Si resulta de manera inexorablemente cierto que la política tiene una dinámica tan autónoma que nos lleva a afirmar que en su lógica, muchas veces no aplican las reglas de las matemáticas para saber quiénes salen ganando o perdiendo de ciertos escenarios, no es menos real que, en términos políticos, la segunda semana de mayo no comenzó el día lunes sino el martes, cuando el conjunto de los argentinos conocimos la acordada que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y de San Juan. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un verdadero tembladeral que sorprendió, incluso, a sus más férreos defensores: no tanto por el contenido (materia absoluta y definitivamente discutible), sino por los tiempos que propiciaron la limitación de sanjuaninos y tucumanos de poder votar en este domingo 14 de mayo. En causas que tienen varios meses de tramitación, tomar una decisión apenas cinco días antes de un hecho tan importante, supone una provocación sin mayor sentido. Tal vez debamos pensar al hecho como una especie de dardos envenenados que funcionan como respuesta a un deterioro evidente en la legitimación cortesana. Acciones que tienen mucho de capricho y autodefensa con un buen ataque. Pasen y vean. Están todos y todas invitados.
Se había llegado al comienzo de la tarde del martes con dos hechos dignos de destacar. El primero refería a las declaraciones del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el marco de las reuniones de la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), en materia de política económica, donde se animó a plantear una serie de definiciones sobre el modelo de acumulación imperante, su relación con la Constitución Nacional y con la emisión monetaria. Lo interesante del asunto es que invocó el artículo 75, inciso 19, que refiere “a la defensa del valor de la moneda”, pero hay un detalle: todo ese articulado, corresponde a las atribuciones del Congreso y no a las del Poder Judicial. Parece que el hombre, de a poco, comienza a blanquear algunas intenciones de ser candidato o, vaya a saber uno, si cree estar por encima del propio legislativo.
El segundo hecho sucedió en el seno de la Comisión de Juicio Político que se sustancia en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando Héctor Marchi, el ex administrador de la Corte, denunció que el presidente del máximo tribunal podría haber negociado, a través de su mano derecha Sergio Robles, una sentencia que lo terminaba favoreciendo por contratos para la Cámara de Casación. Clientelismo vip con balanza adulterada y venda corrida.
Si un elefante en un bazar puede ser escondido con muchos elefantes en el mismo espacio, los escándalos institucionales que suponen que un juez opine sobre política monetaria a la vez que se conoce una denuncia sobre ciertas prácticas delictivas que habría desarrollado, nada mejor que propiciar una decisión que sacuda el escenario político argentino. Que en el camino se lleven puestas las decisiones institucionales de dos provincias y el derecho superior de votar de sus habitantes, termina siendo, para el trío con sede en el cuarto piso de la calle Talcahuano, un detalle menor.
Y aquí vale tener en cuenta que este tribunal se ve a sí mismo como un límite a los “excesos” de la vida social, económica y política de la Argentina. La gran pregunta es, en esta democracia que hemos sabido parir, dónde está el dique de contención a ese poder con resabios monárquicos que puede obturar, incluso, el más sagrado de los derechos civiles de una comunidad.
La respuesta no es sencilla por razones múltiples. En un sistema social complejo, con una sociedad dinámica compuesta por minorías políticas intensas, comienza a resultar dificultoso establecer algunos principios mínimos de cierta convivencia racional. El supuesto limitador, quien se cree con un destino manifiesto especial, con dudosa legitimidad de origen, comienza a ser severamente cuestionado por una parte no menor de ese entramado social.
Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se comporta como la estructura superior de conducción del partido judicial. Produce hechos políticos apalancados en cierta juridicidad y, desde el martes, parece no escatimar en recursos propios de las “chicanas” de la política que buena parte de la sociedad suele condenar.
No sólo cuestionaron la decisión suprema aquellos que están de un lado de la grieta: más allá de auto referenciación de Patricia Bullrich, no fueron pocos los constitucionalistas y comunicadores que mostraron sorpresa por el momento en el que se dictó la medida, como así también por no haber resuelto la cuestión de fondo, aquella que refiere a definir si Juan Manzur y Sergio Uñac quedaban o no habilitados para participar de los comicios. Frenar una elección legitimada por la institucionalidad de ambas provincias y dejar en suspenso la decisión final se parece más a un intento de daño cortoplacista que a la decisión de corregir aquello que pueda estar mal en las interpretaciones constitucionales de los protagonistas.
Las consecuencias políticas fueron variadas. Desde la celebración en modo de euforia de la dirigencia de Juntos por el Cambio, hasta el cuestionamiento vía redes de la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la utilización de la cadena nacional del presidente Alberto Fernández.
Pero la más notable redundó en la decisión del ex jefe de gabinete de declinar su candidatura a vice gobernador pidiendo a la vez, que el máximo tribunal levante la medida inicial por resultar abstracta. En el caso de San Juan, y a propio pedido de esta provincia, el máximo tribunal habilitó las elecciones a intendentes, diputados departamentales y miembros de los concejos deliberantes de los 19 departamentos.
