CRÓNICAS DE UN GOLPE
El 15 de junio de 2012 caían abatidos en Curuguaty (departamento de Canindeyú) 6 policías y 11 campesinos paraguayos en un hecho confuso de toma de tierras. En un país donde el 85% de las mismas pertenecen a tan solo un 2% de la población, la asfixiante desesperación de los campesinos de tener una parcela para trabajar encontró lecho de muerte en manos de la “autoridad” policial del Estado.
Los sucesos de Curuguaty serían explotados política y oportunistamente por los opositores de Lugo para demandar su remoción en el cargo. El Partido Liberal, que provenía de la endeble alianza con el Frente Guazú del entonces presidente, se unió con el Partido Colorado en la oposición, a fin de remover a Lugo del Palacio de López, la casa de gobierno presidencial. Liberales y colorados, históricos adversarios, hacían de lado sus diferencias y se unían para ejercer gravitación sobre la gobernabilidad del Ejecutivo guaraní.
Las élites político-económicas que estaban enquistadas en los dos tradicionales partidos políticos, vieron en Lugo una figura funcional a las reivindicaciones campesinas que, pese a su desorganización, jaqueaban el histórico monopolio de la tierra por parte de las familias acomodadas de Asunción. Curuguaty parecía el motivo perfecto para acusar al presidente de “promover invasiones violentas” de la tierra, como aclamaba el entonces dirigente opositor colorado Horacio Cartes en ese momento.
Las élites político-económicas que estaban enquistadas en los dos tradicionales partidos políticos, vieron en Lugo una figura funcional a las reivindicaciones campesinas que, pese a su desorganización, jaqueaban el histórico monopolio de la tierra por parte de las familias acomodadas de Asunción.
Por otra parte, los liberales hacían cálculos propios. A 9 meses de las elecciones a presidente, el liberal Federico Franco, en su calidad de vicepresidente, podría suceder a Lugo y acceder a la poderosa maquinaria estatal para contar con mayores oportunidades de ganar las futuras elecciones. Después 60 años de monopolio estatal colorado, los liberales vieron la oportunidad para hacerse con el poder aprovechando el intervalo político desde la irrupción de Lugo en 2008. Pronto se alinearon a la ofensiva colorada por responsabilizar al presidente por los hechos en Curuguaty.
Liberales y colorados se encontraron en el Senado. Con sus 39 votos a favor del juicio político al primer mandatario frente a 4 votos en contra del Frente Guazú y dos abstenciones, se abría así una crisis política de magnitud regional.
Con casi una carilla de hoja de extensión, se presentaron “pruebas” del mal desempeño de Lugo y su responsabilidad por la masacre en Curuguaty. A una semana de los sucesos trágicos y sin tener un informe pericial o tan siquiera una idea clara de lo que allí había sucedido, se inició un juicio político sin sustento para cargar contra el presidente. Con escasas dos horas para preparar su defensa, los abogados de Lugo presentaron sólidos fundamentos jurídicos, que de nada sirvieron para incidir en la sentencia ya tomada de destituir al presidente.
A todas luces quedaba de manifiesto la falta de garantías procesales en el juicio. En un sistema presidencialista como el paraguayo, en donde el Parlamento no detenta la atribución de “retirarle el apoyo” al presidente como en los sistemas parlamentarios, el juicio político a Lugo debía contar con formas y contenidos para tamaño acto. Sin pruebas sólidas (contenido) y no respetándose el debido proceso en el juicio (forma), se viciaba de sentido al proceso de destitución y se hería de muerte al Estado de Derecho paraguayo.
En cuestión de horas, se expulsaba del poder a un mandatario electo por su pueblo. Poco tenía de solvencia jurídica el juicio político para deponer al presidente más que como anécdota amarga de una historia democrática en vilo.
Paraguay fue testigo de un golpe de Estado velado. Se teñía de “legalidad” la expulsión de Fernando Lugo para evitar las consecuencias que hubiese tenido un golpe de Estado a la manera tradicional. Sus formas menos virulentas y la ficticia legitimidad provista por el Senado, le daba apariencia constitucional al conspirativo proceso.
La decisión de Lugo, de someterse al disfrazado juicio, también contribuyó a minar su poder. Su partido político, Frente Guazú, de reciente creación en 2010, poco pudo hacer por respaldar políticamente a su líder. La falta de soluciones a la compleja trama de la tierra también le valdría al mandatario la indiferencia del campesinado, que se mantendría apartado de los sucesos.
Con el fallo en su contra, a Lugo no le quedaría otra opción más que acatar el traidor veredicto. Sin sustento político, la última decisión del ex obispo en el cargo de presidente, sería de no movilizar de lleno a la población urbana adherente contra el nuevo gobierno y de esta manera evitar cualquier derramamiento de sangre. Con Lugo se fugaba toda esperanza de cambio real en la política paraguaya.
PARAGUAY Y LA REGIÓN
Los países de la región asistieron atentos a los irregulares sucesos en Paraguay. A la noticia de la destitución de Lugo, los países del bloque MERCOSUR, del cual Paraguay constituía un miembro fundador, activaban de inmediato una reunión de consulta para tomar medidas sobre el asunto. Argentina, Brasil y Uruguay combinaron fuerzas para invocar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, vinculante entre los miembros del MERCOSUR, y decidían suspender al Paraguay del bloque regional. Similar decisión tomaba un día después el bloque UNASUR. De manera unánime y sin estancarse en las diferencias ideológicas existentes entre sus miembros, éstos decidieron firmes y de manera unánime suspender al Paraguay hasta tanto no se restableciese el orden constitucional. Se puso fin a su presidencia pro tempore y se concedió el turno adelantado al Perú de Ollanta Humala.
En cuestión de horas, se expulsaba del poder a un mandatario electo por su pueblo. Poco tenía de solvencia jurídica el juicio político para deponer al presidente más que como anécdota amarga de una historia democrática en vilo.
Otro de los organismos regionales que se involucró en la cuestión paraguaya fue la Organización de Estados Americanos (OEA). Su presidente José Miguel Insulza, envió observadores para examinar la situación y a contramano del MERCOSUR y de la UNASUR, no se decidió por suspender al Paraguay del bloque. Con ello, marcaba una fuerte distancia con el amplio consenso latinoamericano imperante. Si advertimos que la última expulsión dentro del bloque americano fue la de Cuba comunista en 1962, evidente sería señalar el claro declive de la organización como legítimo instrumento regional. La óptica pro-norteamericana imperante en la OEA y su voluntad de hacer “vista gorda” a la ruptura constitucional en Paraguay, marcaría un detalle más de su incesante deterioro como organización aglutinadora de consensos entre los países latinoamericanos.
Un Paraguay políticamente aislado poco podía hacer frente a tal consenso regional sobre su irregular situación. Quedaba claro a los ojos de los países sudamericanos el golpe de Estado encubierto que había expulsado a Lugo. Se hacía odiosa y real la comparación con el golpe de Estado en Honduras (2009). El miedo a un “efecto dominó” sobre la región fue hábilmente neutralizado principalmente por Brasil y la Argentina, condenando el proceder de Asunción.
¿QUÉ NOS QUEDA POR ESPERAR?
Con las elecciones presidenciales en Paraguay y la victoria del empresario colorado Horacio Cartes, se complejiza aún más el escenario político paraguayo, y con él, su previsibilidad.
El progresismo paraguayo no se pudo recuperar del golpe recibido por los colorados y liberales. De esta manera, poca resistencia pudieron ofrecer en las últimas presidenciales, que los encontró fragmentados y sin recursos. Con Fernando Lugo imposibilitado de aspirar a un segundo mandato (la Constitución no lo permite), sólo se tuvieron que conformar con un distante tercer puesto.
El conservador y latifundista Horacio Cartes ganaba las elecciones sin atender a las denuncias por irregulares negocios vinculados al narcotráfico y el contrabando. En su campaña, se mostró a favor de volver a participar del MERCOSUR y de reinsertarse en el concierto sudamericano. Cartes sabía muy bien que por la condición de mediterraneidad del Paraguay y de tener a sus principales socios comerciales dentro del bloque, no le convenía autoaislarse. Pero la dificultad aparecía por otro lado. El problema aparecería en torno a lo ideológico.
A la suspensión de Paraguay en el MERCOSUR, sus miembros adhirieron automáticamente a Venezuela. En efecto, el mismo Senado paraguayo que expulsó a Lugo en el poder, frenaba la incorporación de Venezuela en el bloque. Si bien todos los miembros ratificaron el Protocolo de Adhesión de Venezuela en el 2006, el Senado paraguayo lo frenaba en virtud de que allí no se “respetaba la democracia”. ¡Vaya paradoja!
A Horacio Cartes le quedará la difícil tarea de mediar entre el conservadurismo acérrimo de su fuerza política y la necesidad imperiosa de reencauzar las relaciones políticas con el exterior. De él dependerá adaptar el rechazo ideológico que los colorados sienten por la revolución bolivariana, con la posibilidad de reincorporarse al MERCOSUR. Donde, sumado a lo anterior, Caracas detenta la actual presidencia pro tempore.
Pese a nuevos altisonantes anuncios de Cartes de que no ingresará al Mercosur a menos que se “respete la dignidad de Paraguay”, éstas declaraciones deben ser entendidas en función de sus necesidades domésticas. En definitiva, en función de otorgarse legitimidad dentro del propio partido cuando decida ineludiblemente reincorporarse al MERCOSUR. Cartes está armando su coartada personal para legitimar internamente lo que forzosamente deberá aceptar externamente.
Poco se podrá esperar de cambios estructurales en el interior de Paraguay. La elección de un presidente que detenta incalculables fincas de tierras no parece avizorar una mejor distribución de la propiedad, ni mucho menos una necesaria reforma agraria.
La esperanza del progresismo paraguayo parece reposar en la fragmentada participación de partidos de izquierda en las instituciones del Estado, los que representan en su conjunto, la débil segunda minoría en las diferentes cámaras, de acuerdo a los resultados de las pasadas elecciones. No obstante, la conformación netamente urbana de estos partidos de izquierda, la hará indiferente al grueso del campesinado paraguayo. Con una numerosa población rural en el país guaraní, de estos partidos dependerá conformar los lazos necesarios para tejer una nueva oportunidad real de cambio.
Sin los sectores rurales, el progresismo partidocrático no tendrá la base para catapultar verdaderos cambios. Sin los partidos políticos, al campesinado sólo le quedará resistir la dolorosa embestida latifundista o actuar por fuera del sistema con nuevas ocupaciones forzosas de tierras hasta incluso llegar a avalar acciones guerrilleras que invoca el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
A la pregunta de ¿qué nos queda por esperar? en el plano externo solo se puede advertir la reincorporación de Paraguay al sistema mercosureño y suramericano. Con cambios más o cambios menos, el resultado será el mismo y su reingreso será un hecho. En el plano interno, nada parece claro, pero tampoco nada parece alentador.
(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal
