El intento de golpe de Estado en Ecuador. Los desencadenantes y el desarrollo de los acontecimientos. El rol de UNASUR y las razones que explican el fracaso del golpe.
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"No habrá perdón ni olvido", "Me sacarán cadáver o Presidente" vociferó Rafael Correa desde una de las ventanas del hospital policial en el que fue retenido por la fuerza, en medio de la crisis institucional que asoló a Ecuador a fines de la semana pasada, una crisis que ya ha sido calificada por actores internos y externos como un intento de golpe de Estado. Más tarde, el mandatario reafirmó estas declaraciones y lanzó acusaciones desde un balcón del Palacio de Carondelet, con la situación ya definida a favor del gobierno, pero sin que por ello la crisis pueda darse como resuelta.
Entre el 30 de septiembre y el 1º de octubre se sucedieron horas de gran tensión y dinamismo y son numerosas las acotaciones que se podrían hacer al respecto como para echar un poco de claridad sobre el complejo panorama político ecuatoriano resultante de estos hechos. Más allá de que algunos se esmeren en justificar que simplemente fuimos testigos de un mero intento de desestabilización, el interrogante sobre si se trató de un motín o un intento de golpe probablemente encontrará su respuesta en la segunda alternativa.
Los hechos acontecidos quizá nos aventuraron apresuradamente a remontarnos a la década del sesenta y setenta, época en la que los golpes de Estado impulsados por las fuerzas militares de nuestros países estaban a la orden del día. Tal comparación quizá nos haga pensar que, una vez más, se repite la historia. No obstante esto, es necesario poner matices en el análisis de la presente situación.
Algunos analistas como Rosendo Fraga prefieren afirmar que lo sucedido en Ecuador fue claramente un motín policial, generado más por motivos gremiales o sociales que políticos. Si bien es cierto que la situación acontecida tuvo como antesala las demandas salariales de las fuerzas policiales del país, los hechos que le siguieron a tal reclamo parecen dar cuenta de la intencionalidad de socavar al gobierno democráticamente electo mediante un plan orquestado metódicamente por grupos de poder y presión nacional, los que aprovecharon la situación de descontento para llevar adelante sus acciones.
Las protestas se centraron en el reclamo en contra de la supuesta reducción de remuneraciones a las fuerzas policiales y militares del país de acuerdo a la ley sancionada por la Asamblea Nacional Ecuatoriana (que es el órgano que ejerce el poder legislativo del gobierno de la República del Ecuador; una Asamblea unicameral actualmente conformada por 82 miembros y que tiene su sede en Quito) hace unos meses atrás. La Ley de Servicio Público eliminaba la bonificación equivalente a un salario extra que los militares y policías recibían hasta ahora tras quince años de servicio y de dos salarios, cinco años después. Pese a que el mencionado artículo 115 establece la compensación de tal pérdida, las quejas por parte de las fuerzas uniformadas determinaron que la Asamblea aprobara una excepción para la policía y los militares en relación al recorte de bonificaciones, la cual el Presidente Correa vetó. El miércoles pasado, 77 asambleístas se pronunciaron a favor de revocar ese veto presidencial, pero sin embargo no pudieron contar con los 83 votos necesarios para hacerlo. Este desenlace fue el que propició que la "ley de la discordia" propuesta por el gobierno nacional desatara las protestas que culminaron con los hechos ocurridos el fin de semana pasado (La rebelión policial se inició en el destacamento más grande de la capital, el Regimiento Quito número 1, que cuenta con al menos tres mil policías).
Pasado lo peor de la crisis, el gobierno ecuatoriano y el propio Correa tras su liberación en la madrugada del viernes aseveraron, entre otras cuestiones, que el espíritu de dicha ley apunta a corregir el desorden remunerativo en materia de recursos humanos que permita de ese modo regular, controlar y organizar de forma más equitativa las percepciones salariales de los diferentes empleados del servicio público nacional, pero a la vez reconozca las condiciones especiales de trabajo de algunos empleados, tales como las fuerzas policiales (de acuerdo al artículo 3 de dicha ley, el Ministerio de Relaciones Laborales fijará las escalas remunerativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando sus particularidades institucionales, no pudiendo exceder los máximos y mínimos establecidos por la ley) y en ningún modo a disminuir las percepciones salariales de las fuerzas ecuatorianas.
Remitiéndonos a la Ley de Servicio Público en cuestión encontramos que el tan citado artículo 115 de la misma sostiene que: "Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Servicio Activo que, por sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de la profesión militar y policial, no perciban todos los beneficios económicos por los conceptos prevista en esta Ley para las servidoras y servidores públicos, percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar, en base a la resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales para tal efecto".
El cotejo de los dichos del gobierno ecuatoriano con el articulo de la mencionada Ley nos lleva a pensar entonces que los hechos de ayer fueron propiciados en gran parte por la desinformación impulsada por sectores interesados en desarticular al gobierno popular actual. Rafael Correa es uno de los presidentes más populares y progresistas que ha tenido este país y cuyas medidas, centradas en reformas de tipo político y social, lo han llevado a enfrentarse con el poder económico y político conservador de Ecuador. En este contexto se inscribe la disputa entre Correa y algunos medios de comunicación, los cuales han adscripto las reformas sociales implementadas en el país andino desde 2007 a una voluntad de convertir a Ecuador en un clon del proyecto político-social llevado adelante por Hugo Chávez en Venezuela. Al respecto, debe recordarse la turbulenta discusión entre el oficialismo y las fuerzas opositoras de la nueva Ley de Medios, discusión que no ha quedado saldada y que, con la crisis reciente, probablemente tome nuevo impulso.
¿Por qué no logró concretarse el golpe? A diferencia de escenarios latinoamericanas anteriores de gran similitud, existen dos hechos a destacar en este caso, uno interno y uno sistémico.
Por un lado, pese a la "ausencia" de Rafael Correa de su cargo y los enfrentamientos violentos acontecidos fundamentalmente en Quito, los cuadros más altos del gobierno ecuatoriano se mantuvieron coherentes y firmes en sus cargos, resultando crucial el llamado al pueblo del Canciller Ricardo Patiño a mantenerse firme para evitar el avasallamiento de un gobierno electo democráticamente. Pese al temor reinante en las calles por la ausencia de fuerzas de seguridad, la resistencia popular se mantuvo inalterable. En este sentido, debemos destacar no sólo el alto nivel de popularidad de Correa, sino también la solidez de su gabinete que se mantuvo coherente pese a la ausencia del mandatario. De allí el acierto del llamado de Patiño a la militancia de base correísta, jugándose en el momento más difícil la carta más importante de que dispone la actual Administración.
Por otro lado, es necesario destacar una nueva demostración de eficacia por parte de UNASUR, organismo que de forma expedita se reunió a última hora del jueves y hasta bien entrada la madrugada del viernes, y cuya Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno resolvió - como expresa la Declaración de UNASUR - el rechazo a cualquier intento de desafío de la autoridad institucional ecuatoriana, el compromiso de adoptar medidas concretas en caso de quiebre del orden constitucional, el traslado inmediato de sus Cancilleres a la ciudad de Quito en signo de apoyo al Presidente Correa y el acuerdo para una próxima Cumbre el 26 de noviembre en la que se firmará un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR que establezca la Cláusula Democrática.
El Canciller de nuestro país, Héctor Timerman, antes de partir con destino al país andino, apuntó contra militares, empresarios y políticos en lo que denominó un intento de abrir camino al golpismo en Ecuador y advirtió que "ningún gobierno de la región está exento de ser desestabilizado", situación ante la cual UNASUR se ha plantado con firmeza para no permitir que una vez más sucedan hechos similares a los de Honduras.
Por otro lado, las acusaciones vertidas por Correa apuntaron al ex Presidente Lucio Gutiérrez, actual líder del partido Alianza Patriótica quien además está vinculado a los sectores más conservadores del país. El pasado militar de Gutiérrez ha ayudado especular sobre el acuerdo, al menos tácito, de algunos sectores de las Fuerzas Armadas en la asonada policial así como también los dichos del ex mandatario han reforzado la idea de su vinculación con el desenvolvimiento de los acontecimientos.
Gutiérrez representa una de las alas más duras del pensamiento conservador ecuatoriano; recientemente se autodenominó como un "dictócrata" - demócrata para el pueblo, dictador para el resto - y aseveró que el gobierno de Rafael Correa no es más que una "franquicia" del gobierno de Chávez. Asimismo, manifestó en una entrevista que los hechos acontecidos fueron parte de un intento oficial de sentar las condiciones para un autogolpe – similar al realizado por Fujimori en Perú en la década del noventa– aunque nada hace pensar en la veracidad de esto ultimo debido a que la propia Constitución de Ecuador contempla la posibilidad de disolución de la Asamblea, previa aprobación de la Corte Constitucional (de acuerdo al artículo 148 de la Ley Fundamental el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna).
Por lo demás, y habiéndose superado lo peor de la crisis, parece claro que no es sólo Correa quien se ha visto fortalecido, sino también el Ejército, el cual se ha asegurado una partida presupuestaria suplementaria que solvente el esquema de promociones y ascensos internos. En este escenario, todo parecería haber vuelto a una cierta normalidad.
Sin embargo, Rafael Correa deberá hacerse a la difícil tarea de sembrar una vocación de dialogo más profunda, incluso en instancias como esta, en un país que a lo largo de su historia ha obviado el uso de la palabra en la promoción de sus grandes cambios políticos. Este presidente, que hace algunos días parecía ver la fatídica historia ecuatoriana golpeando a las puertas del Palacio de Carondelet, deberá buscar el camino para que el gobierno abra los canales de diálogo con los sectores más refractarios a sus políticas, más allá del interés y el accionar de aquellos que se empecinan en abrir juegos conspirativos una vez más.
En tanto, mientras una vez más América resiste las embestidas de intereses sectoriales y conservadores contra gobiernos democráticos, el mandatario de Ecuador ha manifestado no perdonar ni olvidar los hechos recientes, lo cual quizá le permita fortalecer aún más los intersticios de su Administración, dada la fortaleza que ha demostrado tener su gobierno incluso en medio de la crisis. Asimismo, deberá ser más receptivo y diplomático en el manejo de sus diferencias con las fuerzas de seguridad que a partir de estos hechos ha llevado a varios analistas a ubicar a esta institución como un nuevo actor pasible de desestabilización, complicando aún más el panorama de las llamadas "nuevas amenazas" que la región enfrenta desde hace al menos 20 años.
(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal
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