Un proyecto de reforma electoral que nació muerto. Veinte meses después y la demostración palmaria de un traje hecho a medida de algunos actores políticos. Las idas y venidad de algunos representantes y algo de lógica del derecho 

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Decíamos a finales de 2010, que el sistema de boleta única, si bien contaba con algunas virtudes, traería más perjuicios que beneficios. Si bien el voto aparecía como más claro y sencillo de entender, las consecuencias de su puesta en práctica nos "permitía dudar de su eficacia en el tiempo".

Efectivamente, la noche del 24 de julio de 2011, entre los festejos de la coalición triunfante en Santa Fe, Antonio Bonfatti no debe haber dejado de sentir un sabor agridulce en su boca ante la repetida derrota en el senado santafesino (al igual que en 2007) y ante el sorprendente triunfo pejotista en la Cámara de Diputados. Retenía el Poder Ejecutivo en sus manos pero no tendría el más mínimo control sobre la legislatura. Preso de esa circunstancia, dependía (y depende) de la razonabilidad de un desarticulado Partido Justicialista que le diera gobernabilidad a los cuatro años de gestión. El riesgo de una derrota legislativa era uno de los peores escenarios a imaginarse, y finalmente sucedió.

Pero más allá de las dudas iniciales, el sistema político santafesino se ha movido con una relativa estabilidad que combina dosis de responsabilidad política e institucional que ha permitido, más allá de las sanas diferencias, contar con un escenario de cierta previsibilidad.

Ahora bien, a la tarea cotidiana de la gestión no le alcanza con el buen diálogo y la armonía política para ser (o al menos parecer) efectiva. En una provincia acostumbrada a una relación muchísimo más fluida entre los poderes legislativo y ejecutivo, coincidentes en lo ideológico, entre otras razones, la circunstancia de ambos poderes con distinto signo político ha devenido en una serie de articulaciones que refleja una imagen de un ejecutivo lento y a contramano de muchas de las necesidades de sus votantes.

El proyecto de reforma electoral presentado a finales de la semana anterior en la legislatura santafesina, que cuenta con el aval del PRO y de un sector del FAP, refleja a las claras dos situaciones dignas de mención.

La primera de ellas es que si bien la ley sancionada goza de plena legitimidad política (el procedimiento para su sanción fue irreprochable), el pedido de reforma a menos de dos años de su puesta en práctica, demuestra a las claras que algo faltó en la construcción legitimante de ese marco legal. Por si no queda claro: la omisión de debate, la sanción a las apuradas sobre finales del año legislativo, la ausencia de aportes medulares de instituciones públicas y privadas, la falta de documentos consensuados al interior de los partidos políticos; suponen, más temprano que tarde, que ha existido una distancia no menor entre el deseo de unos cuantos dirigentes y sectores partidarios, y las efectivas necesidades del sistema político en su conjunto. Distancia que se trasunta en carencias que limitan seriamente las acciones partidarias a las ya de por sí debilitadas pequeñas estructuras político partidarias que le dan encarnadura.

Lo cual deviene, indefectiblemente, en el segundo elemento discordante a señalar: ¿quiénes son los intérpretes de darle razonabilidad, gobernabilidad y estabilidad al sistema? Si los supuestos aliados se enteran por los diarios de los proyectos sustanciales de reforma del régimen electoral, es legítimo preguntarse con quien articula, por ejemplo, políticas de gestión el gobernador. Si la distancia entre compañeros de ruta es tan grande que lleva a Santiago Mascheroni y asociados a sostener argumentos que se contraponen con lo deseado por la cabeza del poder ejecutivo provincial, pero encuentra un resquicio habilitante en la figura del ex gobernador Hermes Binner y, cual teoría de la tercera posición de mediados del siglo XX, Miguel Lifschitz aparece en escena con un sí pero no; es válido ahondar en el sentido de las construcciones políticas efectuadas y en los proyectos políticos prometidos.

Tal vez la respuesta no sea tan compleja: cuando una norma creada para regir la vida de varios lustros (por lo menos en los supuestos declamados) nace por el mero y mezquino interés de superar con éxito un proceso electoral a no menos de cinco meses de su realización, más temprano que tarde deberá ser reformado para corregir lo que, para quienes lo propiciaron, parecerían ser los "daños colaterales" de semejante audacia política.

Decíamos en diciembre de 2010 que la utilización de la boleta única tal y como estaba propuesta, generaría nuevos inconvenientes y limitaciones. La reforma de 5 boletas en 3, donde los cargos legislativos irían acompañados del cargo ejecutivo en disputa no hace más que confirmar que en la práctica política argentina, es muy grande la tentación de que los cargos plurinominales sean acompañados por figuras de peso que suelen encabezar las fórmulas ejecutivas. Cuestión de liderazgo que le dicen.

No queda del todo claro los motivos del cambio que se propone. Pero tal vez un viejo dicho nos aporte algo de claridad. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Analista político de la Fundación para la Integración Federal.

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