El FMI vuelve a reclamar la revisión de las cuentas de la economía argentina. Pero el pasado reciente de su accionar, sus estruendosos fracasos en el cumplimiento de su misión y la recurrente apelación de recetas fracasadas debe servir de alerta permanente para impedir una vuelta a los peores días de nuestro pasado reciente.

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Hace algunos días atrás, el número 2 del FMI, John Lipsky, amenazó con aplicar posibles sanciones al país si la Argentina no acepta un monitoreo de su economía. Según el organismo, todo miembro tiene la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos de su Carta Constitutiva, y uno de ellos es justamente permitir la revisión de las cuentas públicas.

Recordemos que este tipo de auditorías financieras que reclama el organismo no se realizan en el país desde el 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló anticipadamente y en efectivo el total de su deuda con el FMI. Argentina no fue el único país que tomó esta decisión: Brasil ya lo había hecho antes.

Por su puesto, la respuesta del gobierno no tardó en llegar y desestimó las críticas del organismo alegando que el ente no es la organización precisamente más indicada para pedir una supervisión de la economía. Ni de la Argentina, ni de cualquier otro país.

El FMI fue creado en 1944 con el principal objetivo de evitar grandes depresiones económicas como la ocurrida en la década del 30. Evidentemente falló en prevenir la crisis mundial del 2008 (la mas grande desde 1930). Pero esta no sería la primera falla: omitieron detectar la crisis mexicana del 94, la del sudeste asiático, la rusa, la de Brasil, entre otras. Todas ellas con grandes efectos derrame en otros países. Las misiones técnicas que se enviaron a los países (como la que se le reclama a Argentina en este momento) fueron ineficientes en su tarea de pronosticarlas, a partir de los datos macroeconómicos obtenidos de las "imprescindibles" revisiones del Artículo 4.

El problema es que esta falta de eficacia del FMI obedece a un cambio primordial de su misión fundacional. De financiar los déficits de corto plazo en las balanzas de pago de los países miembro, pasó a convertirse en el agente de cobro de la deuda externa de los países en desarrollo, en representación de los intereses de los grandes capitales financieros privados. No es casual, en esta lógica, que el mencionado John Lipsky haya sido vicepresidente del banco JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión privados del mundo.

Ahora bien, para hilar mas fino en el tema, Argentina tiene la obligación de permitir el estudio evaluativo de sus cuentas porque así lo establece el artículo 4. El mismo dispone que los miembros deben aceptar una vez por año una revisión de su economía por parte del equipo técnico del organismo y de allí surgiría un informe integrado de las cuentas del país: nivel de desempleo, y proyecciones económicas. Esta información debería ser útil a los especialistas del Fondo para monitorear la economía internacional y anticiparse a eventuales crisis.

Sin embargo, el trasfondo de la cuestión no es si se aceptan o no las revisiones, sino cómo se realizan y sus consecuencias. Si bien el artículo 4 dispone un estudio de la situación de la economía del país, en realidad lo que el FMI hace es realizar una auditoría de las cuentas públicas. Es decir, no solo analiza, sino que también enumera una serie de recomendaciones de política económica de cumplimiento obligatorio, excediendo los límites del mencionado artículo.

Casualmente, estas políticas son siempre las mismas para todos los países en distintos momentos: flexibilización del mercado laboral, reducción de las indemnizaciones por despido, recortes del gasto público, etc. Todas de corte neoliberal y, por ende, de índole restrictivas. Estas políticas no hacen más que generar mayor desempleo, menor actividad económica y mayor conflictividad social, como bien ocurrió en Argentina en los ´90 y como está ocurriendo ahora en muchos países europeos en crisis, como España y Grecia que aplican las recetas del FMI. Y otros que se avienen a ellas como Francia y Gran Bretaña.

Por lo tanto, las misiones amparadas en los postulados del artículo 4 no son más que un camino para imponer lineamientos de política económica, transgrediendo la potestad soberana de los Estados de decidir el rumbo de su economía. La mayoría de los países latinoamericanos padecieron estos lineamientos durante décadas. Exigencias tales como achicar el Estado mediante privatizaciones de las empresas públicas; menor intervención estatal, disminuir el gasto público, etc.

Aunque en este punto hay que advertir que el FMI también logró tener mucha influencia gracias a los sectores del establishment local. Tenían apoyo de ciertos grupos de poder, incluidos los mediáticos. A la hora de la elaboración de informes los técnicos absorbían opiniones de economistas, empresarios, políticos conservadores, cámaras patronales, sectores financieros, etc. que crecían gracias a las recetas neoliberales promovidas por el FMI. A partir del 2006, luego del pago de toda la deuda con el Fondo, Argentina decidió no volver a someterse a sus misiones técnicas y todos estos sectores perdieron un protector de sus intereses.

Hoy, cuando la crisis de la economía mundial, evoluciona hacia una disputa global sobre cómo fijar los tipos de cambio para desacelerar el crecimiento de los superávits comerciales de los países emergentes, el Fondo vuelve a la carga pidiendo el enfriamiento de la economía de estos países, en aras de que los mencionados superávits mermen su evolución. Para ello, nuevamente, apela a su recetario tradicional: reducción del gasto, apreciación de la moneda, etc., etc.

Es por todo esto, que la Argentina no debe dejar de prestarle atención a estas cíclicas apariciones del Fondo. Sea porque responde a los intereses del establishment local, o porque lo hace en nombre de los de los capitales financieros internacionales. El costo de no estar pendiente de estos movimientos, es volver atrás el reloj de la historia.

(*) Licenciada en Economía. Economista de la Fundación para la Integración Federal

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