipo de medidas no son las que más seducen al establisment internacional ¿O acaso ven al FMI o a un fondo de inversión internacional prestándole dinero a Argentina para que financie políticas sociales como el PROCREAR o PROGRESAR? ¿O prestamos para el desarrollo de sectores estratégicos, como la construcción de ATUCHA III?

Por eso es deber del próximo Gobierno no volver a tomar deuda para pagar deuda cediendo soberanía sino que hay que conseguir fondos externos para financiar obras de infraestructura que permitan continuar creciendo. En fin, que las ganancias no sean para el sector financiero internacional sino para los 40 millones de argentinos.

(*) Licenciado en economía de la Fundación para la Integración Federal