De alguna manera, los números dominaron la semana en la Argentina en general y en Rosario en particular. Por un lado, el Censo 2022 y por el otro la situación del transporte en el interior del país, pusieron en el centro de la escena una serie de discusiones que en la mayoría de los casos se quedaron en la superficie de las cosas. De haber funcionado de otra manera, cual caja de Pandora, tal vez muchas “desgracias” podrían haber sido descubiertas. Si el censo es una foto que define los últimos doce años de la vida de los argentinos pero que iremos descubriendo en el futuro; la situación del transporte rosarino representa una historia vieja que unos cuantos intentan hacernos olvidar. De ambos hechos, en los últimos siete días se escribió un nuevo capítulo. Pasen y vean.

El tema del transporte no se circunscribió exclusivamente a la ciudad de Rosario, sino que alcanzó a todo al conjunto de las provincias del país. Cuando el día lunes, vencida la instancia de la conciliación obligatoria, se conoció la decisión sindical de realizar una medida de fuerza que implicaba un paro de transporte de 72 horas, las alarmas del conjunto social se encendieron. No descubrimos nada si planteamos cómo afecta al común de los ciudadanos, más o menos pudientes, viviendo en el centro, en los barrios o en la periferia, la imposibilidad del uso del transporte público. Todas las actividades quedan, definitivamente, condicionadas.

La respuesta política no se hizo esperar. La mañana del martes comenzó con la trillada argumentación mediática de la diferencia de asignación de subsidios al transporte público entre la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las provincias argentinas. Según comentan desde voces oficiales de la provincia y el municipio, mientras el conjunto de bonaerenses y porteños (y porteñas) gozan del beneficio del 89% de los subsidios, el otro 11% debe ser repartido en el resto del país. Si esto es así, y ningún funcionario nacional salió a desmentirlo, la situación es por demás de injusta y se ancla en un dato objetivo: mientras en CABA un boleto cuesta $18, hasta mañana domingo en Rosario, Córdoba y Santa Fe, trepa a $59,35.

No dejó de ser llamativa la argumentación de números y porcentajes que periodistas, voceros y operadores mediáticos anunciaban desde el comienzo de la mañana. El broche lo ponían funcionarios municipales y provinciales que repetían el mismo discurso. En todo caso, debe decirse, no está del todo claro, quien copiaba a quien. Pero hay otros elementos que indudablemente no se mencionaban y que de alguna manera quedaban ocultos: de la cotidianeidad de estos días y de una gestión gubernamental sobre el transporte que lleva más de treinta años.

Lo llamativo de las declaraciones, análisis y comentarios del martes era que el problema se iniciaba en el marco de una discusión salarial. Siendo así, parecía legítimo escuchar la argumentación empresarial del por qué no se llegaba al acuerdo. Pero la voz del sector privado brillaba por su ausencia. Todo se ceñía a las falencias del Estado nacional. No deja de ser llamativo que, ante un conflicto en un sector mixto, sea uno sólo el responsable, mientras que el otro protagonista nada tenga para comentar.

La primera pregunta se cae de maduro: si los empresarios “privados” dependen del Estado nacional para el otorgamiento de un aumento salarial, vale saber cual es la razón de ser de su existencia. Si el costo político de un conflicto salarial lo debe pagar el Estado, no se termina de entender del todo dónde aparece el riesgo y la responsabilidad empresarial.

La secuencia continuó el día miércoles, cuando a lo largo y ancho del país nos enteramos que había un principio de acuerdo entre las partes, lo que permitiría levantar el paro del día jueves, cuestión que terminó sucediendo. Lo interesante del caso es que, durante todo ese día, nadie confirmó los alcances de la buena nueva. Si allá por los 80’ el mítico Raúl Granados se preguntaba, “dónde está la plata”, en este caso, bien vale parafrasearlo y preguntarnos quien ponía la plata. Silencio por aquí, silencio por allá. Nada tenían para contar funcionarios ni comunicadores.

La respuesta la empezamos a sospechar 24 horas después, cuando el oligopolio mediático rosarino (¿alguna vez nos animaremos hablar del sistema de medios santafesino que concentra en muy pocas manos la “verdad publicada” en la región?), comenzó a hacer circular la idea de que el Observatorio del Transporte se reuniría para analizar la revisión de las tarifas. Son tan expeditivos los compañeros, compañeras y los no tanto, que al caer la noche ya se había dejado correr el nuevo precio: $69,5. La frutilla del postre la puso el intendente de la ciudad al firmar el decreto respectivo con el aumento que comienza a operar desde el lunes.

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Lo interesante del caso se extiende hasta este sábado ya que si usted querida lectora, estimado lector, se toma el trabajo de leer los tres diarios de la ciudad, se editan todos con la misma argumentación del porqué del aumento. En sus “considerandos” nos enteramos que el costo del boleto alcanza los $105 y que la diferencia ($35) la ponen el municipio y los empresarios. Aplausos por tanta bondad de empresarios que, en un sistema capitalista, invierten para perder dinero, pero, debe decirse, no queda del todo claro donde están los fondos de ese 11% que pone el Estado nacional.

En esta historia de verdades dichas a media debe alzarse la mirada y prestarle atención al problema estructural que representa el transporte urbano de pasajeros desde hace treinta años. Para que se entienda la magnitud del problema, bien vale juntar los extremos temporales: Rosario pasó de tener un sistema con multiplicidad empresarial que contaban con líneas con más o menos ganancias, a uno donde convive un actor privado (o sus herederos) que opera las líneas más rentables y uno público que anda por la vida recogiendo los restos de aquellas empresas que “se caen” o deciden irse de la ciudad y que son, vaya novedad, las no rentables.

En la ciudad evolucionamos institucionalmente desde una discusión que se instalaba en el Concejo Municipal, que actuaba como natural (y legal) caja de resonancia, hacia una coyuntura que bien supo instalar la ex intendenta y actual diputada Mónica Fein, donde el cuerpo legislativo cede su potestad y habilita al Poder Ejecutivo a imponer el aumento si así lo considera oportuno. De una decisión colectiva y construida con discusiones y consensos, a otra que resuelve la soledad del intendente.

Desde la promesa noventista que nos anunciaba el modelo Curitiba, con unidades de distinto tipo, evolucionamos hacia un sistema donde la única gran virtud que logró plasmarse radica en la posibilidad del trasbordo sin costo alguno (cuestión que, cuando se lo compara con Buenos Aires debería tenerse en cuenta ya que allí no existe esa opción); y que, además, duele decirlo, no son pocos los barrios rosarinos que no se encuentran unidos por una sola línea de transporte.

Sacando el contexto de la pandemia, que obligó a la reestructuración de líneas y sobre la que mucho no puede decirse ya que tanto el Estado como el sector privado hicieron lo que pudieron en esa coyuntura, bien vale recordar que en Rosario se atraviesa este 2022 con serias falencias del transporte que no pueden ser adjudicadas exclusivamente a un problema del reparto de fondos. Sin audiencias públicas que permita discutir el estado real del servicio público, como sucede cuando se pretende imponer un aumento de tarifas y sin un verdadero conocimiento comunitario sobre el gerenciamiento de las empresas que pertenecen al sector público; mucho de lo que se diga desde las autoridades locales se parece más a un repartir responsabilidades hacia arriba y que evite abrir la caja de Pandora que suponen tres décadas de desaciertos de gestión.

Pero, además, y si hablamos de agendas no deseadas, las novedades que trajo el censo hacen pensar en algunas discusiones que servirán de argumento en las semanas venideras para el agite de algunos fantasmas.

Atravesado por un nuevo intento de deslegitimación, que, a diferencia de lo ocurrido en 2010, donde la fiebre comunicacional operaba sobre el miedo de quien te iba a censar (ahora también estuvo presente esa actitud. pero este articulista cree que en menor medida), algunos cuestionamientos rayaron la ridiculez, al punto de la queja de porqué se decretaba feriado y por qué no se hacía un domingo teniendo en cuenta la situación económica de algunos sectores del comercio que la pandemia afectó de manera decidida.

Lo primero que debe decirse es que un censo se realiza porque está establecido en el marco legal argentino. Aunque parezca básico decirlo, en un domingo son múltiples las tareas laborales que se desarrollan, más allá de que los quejosos crean que, porque ellos no laboran en esa jornada, el mundo allí termina.

Por otro lado, además, cabe recordar que no es una actividad que se diagrama en un abrir y cerrar de ojos, sino que tiene una elaboración en lo previo que supone acordar en un formato académico qué y cómo se pregunta, y que la logística de movilizar a 600.000 ciudadanos para que consulten a sus pares, exige una planificación que lleva muchos meses, incluso años.

Indec informó, en formato de adelanto, que somos 47.327.407 la cantidad de personas que habitamos el territorio argentino y a partir de allí comenzaron algunas discusiones, tal vez no deseadas para este momento social. La que más ruido hará en las semanas que vienen refiere al problema de la representación política ya que, de acuerdo a la ley vigente, varias provincias deberían cambiar su número de diputados en esa cámara, algunos con más y otros con menos.

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Si a uno lo apuran un poco imagina que no habrá ningún cambio significativo por dos grandes razones: la primera es que la modificación de la representación supone el agregado de unos setenta diputados más. En tiempos donde reverdece la mirada sobre el costo de la política, agregar nuevos legisladores no parece ser una medida que pueda plasmarse efectivamente. Y, además, el segundo impedimento es que la hipotética modificación supone la pérdida de algunos representantes de C.A.B.A y el agregado en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Es de imaginar, que el debate terminará más temprano que tarde, sin modificación de ningún tipo.

Pero esa no es la discusión más importante que se viene, sino que, con el correr de los meses, una vez confirmados los números de habitantes en cada provincia, ciudad y comuna, probablemente deban modificarse las partidas presupuestarias que, en muchos casos, recordemos, se estructuran a partir de cada censo poblacional. No sería raro descubrir que varios están gastando más de la cuenta.

El censo también puede traer algunas discusiones no deseadas y tal vez, abrir una caja de Pandora. Pero como bien nos enseña la mitología griega, la esperanza es lo último que se pierde. Y probablemente, aunque la imagen que el espejo nos trae por lo realizado el 18 de mayo no nos guste, haya que aplicar aquella máxima que supo hacer famosa el trovador catalán: “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.