De “visa y trabajo”, a “evitar la migración ilegal”
Cuando aún era el recientemente presidente electo, allá por Octubre de 2018, López Obrador afirmaba que su propuesta para la crisis migratoria se resumía en la consigna “visa y trabajo” para los migrantes centroamericanos. Hablaba de la necesidad de enfocarse en las causas y no en las consecuencias del fenómeno migratorio. Sostenía que se plantearía al gobierno de Estados Unidos, la implementación de un plan de desarrollo en México, y lo mismo pensaba para los países centroamericanos, con el fin de lograr un resguardo para los ciudadanos que atravesaban la frontera de México en su camino hacia EEUU. El foco estaría puesto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que abandonan sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades. La generación de empleo y la inversión, iban a constituir las herramientas para alcanzar mejores condiciones, y el sumo respeto por los Derechos Humanos iba a reemplazar el abordaje de la problemática desde la utilización del uso de la fuerza. “El que abandona su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria” afirmaba AMLO por entonces.
Así, durante los primeros meses de su gestión, se registró un 44% menos de deportaciones, si se lo compara con el último trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto. En los inicios de la gestión, los ciudadanos extranjeros eran recibidos por funcionarios que les proporcionaban agua y comida, así como un permiso de trabajo y tránsito. En sintonía con esta línea, la Agencia Mexicana de Inmigración desplegaba a comienzos de este año, un operativo en la frontera sur, que tenía como objetivo, acelerar la emisión de visas humanitarias para los migrantes centroamericanos, las cuales serían renovables luego de un año. Sin embargo, el programa culminó de manera abrupta después de que más de 10.000 personas la solicitaron las visas.
Pese a todas las adversidades el número de migrantes fue creciendo, pero al mismo tiempo que crecieron las presiones sobre López Obrador, no sólo desde el gobierno de Trump que restringió el número de solicitudes de asilo, llegando incluso a lanzar amenazas de cierre total de la frontera, con sus reiterados (y característicos) mensajes de provocación, si no también, por parte de los gobiernos municipales y estaduales, encargados de recibir y asistir a los migrantes.
Así, la posición de AMLO se fue endureciéndo, no solo en lo discursivo, sino también en la praxis y para el mes de abril miles de personas eran detenidas en la frontera sur, derivando en protestas por parte de los desesperados migrantes. El cambio de posición, le granjeó un agradecimiento de Trump por las detenciones realizadas, y un reconocimiento especial por las deportaciones de miles de migrantes centroamericanos, y también aquellos provenientes de Haití, Angola y Camerún.
Si bien las detenciones continuaron en el mes de mayo, Donald Trump ya avizoraba un castigo ejemplar para un México incapaz de detener la inmigración ilegal; la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos, porcentaje que aumentaría de no percibir el gobierno norteamericano, una mejora en el control de la problemática.
De la amenaza al acuerdo
Las negociaciones se sucedieron contrarreloj, y el gobierno mexicano se vio acorralado. AMLO no tuvo más remedio que sentarse a negociar, viéndose obligado a aceptar los términos y condiciones de la política norteamericana, al mando de un presidente que no termina de sorprender con sus impredecibles actitudes, pero que deja entrever su interés por obtener el rédito político que le permita asegurar su imagen, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, para las cuales ya ha anunciado su candidatura.
¿Qué se acordó? ¿Qué significa que México se convierta en un tercer país seguro?
Sin que se dieran a conocer demasiados detalles, se sabe que el pacto acordado supone que Estados Unidos finalmente no gravará las importaciones, a cambio de que México refuerce su frontera, y amplíe el programa de Protocolos de Protección a Migrantes, que permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo mientras esperan sus juicios migratorios.
Donald Trump, declaró que el acuerdo migratorio alcanzado con México, incluye un plan de “tercer país seguro” si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, aseguró que en la negociación su país en realidad logró evitar convertirse en un “tercer país seguro”.
El tercer país seguro constituye una figura jurídica que surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en 1951, que implica que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones. Claro que para ello, este tercer país, debe contar con las capacidades para garantizarles a los ciudadanos, el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a servicios médicos, empleo y educación. Condiciones que México no podría garantizar, pero que están siendo evaluadas por el gobierno de Guatemala que ya negocia con EEUU este status.
El acuerdo, fue transmitido por las autoridades mexicanas, como una victoria. Sin embargo, la opinión pública e importantes sectores políticos y organizaciones civiles lo recibieron con fuertes crítica, y se preguntan ¿si se convierte México en el muro que Trump no construyó?
Por otra parte, pero como consecuencia del acuerdo, la reciente renuncia (¿o el despido?) del encargado del Instituto Nacional de Migración, y su reemplazo por un ex coordinador de penales y ex -Jefe de Policía de la Ciudad de México, constituye otro de los signos de endurecimiento de la política migratoria del gobierno de López Obrador, quien ya ha declarado que se implementaran medidas más restrictivas para el paso de los migrantes, tales como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. ¿Es el fin de una política migratoria errante o se trata de aguantar la presión y ganar tiempo?
(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)