Mientras que para los primeros la decisión final ya carece de sentido, para los segundos, donde el escenario político del oficialismo tiene algunas complejidades, ya que su gobernador había impuesto el sistema de lemas y, de alguna forma, necesita los votos de su opositor José Luis Gioja para prevalecer triunfador, lo que resuelva el trío Rosatti–Rosenkrantz–Maqueda, tendrá un definitivo peso en lo que pueda suceder en las tierras sanjuaninas.
En su momento, cuando desde un grupo de gobernadores se fantaseó con la idea de ampliar la CSJ hasta llegar al número de 25 integrantes, uno por provincia, para limitar la capacidad decisoria (muchas veces arbitrarias) de los actuales supremos, Sergio Uñac decidió no formar parte de esa movida porque sabía que tenía un reclamo pendiente en sede judicial. Se trataba de no agitar fantasmas para no recibir un vuelto no deseado. Su precaución parece no haber alcanzado, y sabrá la almohada del gobernador y sus allegados más cercanos si, efectivamente, se arrepintió de esa mesura.
La cautelar, además de caracterizarse por su falta de razonabilidad, también ha dejado señales (preocupantes) para el futuro. En un contexto donde el juicio político en Diputados cada vez demuestra más decididamente su acierto, con la bochornosa situación en la obra social de los judiciales y con los vínculos cada vez más expuestos con algunos sectores de la oposición amarilla, vale preguntarse (e imaginarse) hasta dónde estarán dispuestos a llegar los supremos. Lo dejamos al libre albedrío de nuestros fieles lectores y lectoras.
Y la otra pregunta/duda que nos gustaría dejar planteada es reconocer en qué medida, la cuestión “judicial” no representa una especie de síntesis del cúmulo de problemas que ha atravesado el oficialismo en estos 40 meses de gestión y que le han acarreado no pocas diferencias internas.
El Frente de Todos llegó al poder con un claro triunfo en primera vuelta electoral pero circunscripto a una situación legislativa institucional de empate, que lo ha condicionado en el día a día de la gestión pero, fundamentalmente, en todos aquellos temas que refieren a la posibilidad de realizar cambios que requieren de mayorías especiales. Como se dice en el barrio habitualmente, “no tiene los números”: Por nombrar sólo un par de casos: el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sigue el interinato impuesto desde los tiempos de Mauricio Macri, cuando éste supo imponer la salida de la Alejandra Gils Carbó (una funcionaria ejemplar) con métodos que fueron denunciados en su momento y junto con ello, esta misma Corte Suprema no ha podido completar el número de cinco para cubrir la vacancia que dejó la salida de Elena Highton de Nolasco.
En reiteradas ocasiones, como un mantra que se repite sin demasiada reflexión, en buena parte del oficialismo se abusa de una crítica interna que en el fondo no viene de la mano de propuestas superadoras. La referencia a la historia, a cómo se solucionaron diferencias de cierta institucionalidad en el pasado, a la permanente recurrencia de la idea de movilización popular como forma de presión, suponen un romanticismo más frustrante que esperanzador.
Si Néstor Kirchner pudo parir el famoso Decreto 222 que oxigenó la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; si Cristina Fernández de Kirchner pudo recuperar YPF y Aerolíneas Argentinas; promover la Ley de Servicios Audiovisuales; la Asignación Universal por Hijo o dar por concluido el nefasto capítulo de las AFJP, fue porque contaron con una base suficiente en el Congreso de la Nación y con una oposición desarticulada que no daba “pie con bola”. Esto no supone negar la importancia de la movilización, pero resulta justo recordar que en aquellos tiempos no existían pedidos masivos en las calles por ninguno de esos temas.
En un modelo constitucional como el que ha abrazado el peronismo en los últimos 20 años, la política transformadora, esa que queda en los anales de la historia, sólo puede realizarse contando con ciertas mayorías. En esta coyuntura, esas diferencias a favor, no existen. Por eso cobra un enorme valor el juicio político al máximo tribunal: porque, como comentáramos hace algunos meses atrás en este mismo espacio, el ejemplo de la demanda contra la corte adicta de Carlos Menem, no fue un proceso que se inició y se desarrolló de una sola vez, sino que tuvo un recorrido previo sobre el que Kirchner pudo activar políticamente de manera inequívoca.
En el devenir de estos días, esa comisión a veces ninguneada, a veces menospreciada y en otros casos desvalorizada, ha comenzado a demostrar que, desde cierta institucionalidad también pueden quedar expuestas situaciones bochornosas y hasta delictivas. Y desde ese lugar debemos entender los fallos del último martes, suspendiendo sendos comicios a escasos cinco días de su realización y que dejan la evidente marca de una encerrona política.
Va de suyo que estos actores con los que el oficialismo se enfrenta poseen una enorme capacidad de daño, al decir del juglar catalán más famoso, ya que “juegan con cosas que no tienen repuesto” y aunque por momentos, como en la vieja canción infantil, los elefantes parezcan balancearse sobre la tela de una araña y, creyendo que resiste, inviten a jugar a otros elefantes. Con el riesgo que ello conlleva.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez