La política nacional de la última semana del siempre esperado septiembre, pareció moverse dentro del trayecto que une al Congreso de la Nación y al Ministerio de Trabajo. La presencia del ministro Sergio Massa para explicar los alcances del presupuesto 2023, el fallido dictamen del plenario de comisiones que trata el proyecto de ley de los humedales y el conflicto en el sector de neumáticos, con su inocultable proyección al conjunto del sector automotriz; ocuparon el centro del escenario político y mediático de los últimos siete días. Más allá de los enojos honestos y de sobreactuaciones, más allá de la necesidad de solucionar ciertos problemas aquí y ahora, hay un recorrido por contar y algunos supuestos por desmitificar. Pasen y vean.
Finalmente Sergio Massa volvió al Congreso Nacional, más precisamente a la Cámara de Diputados que supo conducir hasta hace escasos dos meses. Rodeado de la presidenta Cecilia Moreau, mujer que tributa en el mismo espacio político y de Carlos Heller, el ministro de Economía pareció moverse a sus anchas con números y proyecciones para el 2023. Respondió preguntas de sus ex colegas que fungen de jefes de bloque y no dejó de tener un cruce “picante” con los diputados de izquierda que le reprocharon sus declaraciones, su forma de entender el conflicto suscitado en el sector de los neumáticos y la promesa de solución para la cadena automotriz.
Independientemente de lo que esté escrito en el papel, a la distancia que suponen los 300 kilómetros que separan Rosario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede suponerse que el presupuesto obtendrá el visto bueno de la Cámara de Diputados ya que, en términos políticos, a nadie conviene el rechazo del instrumento presentado para el ejercicio 2023.
La matrix de la economía, conformada por asociaciones empresariales, organismos de crédito internacional y el conjunto de la administración pública en sus tres niveles (nación, provincias y municipios) necesita de la referencia que supone un presupuesto aprobado para un año electoral.
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Al oficialismo le conviene por razones obvias. Y la oposición, por su parte, también tiene sus limitantes: en 2023 no resultaría nada sencillo explicarle a la ciudadanía las razones de una decisión basada en una irracionalidad que sume un nuevo y gravoso antecedente y que, además, le habilitaría al gobierno un argumento político de peso. Junto con ello, aumentaría la discrecionalidad del manejo de los fondos ya que, por cuestiones legales, se debería cumplir con los gastos que estipulan el presupuesto 2021 y el resto se define al saber y entender de lo que disponga el funcionario de turno.
A esto se debe sumar el interés de gobernadores, intendentes y legisladores (oficialistas y opositores), que cuentan en la realización de obras estructurales (y de las otras), la razón de ser de cada una de las campañas electorales. No deja de ser un problema para diputados y senadores volver al terruño, salir a pedir el voto y en el camino tener que explicar que, aquella obra estructural que llegaba a un barrio o un pueblo con fondos nacionales, no podrá realizarse porque el número de inflación o de crecimiento del PBI proyectados, no eran certeros.
A todo ello se suma el clima político al interior de la Cámara baja. El 2022 se parece poco al año anterior ya que no queda atravesado por el contexto electoral, pero además, el estilo político de la actual jefatura de bloque ha sabido diferenciarse de lo que proponía Máximo Kirchner, quien el año anterior terminó rompiendo cualquier idea de acuerdo cuando con su discurso de cierre, dio un argumento de supuesta ofensa a los opositores para el acompañamiento del proyecto.
Pero no todo fue presupuesto en la Cámara de Diputados. El anunciado tratamiento del proyecto de ley de los humedales, el cual se había transformado en uno sólo luego de consensuar las variadas propuestas existentes, quedó suspendido mediante un comunicado conjunto de los distintos jefes de bloque, a partir de no contar con el número suficiente en el plenario de comisiones que le permitiera alcanzar un consenso importante, lo cual pone en el tapete una cuestión básica de la política: ¿hasta dónde se avanza en el tratamiento de un proyecto que llega disminuido políticamente al recinto? Ampliando la perspectiva, ¿cuánto de conveniente resulta aprobar este tipo de leyes estructurales con números tan ajustados?
Para tratar de aproximar una respuesta desde nuestra pequeña verdad relativa, tal vez debamos tener en cuenta dos ejes centrales que se plantean en el proyecto, tanto por lo que dice como por lo que no y un dato de rigor.
1) Refiere a la necesidad de definir conceptualmente qué es un humedal y qué puede hacerse productivamente en ellos. La legislación no está referida exclusivamente al caso de las islas del Delta sino que interpela también al conjunto del país afectando a distintas provincias con geografías disímiles: su tratamiento afecta desde la humedad que supone la Cuenca del Plata, hasta la aridez de Jujuy que apuesta por el desarrollo de la producción del litio.
2) Otra discusión no menor refiere al rol de las provincias y si la instancia de control, revisión y diseño de los organismos de aplicación a crearse dependen de cada una de ellas o del Estado nacional. Para contextualizar no debe olvidarse que la reforma de la Constitución de 1994 definió que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, por lo tanto, cualquier función que se le asigne al Estado nacional, de acuerdo a cómo se instrumente, podría entrar en contradicción con la propia Carta Magna. Teléfono para los amigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3) La ley no resolverá per se el problema de las quemas que sufrimos santafesinos y bonaerenses. En primera instancia porque ningún marco legal por sí mismo corrige ciertas conductas sociales. El conjunto de empresarios responsables del ecocidio litoraleño ya cuentan con un marco legal que sanciona las prácticas aberrantes que llevan adelante. Que el Estado, en sus múltiples versiones, no pueda, no sepa o no quiera resolver el problema, es parte de la debilidad estructural que presentan los países en este rincón del planeta.
A partir de allí los enojos, las sobreactuaciones, las acusaciones del peso del lobby de empresas mineras y gobernadores. En algunos casos con furia sobre la figura de legisladores y en otros con el ejemplo del tero que pone los huevos en un lado y grita en otro. Tal es el caso del intendente rosarino que intenta encabezar una demanda medioambiental pero en el devenir pide excepciones para la construcción de torres céntricas y costeras junto con la posibilidad de afectar un parque para la construcción de una hamburguesería por un irrisorio canon. Cosas de la política berreta.
Y en ese devenir de un humor social de broncas varias, el conflicto en el sector de los neumáticos tuvo su clímax luego de más de cinco meses de negociación salarial, al punto de intervenir el ministro de Trabajo Claudio Moroni en persona, a partir de una directa orden del presidente Alberto Fernández. Con el condimento de unas declaraciones poco felices de Sergio Massa, la presión ejercida no fue menor, tanto de parte del Estado como de aquellas empresas de la cadena automotriz qué rápidamente tomaron la decisión de parar la producción por falta de cubiertas. Dicho como al pasar, no deja ser llamativa cómo algunas unidades productivas que se desarrollan con estándares de nivel internacional, en poco menos de tres o cuatro días se quedan sin insumos para llevar adelante su tarea. ¿Casualidades o causalidades de la vida? Defínalo usted querido lector, apreciada lectora.
El agua no llegó al río y en la madrugada del viernes se alcanzó un acuerdo que, a todas luces, parece satisfactorio para los trabajadores. Quedará pendiente por resolver también, el porqué del aumento de estos meses en las cubiertas que les ha dejado una rentabilidad extraordinaria a las empresas del sector y que ha generado toda una instancia de mini turismo para argentinos que deciden ir a comprar sus cubiertas a las zonas limítrofes de Brasil y Paraguay.
Pero no quedó sólo allí la actividad en el ministerio que conduce Moroni ya que en el devenir de la semana supimos de dos acuerdos paritarios que llamaron la atención del conjunto de los argentinos: el de Seguros (109%) y el de Bancarios (94%). A partir de allí, aparecieron una serie de comentarios que ponderaban la organicidad y la lucha sindical como referencia insoslayable para el logro de muy buenos salarios para los trabajadores. Y si bien esto es irreductiblemente cierto y necesario, tal vez no sea suficiente.
No es casual que los mejores salarios se pagan en los sectores más dinámicos de la economía: sea en sectores de la industria que están ligados al sector externo (petroleros, metalmecánicos o informática) o en el área de servicios que son estratégicos en un país como la Argentina (transporte, bancarios, seguros). Más allá de genuflexiones y traiciones de distinto tipo y color, vale preguntarse si tiene la misma fortaleza política el dirigente sindical de un sector que no marca agenda ni el dinamismo de la economía de un país, que aquel que sabe y entiende perfectamente que una medida de fuerza pone en cuestionamiento la cotidianidad de cada ciudadano.
Vaya como ejemplo una segunda pregunta de rigor y al calor de los acontecimientos de los últimos tiempos ¿son los docentes santafesinos menos organizados y están menos predispuestos a la lucha que bancarios y petroleros? No. Ni por asomo. Pero sus “patronales” se conforman y estructuran de distinta manera, en un contexto histórico que, desde la dictadura para acá, ha devenido en un mercado de trabajo definitivamente heterogéneo que muchas veces bordea la atomización. La existencia de varias centrales de trabajadores así lo confirma.
Los tiempos que vivimos, estos de virtualidad y de inmediatez electrónica no son indiferentes para la política. Muchos creen que en las redes está la verdad y la esencia definitiva e irremediable de las cosas. Junto con ello, la velocidad con la que accedemos a múltiples bienes y servicios, desde pagar un impuesto, revisar estudios médicos o comprar un vehículo cero kilómetro a distancia, nos hace pensar que (casi) todo puede conseguirse aquí y ahora.
Pero la política, que como actividad humana supone la existencia del otro, escuchando también sus verdades relativas, demanda otro tiempo real que termina colisionando con ciertas urgencias. Esto no supone esquivar las responsabilidades de un proyecto de ley que ha perdido estado parlamentario en no pocas ocasiones, ni legitimar la dilación empresarial o gubernamental que estira una discusión paritaria por varios meses. Sirve para entender, por ejemplo, que la demanda social que permitió reinstalar un debate en el Congreso, no puede justificar su apuro por las demoras anteriores. Y sobre todo si sobre ese marco legal futuro, existen expectativas que no se darán de manera determinante en la realidad. Para el ecocidio queda cumplir con las leyes actuales, complementar con lo nuevo, y por nuestra parte, seguir atentos a un problema que, lamentablemente, llegó para quedarse. Es hora de aceptarlo.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
