El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que se siente obligado a "respetar las normas" y no debe ponerse a favor del alcalde progresista de Bogotá, Gustavo Petro, cesanteado del cargo e inhabilitado políticamente por una decisión de la Procuraduría General. El cese de Petro, titular del segundo cargo electivo más importante del país, después de la presidencia de la República, abrió una fuerte polémica y desató una ola de movilizaciones populares de defensa de la institucionalidad, ante lo que se considera un atropello antidemocrático perpetrado a través de un acto administrativo de una autoridad designada por el poder político.
El cese de Petro, titular del segundo cargo electivo más importante del país, después de la presidencia de la República, abrió una fuerte polémica y desató una ola de movilizaciones populares de defensa de la institucionalidad, ante lo que se considera un atropello antidemocrático perpetrado a través de un acto administrativo de una autoridad designada por el poder político.
Santos dijo que en este caso debe cumplir con la ley y no debe desacatar el fallo del procurador, el militante ultracatólico Alejandro Ordóñez, porque no debe inmiscuirse en las decisiones de una autoridad de la República, con lo cual pareció conferirle a la Procuraduría la jerarquía de un poder del Estado como los propios de las democracias occidentales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Petro considera que la decisión de Ordóñez no es más que un "golpe de Estado". Santos dice que "las decisiones de la justicia tienen que acatarse", pero Ordoñez no forma parte de la estructura judicial, el suyo es un cargo administrativo.
Pese a las repreguntas de los periodistas, el presidente sorprendió con la insistencia en su visión: "Lo que más me interesa es acatar la Constitución y obedecer lo que dicen las leyes y defender la institucionalidad. En estos casos, esa institucionalidad nos ofrece las vías para dirimir este tipo de conflictos. Mis asesores jurídicos coinciden en cuál es el margen de maniobra, y es poco", agregó, sin referirse a cuáles serían esos márgenes. La ley dice que el procurador puede destituir a un funcionario, pero los constitucionalistas sostienen que esto no es válido cuando se trata de un cargo electivo.
Antes de formular estas declaraciones Santos había recibido a Petro. El lunes lo había hecho con Ordóñez y el fiscal general, Eduardo Montealegre (este sí un alto cargo judicial), quien condenó la decisión del procurador y abrió una investigación contra él para establecer si, además de lo oscura de su decisión, cometió irregularidades en la causa Petro. El alcalde presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y una acción de tutela (amparo judicial) en un tribunal de Bogotá. Adicionalmente, a finales de este mes apelará el fallo ante la propia Procuraduría.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez
FUENTE: Infonews
