Todavía resuena en la memoria aquel slogan acuñado por un grupo de avezados periodistas críticos del gobierno por medio del cual pedían, apiñados en una tribuna cual hinchas de futbol, que el gobierno brinde conferencias de prensa a agenda abierta.

Aún hoy se los escucha habitualmente machacar en contra de los intentos de “coartar la libertad de prensa” a la que están siendo sometidos desde un gobierno que intenta “monopolizar el poder”.

No sólo se brindan conferencias de prensa cuando hay obligación, sino que además se limita enormemente el número de preguntas.

Sería de gran interés saber qué opinan hoy esos periodistas respecto de la capacidad de preguntar y de la libertad de prensa si se detienen a observar lo que ocurre en España cuando el jefe de gobierno, el tambaleante Mariano Rajoy, se ve en la obligación de brindar una conferencia de prensa.

Conocida es la crisis política que atraviesa el gobierno de Rajoy por la denuncia que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, realizó ante la Audiencia Nacional en la cual afirmó que el presidente recibió dinero en negro como pago de sobresueldos. En ese contexto, y ante la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tusk, Rajoy se vio obligado a brindar una conferencia de prensa conjunta. En ese marco, el diario El País hizo en su edición impresa del 16 de junio un comentario sobre cómo se manejó dicha conferencia de prensa en estos términos:

“…era la primera reacción oficial de Mariano Rajoy a las últimas revelaciones de su ex tesorero […] Rajoy se niega a hacer ruedas de prensa que no sean las obligadas [cursivas propias] y esta lo era porque había cumbre bilateral con Polonia”. Primer dato destacado: la seria democracia española (tal cual la calificó el propio Rajoy desde que gran parte del arco político español comenzó a pedir su renuncia) no acepta conferencias de prensa que no sean obligatorias, como en ocasión de una reunión bilateral. ¿Dónde está el derecho a preguntar y la libertad de prensa contemplados allí?

Pero el asunto no termina ahí. Más adelante se afirma: “La Moncloa [la sede del gobierno español] limita muchísimo las preguntas y sólo permite dos de periodistas españoles y dos del país visitante [cursivas propias]. Así que los informadores se ven obligados a pactar entre ellos quién pregunta y qué se pregunta. Se debate entre todos e incluso se hace una redacción común. Es la única manera posible, dadas las limitaciones. Se hace en España y en otros países [cursivas propias]”.

Otro dato destacado: no sólo se brindan conferencias de prensa cuando hay obligación, sino que además se limita enormemente el número de preguntas. Bajo ese esquema, hay cero posibilidades de ahondar en cualquier tema y esta dinámica obliga a la prensa a pautar entre los representantes de los medios quién realizará las preguntas y qué preguntará. Nuevamente, ¿dónde está contemplado el derecho a preguntar?

Pero lo que sorprende (¿sorprende?) todavía más es que los medios acepten estas reglas del juego como algo natural. Aceptan las limitaciones y se acomodan a ellas. Hasta tal punto es así que, y vaya aquí un nuevo dato destacado: ¡¡afirman sin escandalizarse que esto se hace tanto en España como en otros países!! ¿Estamos hablando de la misma libertad de prensa que pregonan los medios aquí?

Sería interesante comparar a cuántas preguntas ha respondido el gobierno de España en relación con el argentino, cuán accesible es Mariano Rajoy en comparación con la presidenta Cristina Fernández en circunstancias similares como una cumbre internacional o una reunión bilateral.

Y si aún resta espacio para la sorpresa, el diario El País no publica esta nota como una denuncia hacia esta práctica, sino como una crítica al hecho de que el gobierno haya “violado” esta dinámica: “La Moncloa se salió del pacto. Se había acordado [entre los medios] que preguntaran el diario el Mundo y la agencia EFE. Y Rajoy, sin previo aviso, le dio la palabra al diario ABC, que levantó la mano sin respetar el acuerdo”.

En resumidas cuentas, el gobierno español no sólo no brinda conferencias de prensa de acuerdo al gusto y capricho de los medios sino que además, cuando se ve obligado a hacerlo, restringe severamente la cantidad de preguntas. Encima de eso, en esta oportunidad, cuando el país atraviesa una profunda crisis política, el gobierno viola el acuerdo tácito respecto de quién formula las preguntas en aras de evitar cualquier episodio no deseado frente a la prensa. Lo que se dice un canto al derecho a preguntar, a la libertad de prensa e información que tanto preocupa a los periodistas que aún hoy miran a España como un espejo en el que nuestro país debería reflejarse. Sería interesante comparar a cuántas preguntas ha respondido el gobierno de España en relación con el argentino, cuán accesible es Mariano Rajoy en comparación con la presidenta Cristina Fernández en circunstancias similares como una cumbre internacional o una reunión bilateral.

El derecho a preguntar no es una licencia al capricho de los medios concentrados que pretenden no una conferencia de prensa honesta sino, casi, oficiar de fiscales y jueces de una opinión pública de la cual creen ser los representantes exclusivos. 

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal