La polémica iniciativa del gobierno de Evo Morales sobre la construcción de una autopista en la selva amazónica no sólo expresa un dilema entre desarrollo y sustentabilidad ambiental. También abre interrogantes sobre el carácter funcional de ciertas políticas de Estado a los intereses de sus vecinos más poderosos

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Este artículo nació originalmente con la intención de describir la situación social y política actual en Bolivia, la cual se ha visto convulsionada por los enfrentamientos entre el gobierno de Evo Morales y movimientos indigenistas del país.

Paradójicamente, a medida que hemos buscado y concentrado nuestra atención sobre algunas de las posibles causas del mismo, la figura del Estado brasileño y los capitales del mismo origen se han posicionado como actores vinculados a la aparición de conflictos de esta índole en el país del altiplano.

En consecuencia, este escrito ha encontrado nuevos interrogantes, tales como cuál es la incidencia que los planes de liderazgo de Brasil han tenido sobre la realidad de Bolivia y hasta qué punto sus intereses han causado efectos, positivos o negativos, sobre la realidad socio-política del país boliviano.

Para ello comenzaremos analizando el conflicto del TIPNIS, eje de las demandas que enfrenta actualmente el gobierno de Evo Morales y foco de las contradicciones que el mismo encuadra.

El Conflicto del TIPNIS

Por estos días Bolivia vuelve a ser ese convulsionado país del altiplano que era hace algunos años atrás, salvando las diferencias. La tensión atraviesa la sociedad y ha generado un cimbronazo en el corazón de la base política del gobierno de Evo Morales, ya que el actual conflicto enfrenta a su gobierno con un sector de la población indígena y agrupaciones sindicales del país. Asimismo, la creciente tensión ha provocado el abandono de dos de los principales ministros del gabinete de Morales semanas atrás: el Ministro del Interior, Sacha Llorenti y la Ministra de Defensa, Cecilia Chacón.

El origen de esta crisis se remite a la represión que fuerzas policiales bolivianas llevaron a cabo el pasado 25 de septiembre contra una manifestación indígena en Yucuma, a 320 kilómetros al norte de La Paz, la cual marchaba en protesta por la construcción de una mega carretera que unirá gran parte de Bolivia con Brasil con el fin de ir completando la infraestructura regional necesaria para la consolidación del mercado y la integración.

Este conflicto y la represión llevada a cabo por las fuerzas policiales generaron fuertes reacciones no sólo en la población indígena del país y la región sino también en el seno del gobierno de Morales. Como consecuencia, actualmente esta situación encierra al menos tres particularidades que le dan su carácter complejo y novedoso, las cuales detallamos a continuación.

En primer lugar, la población latifundista del oriente boliviano (la llamada "media luna oriental") sale hoy en defensa de la madre tierra y los derechos de los pueblos indígenas a los que históricamente había ignorado y excluido y ha dado su apoyo a la protesta social en contra el gobierno de Evo. Las motivaciones de este accionar pueden deducirse fácilmente. En segundo lugar, el gobierno de Evo Morales se enfrenta hoy a la base misma del movimiento político que fue la que lo llevó al poder en un hecho histórico para ese país. Finalmente, existe una compleja trama de intereses en torno al megaproyecto de la carretera que explica en cierto modo la aparición de las dos paradojas anteriores en relación a la vía Villa Tunari-San Ignacio de Mojos.

Dicho proyecto cuenta con tres tramos de los cuales el segundo ha sido el epicentro del conflicto debido a que atraviesa el TIPNIS, una zona natural de gran importancia ecológica pero también cultural para los pueblos originarios que habitan sobre todo la parte sur de dichas tierras.

El TIPNIS designa al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, un área protegida de Bolivia, creado como parque por un decreto en 1965 y declarado territorio indígena en 1990 por otro decreto, como resultado de las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas en la región. Se ubica entre los departamentos del Beni y Cochabamba, ambos fundamentales en la base política de Evo Morales que, además, acogen en su seno parte importante de las poblaciones de pueblos originarios en dicho país. Tan sólo en Beni el 30% de la población del departamento es miembro de los pueblos originarios.

Este ambiente de una rica biodiversidad será atravesado por la carretera antes mencionada, poniendo en peligro la integridad de este lugar así como también de un hábitat considerado vital para los pueblos que allí honran sus tradiciones y otros que cultivan hoja de coca y están asentados en la zona sur del parque hace ya décadas.

De este modo, Bolivia se encuentra hoy ante la paradoja de optar por el desarrollismo o la protección del medio ambiente y ha abierto un debate que no muchas sociedades han llevado adelante sino hasta hacerse manifiestas las consecuencias del avance de la obra del hombre sobre la naturaleza.

La necesidad de infraestructura en Bolivia ha sido una cuestión central en la falta de integración territorial y difusión de los beneficios del desarrollo al interior del país. Sin embargo, su gobierno se enfrenta a la difícil tarea de llevar adelante una obra que es necesaria para el país sin poner en jaque no sólo un derecho constitucional de los pueblos originarios sino también mermar gran parte de su base política.

Capitales Brasileros en el Centro de la Discordia

La semilla de la discordia entre Evo Morales y parte de sus otrora seguidores es la mega vía de comunicación que se proyectó en tres tramos y actualmente se encuentra frenado en el segundo, el que atraviesa el TIPNIS, por orden del gobierno de Evo Morales mientras el conflicto se resuelve. Dicha decisión fue ratificada el pasado martes por la Cámara Baja del Congreso boliviano frente a fuertes protestas de los grupos indigenistas que esperan como única respuesta del gobierno que la obra se detenga. Los indígenas rechazan que el camino cruce por el parque pero además protestan porque el gobierno lo proyectó y adjudicó sin consulta previa como establece la Constitución boliviana, por lo cual no aceptan un "debate nacional" sobre el tema como propuso el gobierno para resolver el entredicho.

Lo cierto, sin embargo, es que esta decisión representa poco problema ante los hechos consumados. Muchos analistas consideran que la separación del proyecto en tres tramos y la circunscripción del TIPNIS enteramente en el segundo fue una maniobra de la empresa constructora OAS, que lleva adelante la misma para "saltar" un eventual conflicto o ganar tiempo en medio de este sin tener que frenar los tramos 1 y 3 que técnicamente quedarían fuera de cuestionamiento.

La empresa de origen brasileño es harto conocida en los países de la región debido a sus irregularidades medioambientales en otros proyectos de alto calibre como este. Detrás de las ambiciones de estos capitales privados parece también estar la mirada del gobierno de Brasil que desde el gobierno de Lula da Silva llevó a cabo acuerdos con el gobierno boliviano para el desarrollo de caminos, rutas y proyectos de explotación de recursos en dicho país.

¿Casualidad o causalidad? ¿Cooperación regional o intereses nacionales vinculados a los planes de liderazgo de Brasil como motor de la economía del continente?

Pese a que algunos analistas como Susanne Gratius hablan del potencial de Brasil para ser líder de la región pero también de su falta de voluntad para serlo, el país carioca parece estar actuando en consecuencia de dicho rol, no tanto como un acto de magnanimidad hacia el resto de los países de la región sino más bien respondiendo a sus propios planes de desarrollo como la expansión de sus mercados potenciales, de sus espacios de inversión y de acceso a otros mercados a través de nuevas vías de comunicación.

En marzo de 2010 el Parlamento brasileño aprobó el préstamo de más de 300 millones de dólares para construir una carretera en el oriente de Bolivia, la cual sería realizada por la empresa brasileña OAS. El resto de los 415 millones de dólares de la obra adjudicada fue contraparte del gobierno boliviano.

Asimismo, el Protocolo de financiamiento de la carretera aprobado por el Congreso boliviano incluyó la suscripción de un memorando de cooperación científica y tecnológica que abriría las puertas a Brasil para su participación en la exploración, explotación e industrialización de los recursos del Salar de Uyuni, donde se encuentran las reservas de litio y de potasio más grandes del mundo.

¿Qué se juega Brasil con este proyecto? Algo más que el bienestar del pueblo boliviano y el desarrollo de este país. Es decir, una puerta de acceso directa a un mercado en gran medida exento de los sórdidos mecanismos de la oferta y la demanda que le son propios, un acercamiento y una facilitación del acceso al gas y el litio boliviano, así como también la posibilidad de flexibilizar las instancias de libre tránsito de bienes, personas y servicios entre ambos países y, más importante aún, entre Brasil y otros países del continente utilizando la ruta boliviana como camino de paso. Existen, además, indicios de la existencia de hidrocarburos bajo el subsuelo del segundo tramo que atraviesa el TIPNIS, cuya extracción sería posibilitada por el acceso de la carretera.

Los intereses de Brasil en países como Bolivia pueden recordarnos a la situación de muchos países africanos que están atrapados en una especie de doble dependencia, entre los países industrializados y los países emergentes, en medio de una "guerra económica" que busca asegurar la presencia de esos países en lugares con vastos recursos naturales en medio de una lógica predatoria que, como autores como Mbuyi Kabunda sostienen, los países emergentes pueden emular de los desarrollados.

De este modo, el presente y en parte el futuro de los recursos así como el desarrollo de Bolivia pueden mostrar cierto parecido con la realidad africana y los desafíos que los países de este continente enfrentan como consecuencia de la propia potencialidad y a la vez peligro que ofrecen sus riquezas naturales.

Ya hace tiempo que Brasil y Bolivia discuten un plan de inversión para la explotación e industrialización del gas natural y minerales de Bolivia con capitales de origen brasileño. Muchos analistas afirman que el "monstruo económico" que representa Brasil busca asegurarse de este modo unos 30 millones de metros cúbicos de gas natural sobre todo para ciudades como San Pablo. Y todo hace pensar que por estos días Brasil da pie a través de estas gestiones a proyectos de inversión que permitan alcanzar esta industrialización.

¿Qué es civilización? ¿Qué es barbarie? ¿A qué precio se logra el desarrollo de un país? ¿Podemos considerar una falta de visión por parte del movimiento indigenista la oposición a este proyecto que podría incrementar las posibilidades económicas del país a través de la obtención de infraestructura que una gran parte del país no posee? ¿Podemos juzgar dicho reclamo como impropio en una sociedad en la cual gran parte de la población tiene una concepción económica, social y cultural fuertemente arraigada al respeto y la preservación de la naturaleza?

El gobierno de Brasil no es culpable de la situación actual en Bolivia y tampoco OAS, pero no podemos dejar de observar la influencia que sus gestiones han tenido sobre la coyuntura boliviana. Quizá sí sea cuestionable la adjudicación del proyecto a una empresa sobre la que pesan otras denuncias de impacto ambiental en proyectos realizados en el continente, el modo en que se decidió y se procedió a la ejecución del proyecto y la forma en la que fue diseñado por OAS para circunscribir el conflicto a un solo tramo mientras el resto de la obra continúa su curso abriendo la posibilidad de que el tramo dos se termine por autorizar ante los hechos consumados.

La asimetría existente entre países como Brasil y Bolivia, entre los países denominados otrora del Tercer Mundo y los hoy llamados emergentes, puede ser un factor que explique cierta subordinación de las políticas nacionales en pos de otros intereses, como en este caso los brasileños en materia de infraestructura. Para Brasil, la interconexión física del continente es parte de sus aspiraciones nacionales e internacionales, mientras que para Bolivia es una oportunidad de crecimiento. Del lado boliviano, esto último lleva implícito el desafío de hacer prevalecer una decisión crítica del Estado boliviano sin grises, sin procedimientos turbios para no correr el riesgo de que el fin justifique los medios, como tantas otras veces se vio en este país.

En los tiempos que corren y después de las lecciones que nos ha dado la naturaleza y la historia, el desarrollo no sólo debe satisfacer las necesidades físicas y económicas de un país, sino que además debe correr en armonía con la sustentabilidad de los pueblos. El desafío es importante, dado que en los juegos de poder y política no siempre los tiempos permiten hacer este tipo de evaluaciones, pero sin dudas el gobierno de Evo Morales se encuentra en un punto nodal acerca de qué tipo de desarrollo desea para su país y de si está dispuesto a llevar adelante una política de integración y desarrollo asentada en la explotación intensiva de los recursos naturales, cuestiones que en Bolivia están estrechamente ligada a las cuestiones étnico-culturales de su población.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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