Entre los vaivenes de las internas de los dos frentes políticos más importantes que existen a nivel nacional, lo cual se proyecta y afecta a múltiples ámbitos institucionales; las estrategias gubernamentales que tratan de poner dique a una inflación que no baja del 6% mensual y las novedades judiciales sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde una serie de decisiones parecen entorpecer cualquier atisbo que permita echar luz sobre los aportantes económicos y, tal vez, sobre los vínculos con cierta dirigencia política; en la semana se agregó el dato de una nueva acordada de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación que falló en contra de una decisión política tomada por el Senado confundiendo, otra vez, gordura con hinchazón, al meterse en un terreno que no le es propio y que activa, por enésima vez, un conflicto de poderes sobre el cual vale la pena poner cierta perspectiva analítica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
La Corte, en un escrito dispuesto por tres de sus cuatro integrantes, al fallar a favor de la demanda planteada por el senador Luis Juez, vuelve a meterse en arenas movedizas que no hacen más que aportar a su ya evidente desprestigio.
Brevemente recordemos el caso: en el mes de mayo, mientras se discutía la conformación del Consejo de la Magistratura, el oficialismo del Senado apostó por su división. El hecho sirvió para lograr la segunda minoría y de esa manera obtener un representante más en ese cuerpo colegiado. La estrategia que podrá discutirse de acuerdo al gusto de cada uno, pero que resulta definitivamente legítima en términos políticos, no era del todo nueva ya que, en pleno gobierno macrista, el legislador Pablo Tonelli, con la misma estrategia, resultó beneficiado con la partición del bloque de Juntos por el Cambio.
En su momento Luis Juez recurrió a distintas instancias judiciales que le negaron razón ya que, de acuerdo a lo interpretado por la primera y segunda instancia, la forma de elección de los consejeros que representaban al cuerpo legislativo, era exclusiva responsabilidad de éste último. La Corte viene a cuestionar esos fundamentos. Pero al hacerlo, como diría mi abuela, se mete, otra vez, en camisa de once varas, ya que para justificar los tres votos supremos recurre a una serie de artilugios que refieren más a una racionalidad que resulta propia del mundo del derecho, antes que de la dinámica política: impone fechas limitantes, plazos y acciones que deberían haberse cumplido y que refieren más a la formalidad de ciertos contratos antes que al libre juego de las mayorías y minorías.
Los cortesanos se meten, otra vez, en un terreno pantanoso donde toman decisiones que los exceden (ya lo habían hecho cuando repusieron una ley que había sido derogada legítimamente por el Congreso Nacional hacía 15 años) para el que, además, no están preparados y de yapa, crean un nuevo conflicto entre poderes que a nadie conviene, ya que al supuesto beneficiado, el cargo por el que realizó este malgasto de recursos judiciales, se le vence en escasos diez días. Más allá de su ambición desmedida de poder, con esta decisión, el trío Rossatti – Rosenkrantz – Maqueda agregan un nuevo capítulo al viejo fenómeno de dejar a la política sitiada por otros poderes fácticos y no fácticos en plena vigencia democrática.
El principal antecedente remonta a la década de los 90’, donde el dominio de la dimensión económica se extendía al conjunto de las relaciones sociales. El anclaje argumentativo en la Argentina, más allá de la oleada internacional, se fundaba en la crisis que impuso la primera hiperinflación de finales del gobierno de Raúl Alfonsín y en la segunda que atravesó los inicios del gobierno de Carlos Menem.
El mercado se hizo rey, nada podía discutirse por fuera de los límites que éste imponía, a riesgo de perder ciertos “beneficios” y, de alguna manera y por decisión propia, la política, se corrió del centro de la escena.
No hablamos de que no hubo discusión ni mucho menos, ya que la Argentina, por lo menos en lo formal, siguió resultando una sociedad democrática. Nos referimos a que el período se llenó de protagonistas que reivindicaban, justamente, la autolimitación de la actividad política frente a lo que resultaba inexorable y sagrado: la verdad que (supuestamente) imponen los números.
Con el fracaso del Consenso de Washington, la emergencia regional de renovadas ideas de las que Argentina no estuvo exenta y que el kirchnerismo interpretó como nadie, la política se animó a ir más allá de ciertos límites, estableciendo nuevos contratos sociales con comunidades que habían visto peligrar la paz social. En ese derrotero, las “nuevas izquierdas” supieron mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías a la vez que ganarse enemigos que, con el paso del tiempo, supieron desarrollar presencia en cada uno de los sistemas partidarios nacionales. Si para la primera década del siglo parecía imposible la re emergencia de ciertas ideas de derecha, la segunda ya confirmó algunos éxitos que se proyectan al presente.
Ese resurgir que hoy intenta convencernos sobre las ventajas de un individualismo extremo, camuflado de un falso emprendedurismo que nos permitiría construir una sociedad más justa, se montó sobre la recurrencia permanente a la judicialización de la política, donde las minorías que no toleraban los nuevos derechos que se iban consagrando en la vida social, interpelaban al Poder Judicial como reaseguro de que nada cambiara. En el caso argentino, desde lo más chico (Futbol para Todos, por ejemplo) a lo más grande (Ley de Servicios Audiovisuales, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Educación Sexual Integral y más acá en el tiempo Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), todo quedó sujeto a decisiones judiciales.
La voluntad de las mayorías, esas que se lograban con consenso, discusiones y el reflejo de múltiples matices que muestran las sociedades de nuestro tiempo, quedaban (y quedan) supeditada a la decisión de un señor o señora a los que nadie había (y ha) votado y que, además, insisto con la idea, están formados y formateados para entender de ciertos tecnicismos que supone un entramado legal pero muy poco para comprender la lógica de ciertas disputas. La política tiene una esencia autónoma, la cual permite ir por utopías con estrategias que el derecho no comprende ya que la razón de ser de éste, con la recurrencia a plazos y leyes escritas, termina resultando un acto limitante y, si se quiere, conservador.
La interpretación que imponen los cortesanos está plagada de argumentos desde la formalidad del derecho, las cuales son cuestionadas en este caso por el Frente de Todos pero que impone un doble riesgo. El primero, y que refiere al mediano plazo, se relaciona con que nada indica que el acuerdo tácito de hoy entre la oposición amarilla y los supremos, sea eterno. Por lo tanto, con condiciones cambiantes, algo que está en el ADN de la política, lo que hoy puede ser a favor, mañana puede ser en contra. El segundo, imaginado en el largo plazo, supone que la jurisprudencia que se está construyendo, podrá determinar en el futuro riesgos mayores. El hecho bochornoso que supone que el presidente de la Corte haya notificado al presidente del Consejo de la Magistratura (a la sazón la misma persona) de cesar en el cargo a un consejero para nombrar a otro, puede resultar un juego de niños comparado con los riesgos que supone para un sistema democrático, las veleidades de un funcionario que se pretende erigir como referencia insoslayable del constitucionalismo argentino.
Si por un momento, sólo un momento al decir de Vicentico, pudiéramos imaginar la solución a esta encerrona institucional la misma radicaría en dos lugares en los cuales la política, en el sentido más puro del término, sería protagonista.
La primera de ellas, impone la necesidad de remoción de esta Corte. Sobran los motivos para el juicio político de cada uno de sus integrantes pero, y esto cabe reconocerse, los “números” no están, ni lo estarán en el futuro inmediato.
La segunda, supone la posibilidad de construir nuevos acuerdos políticos que limite la recurrencia permanente a la judicialización de la política. En este caso, lo que no prevalece es un espíritu que imponga ciertas autolimitaciones. Con una derecha desbocada, que mira para otro lado en la investigación por un intento de magnicidio que roza a algunos de sus referentes, parece una ilusión de principiantes pretender acuerdos que requerirían de una madurez que no abunda.
Por este tiempo, el pesimismo manda. Otra vez, han encorsetado a la política. La intentan reducir a cierto institucionalismo formal y limitante disfrazado de un republicanismo de dudoso valor de Justicia. Ese que supone el sentido de vivir en comunidad.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
