Inestable con pronóstico reservado. Así podría definirse el estado de las cosas en la política argentina de comienzos de octubre de 2022. A poco menos de un año de una elección presidencial que podría traer como novedad secundaria, la jubilación de varios dirigentes, la semana que acaba de concluir fue pródiga en reflejar los límites con los que conviven los dos frentes políticos más importantes de la Argentina. Nada parece ser seguro. Y nada indica que la tranquilidad del momento no se convierta en un tembladeral a las pocas horas. Flores de un día nos entonaría ese mito llamado Carlos Gardel. Repasemos.

La semana en Juntos por el Cambio comenzó con la posibilidad concreta de encontrar un enemigo interno sobre el que hacer recaer variados cuestionamientos. Por distintas razones, las declaraciones del diputado Facundo Manes, ante la requisitoria del empresario y operador periodístico Luis Majul, al afirmar que el PRO practicaba el populismo institucional, desató una ola de cuestionamientos que parecieron desproporcionados.

Y lo calificamos de esa manera porque, si hace unas pocas semanas atrás reinó el silencio de radio cuando la ex diputada Elisa Carrió calificó al diputado Cristian Ritondo de narcotraficante, no se entiende del todo porqué una descripción política dicha como al pasar, que no mereció siquiera la repregunta del entrevistador, haya desatado la hilada de calificaciones que recayó sobre el neurocirujano, quien quedó expuesto en una soledad inicial que sólo se apaciguó con un comunicado de la UCR de la provincia de Buenos Aires, espacio donde Manes funge de jefe político.

Las razones de las diatribas son múltiples. Para la conducción del partido a nivel nacional, que lleva adelante el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales, hombre con inocultables manejos plenipotenciarios de su provincia; la crítica al médico devenido en dirigente obedece a la necesidad de “limar” a un posible adversario en la interna radical para presidente. Dicen los que dicen que saben, que Manes quiere ir por el premio mayor y no por el consuelo que representaría la gobernación de Buenos Aires.

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Para el PRO, la seguidilla declarativa de sus principales dirigentes radica en un doble motivo. El primero, puede definirse como coincidente con el de Morales. El segundo, trata de dar una señal al propio radicalismo respecto de quien ocupa el centro de la escena en la coalición opositora. Con todo, debe señalarse (otra vez) que Mauricio Macri sigue ejerciendo la jefatura de las fuerzas amarillas. Más allá de que en la semana se produjo algún atisbo larretiano de que está dispuesto a ir en la interna contra el mismísimo ex presidente, lo cierto es que la defensa (exagerada) de sus copartidarios define quién es la figura que sobresale del resto.

Todo ello no impide que el hijo de Franco no siga mostrando su verdadera personalidad. En España, en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad, (hermana mayor de nuestra conocida Fundación Libertad), y flanqueado por el inefable Mario Vargas Llosa y el rosarino Gerardo Bongiovani, no tuvo ningún prurito de calificar a la sociedad argentina como fracasada. Habló de setenta años de esa condición y uno no termina de discernir del todo cómo analiza al gobierno que supo conducir, presentando el récord regional de ser el primer presidente que estando a cargo del gobierno, pierde la elección en primera vuelta. Cosa de los egos.

Si en el oficialismo alguien supuso que resultaría una semana propicia para usufructuar políticamente las comidillas opositoras, rápidamente la realidad le devolvió un espejo donde mirarse. Más allá del buen recorrido que lleva el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados y de los indicadores que señalan un nuevo crecimiento de la economía para el mes de agosto; dos hechos pusieron límite a cierta perspectiva positiva. Ambos, condicionados por la violencia.

El primero, por lo sucedido en el sur, en Villa Mascardi, cerca de San Carlos de Bariloche, más precisamente con la represión cometida contra la comunidad Mapuche. Y el segundo, más cercano, con los hechos de La Plata, donde la represión policial desatada durante un partido de fútbol derivó en el fallecimiento de un hincha, hecho que tuvo inmediato rebote en el sistema político argentino.

Para el caso Mapuche cualquier análisis que pueda realizarse a la distancia presenta una triple dificultad en el abordaje: por la distancia física de los hechos, lo cual redunda en unos pocos medios que suelen dar cobertura (sesgada) a lo que allí acontece; por el condicionamiento ideológico de muchos protagonistas y por la existencia de distintos grupos territoriales que durante su gestión el macrismo se encargó de estigmatizar a los fines de justificar la represión que terminó en dos lamentables muertes: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Para complejizar el cuadro, se cuenta con una gobernación (la de Río Negro) que recurrentemente aboga por la ayuda del Estado nacional, que no se destaca por propiciar un diálogo sostenido con la comunidad y con una Justicia Federal que termina dictando medidas que violan los principios más elementales de los derechos y la empatía humana. Trasladar a un pequeño grupo de mujeres detenidas (4), a una cárcel federal en la provincia de Buenos Aires, sin más argumentación que la protección de su vida, se parece antes que nada a una provocación de quien más poder tiene, antes que a una decisión humanitaria. La decisión sabatina de parte de la misma jueza Silvina Domínguez de ordenar un nuevo traslado a Bariloche, luego de los distintos reclamos nacionales e internacionales, en nada modifica la violación original sobre los derechos de las detenidas.

La forma en que se llevaron adelante los operativos y la decisión del gobierno nacional de aceptar ciertas órdenes judiciales sin más recaudo que la no utilización de balas, generaron un evidente malestar político al interior del Frente de Todos. La más importante derivó en la renuncia de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, quien cuestionó en su carta de renuncia las acciones emprendidas desde la gestión de Aníbal Fernández. Si la ahora ex ministra, que encabezaba una gestión seriamente cuestionada por algunos espacios del feminismo, desgastada, aprovechó la oportunidad que le presentaban los hechos sureños para presentar la renuncia, es algo que sólo su conciencia lo sabe. Lo real y concreto es que terminó derivando en un nuevo problema político para el presidente Alberto Fernández.

Para el peronismo los problemas no terminaron allí. Los hechos acontecidos en la zona del estadio de Gimnasia y Esgrima de la Plata, con la represión policial y el posterior fallecimiento de un hincha producto de un paro cardíaco, dolorosamente, no representa ninguna novedad para quienes transitan las canchas del fútbol argentino.

El hecho, que no es muy distinto de lo que, históricamente, por ejemplo, ha realizado la policía santafesina, sobresale por múltiples factores: demuestra por enésima ocasión la nula capacidad operativa de algunas fuerzas de seguridad para resolver ciertos conflictos, afecta a la gestión de Axel Kicillof, quien está posicionado para intentar ser reelegido en 2023 y pone en cuestionamiento la figura de su ministro de Seguridad, el médico Sergio Berni, quien se ha caracterizado por bravuconadas y shows mediáticos que lo muestran como la peor de la representación que puede mostrar para sí el Frente de Todos, allí en la provincia más grande de la Argentina.

Que Berni haya llegado a esta altura de la gestión frentetodista, pareciéndose más a un provocador serial de sus propios (¿ex?) compañeros, antes que a un funcionario abnegado y comprometido con un trabajo de conjunto, sólo podía explicarse desde cierta eficacia a la hora de la conducción policial. Algunos, más audaces, insistían con la teoría que ese discurso y accionar que bordeaba un machirulismo congénito, era aceptado hasta ahora por su conducción política porque, supuestamente, interpelaba por derecha a cierto sector social que gusta de las bravuconadas del ex militar.

Pero cuando se debe responder por un muerto en un hecho deportivo, por el ataque a balazos a camarógrafos, por haber sostenido una represión con gases lacrimógenos durante 45 minutos que derivaron en la utilización de no menos de 400 cartuchos, o por tener que agradecer a la divina providencia que permitió que el estadio “tripero” no se haya convertido en un nuevo caso que emulara la Puerta 12 en pleno siglo XXI; sólo debería quedar la salida para el funcionario de turno. Si el gobernador/candidato lo sostiene, sólo pagará un innecesario mayor costo político.

Ninguna de las dos coaliciones logra consolidarse con cierta calma de cara a un 2023 que configurará un nuevo mapa político en la Argentina. Por momentos, ciertas disputas parecen reivindicar la idea del todos contra todos, sin importar los límites, los condicionantes y las posibilidades reales de gestión y de construcción política, según sea el caso. Nada parece firme y definitivo. Inestable. Como toda buena primavera que se precie.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez