A un año de su asunción, el gobierno de Juan Manuel Santos parece consolidarse tanto en el plano interno como regional. Sin embargo, la búsqueda de una identidad distintiva que lo diferencie de la gestión de Alvaro Uribe implicará, a mediano plazo, enfrentar los desafíos de una agenda compleja que requiere de nuevas herramientas.

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El pasado 7 de agosto se cumplió el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos. Hacer un balance de estos doce meses requiere, en primer término, marcar continuidades y rupturas de su gestión con respecto a la de su antecesor Álvaro Uribe, y en segundo término, destacar los puntos más sobresalientes de su política y los desafíos que deberá encarar en los tres años por venir.

Santos estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Uribe y fue designado como su sucesor, dado que la Constitución colombiana le impedía a Uribe un tercer mandato. Todo parecía indicar que su gestión estaría marcada por una continuidad de los lineamientos que habían sido trazados por ocho años de gobierno uribista. Sin embargo, mientras en el plano interno no ha habido mayores sorpresas, el giro inesperado de su política exterior merece un tratamiento especial. Asimismo, se debe destacar que los mayores logros de Santos se han producido en aquellas áreas en las que ha estado dispuesto a encarar transformaciones profundas.

Los éxitos del primer año

La política exterior de Santos puede ubicarse dentro de los éxitos de su primer año de gestión. Destaca en primer lugar el giro hacia América Latina y fundamentalmente hacia el Cono Sur tras años de distanciamiento, marcados sobre el final del Gobierno de Uribe por la ruptura de relaciones diplomáticas con dos países vecinos (Venezuela y Ecuador).

La primera señal del cambio de rumbo fue la designación como Canciller de María Ángela Holguín, quien había estado al frente de la Embajada en Venezuela cuando Colombia aún mantenía buenas relaciones con su país vecino, y que dejó en claro sus diferencias con la administración de Uribe al renunciar a la embajada en la ONU y no aceptar la representación en Francia. Holguín jugó un papel central en la primera medida de política exterior de Santos: la recomposición de las relaciones diplomáticas con Venezuela. El 10 de agosto del 2010, y gracias a la mediación del entonces Secretario de la UNASUR Néstor Kirchner, Santos y Chávez tuvieron un encuentro cumbre en la ciudad de Santa Marta (Colombia), en el cual dieron por terminadas las disputas nacidas en el período uribista y sellaron una serie de acuerdos con el fin de consolidar los lazos entre los dos países.

La Canciller colombiana también tuvo un rol central en la estrategia de acercamiento a Ecuador. Fue ella en persona quien entregó la invitación a la toma de posesión de Santos al Presidente Rafael Correa, quien en un gesto de buena voluntad viajó a Bogotá para la ceremonia. Ya como Presidente, Santos cumplió con las demandas de Ecuador entregando la copia espejo de las computadoras de los guerrilleros que fueron halladas tras el bombardeo de territorio ecuatoriano en 2008 y que motivó la ruptura de las relaciones. Tras este gesto, las Cancillerías de ambos países retomaron la agenda bilateral en vistas de normalizar las relaciones, lo que finalmente se concretó el 26 de noviembre de 2010 cuando, en el marco de una Cumbre de la UNASUR, Santos y Correa anunciaron el restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre ambos países.

La normalización de las relaciones con sus dos países vecinos era una condición indispensable para que Colombia saliera del aislamiento regional en el que se encontraba y pudiera restablecerse en el concierto sudamericano como actor protagónico y no como el invitado incómodo en el que se había convertido durante la presidencia de Uribe.

Pero además, un cambio importante ha sido lo que podría denominarse como la des-securitización de su agenda externa. Se trata de un replanteo de su política exterior en clave realista y en el que prima el pragmatismo, marcando una distancia notable con la estrategia de Uribe de posicionar el conflicto interno colombiano como eje de sus vinculaciones con el exterior. Estos cambios quizás llegan a destiempo en una región que se viene transformando desde hace una década, pero se producen en un momento de grandes cambios a nivel mundial, lo que permite sostener que Santos ha sabido leer la realidad internacional y ajustar su estrategia de relacionamiento externo de manera adecuada a los tiempos que corren.

A sólo un año de comenzado su gobierno, Santos ha logrado reconectar a Colombia en los asuntos regionales, asumiendo un rol activo y hasta liderando iniciativas en el marco de la UNASUR (como la reciente propuesta de consensuar medidas para blindar a la región de la crisis internacional), fortaleciendo los lazos con países como Chile y Perú, así como impulsando un mayor acercamiento con Brasil y Argentina. En reciprocidad, Colombia ha recibido un reconocimiento a su nueva política con la elección de la ex canciller María Emma Mejía como Secretaria General de la UNASUR. Asimismo, en el marco de la ONU, Santos logró el apoyo de la región para ocupar el puesto rotativo en el Consejo de Seguridad para el período 2011-2012.

Acompañando el giro en sus relaciones con Sudamérica, Santos también ha impulsado una política de mayor presencia en el área del Caribe así como una diversificación de las relaciones diplomáticas de Colombia, principalmente con países de Asia y Europa. Con ello también ha logrado una mayor independencia con respecto a los Estados Unidos (aunque éste sigue siendo su aliado de mayor peso). Asimismo, Santos ha procurado ampliar las áreas de vinculación con Washington tras años de una agenda dominada por el narcotráfico y la seguridad militar.

Una muestra de ello fue el “Diálogo de Alto Nivel entre Socios”, realizado en octubre del año pasado, en el que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos centraron el trabajo conjunto en tres áreas temáticas: buen gobierno, democracia y derechos humanos, energía, ciencia y tecnología. De todas formas, Estados Unidos seguirá siendo un aliado central en materia de seguridad y cooperación militar, así como el socio principal en el área comercial y de inversiones.

Santos también ha logrado avances en el plano interno, lo que explica que al cumplirse un año de su gobierno mantenga un índice de popularidad mayor al 70%. En primer lugar, ha logrado un verdadero gobierno de unidad nacional, que con una coalición entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, le permitió controlar desde el inicio de su mandato el 80% del Senado y el 87% de la Cámara de Representantes. Y desde julio de este año ha logrado sumar adhesiones y controlar el 95% del Congreso, donde sólo un partido permanece como oposición al Gobierno de Santos: el Polo Democrático. Esta unión con otras fuerzas políticas le ha permitido a su vez desarrollar importantes iniciativas en el plano legislativo como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y el Estatuto Anticorrupción.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es considerada una de las normativas más importantes de los últimos años ya que es un complemento indispensable a la política de seguridad, desde un plano socio-económico. Tiene por objeto reparar a las dos millones de víctimas del conflicto armado interno y restituir a los desplazados dos millones de hectáreas de tierras. Por su parte, la lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas del gobierno de Santos en un intento por distanciarse de una de las peores herencias que recibió de Uribe. El Estatuto Anticorrupción busca contrarrestar y castigar severamente el saqueo de las arcas estatales y ha sido el propio gobierno el que ya ha destapado varios escándalos de corrupción.

En el área de la seguridad, Santos también comenzó su gobierno con una buena imagen cuando en septiembre del año pasado asestó un duro golpe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el bombardeo en el que murió Víctor Julio Suárez, uno de sus jefes militares, más conocido como el “Mono Jojoy”. Asimismo la ofensiva de las fuerzas militares y policiales logró neutralizar (entre muertos en combate y desmovilizados) a 3.411 miembros de las FARC, 502 miembros del ELN y a 3.726 de las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Y a lo largo de 2010 se logró el menor índice de cultivos ilícitos y de cocaína producida en el país desde que se tienen registros.

Además, en este primer año de Gobierno disminuyeron los homicidios comunes en un 7% respecto del período anterior y, gracias a ello, el 2011 podría convertirse en el año con menos homicidios en por lo menos 23 años en Colombia; el secuestro extorsivo se redujo en un 10%, las lesiones comunes en un 6%, el hurto en un 5% y la piratería terrestre en un 14%. Todos estos avances en materia de Seguridad se dan en el marco de la denominada “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad” que, si bien no implica modificaciones en el plano de la Política de Seguridad Democrática, si asume la seguridad desde una perspectiva más amplia, entendiendo la necesidad de una presencia integral del Estado, a través de instituciones civiles, servicios básicos e infraestructura.

Asimismo, Santos ha planteado una política de legitimidad que apunta a lograr un riguroso respeto por los derechos humanos, fundamentalmente por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Y, en el plano socioeconómico se proyectan programas que apuntan a reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad, cuyos elevados índices pueden explicar en parte el nacimiento y la expansión de actividades delictivas.

Tareas pendientes y desafíos

El área en la que Santos deberá concentrar mayores esfuerzos es justamente aquella que ha dominado la agenda política de Colombia desde hace al menos cuatro décadas: seguridad y defensa. En este sentido, el reto del actual Presidente es lograr avances en materia de seguridad pero evitar que su gestión se vea dominada por esta cuestión y, a su vez, continuar imprimiendo un cambio en la perspectiva militarista que hegemonizó la administración de Uribe.

Si bien una de las herencias del período uribista ha sido el relativo éxito en la lucha contra las FARC, el conflicto armado interno se ha complejizado. Santos también ha logrado en un año importantes avances. Sin embargo, la mayor crítica de los colombianos a su gestión se concentra en esta temática. La sensación de inseguridad se explica por la expansión de las actividades delictivas de las BACRIM, que han sido catalogadas como sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la actualidad estas bandas son las responsables del 90% de las acciones delictivas del país.

En este contexto, los retos para los próximos tres años serán lograr una reducción en aquellos delitos que se han incrementado de acuerdo a las cifras que ofrece el propio gobierno, como el homicidio colectivo (que creció un 4%) y el terrorismo (cuyo índice se elevó en un 3%). Asimismo, desde el Estado se deberán profundizar las acciones para enfrentar delitos que, si bien han disminuido, continúan siendo una amenaza para la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad institucional, como es el caso de las acciones subversivas y la extorsión.

Por otra parte, Santos debería revisar su estrategia con respecto a las FARC y ofrecer mejores perspectivas para encontrar una solución negociada. Para ello se debería relegar la vía militar a un segundo plano y reconocer a estos grupos como insurgentes, aunque de momento esto no aparece como una alternativa que el Gobierno esté contemplando.

El Gobierno de Santos ha tomado nota de las demandas de la sociedad colombiana, así como de algunas de las fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno, lo que se ha traducido en dos medidas concretas. La primera ha sido el anuncio del presidente de revisar el esquema de control territorial para adaptar las estrategias militares a las nuevas formas de operar de las FARC que, gravemente heridas por el avance del Estado, han recurrido a prácticas de sobrevivencia, afectando la seguridad principalmente en zonas rurales. En este sentido, el incremento registrado en el índice de secuestros extorsivos se explica por la necesidad de las FARC de obtener financiamiento por esta vía, ya que han sido desplazadas de las zonas de producción y tráfico de drogas.

En segundo lugar, el pasado 31 de agosto se produjo la renuncia del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Lo que pareció un anuncio inesperado fue en realidad una medida necesaria para encarar los próximos tres años de gobierno. Si bien Rivera ha manifestado que su dimisión obedece a razones personales, el cambio en esta cartera podría explicarse mejor como una respuesta a las demandas de la sociedad colombiana, así como a ciertos sectores que conforman el gobierno, tales como el Partido Conservador, con quienes desde hace tiempo se registran tensiones por sus críticas a la gestión del Ministro.

De hecho, algunos analistas colombianos sugieren la posibilidad de que en el corto plazo se registren reestructuraciones en las líneas de mando de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Santos aceptó la renuncia de Rivera y le ofreció el cargo de Embajador de Colombia ante la Unión Europea ,mientras que al frente de Defensa nombró a Juan Manuel Pinzón, quien desempeñó el cargo de viceministro entre 2006 y 2009 cuando el ahora Presidente era Ministro de dicha cartera.

Por último Santos deberá enfrentar un gran desafío en el plano socioeconómico ya que Colombia mantiene alarmantes índices de inequidad y pobreza, así como de desempleo, y aún posee una importante deuda en políticas de salud, educación y viviendas. Por otra parte, y también como respuesta a lo anterior, el Presidente deberá revisar la política económica y monetaria para lograr un mayor crecimiento y, a su vez, volver al país más competitivo en el plano internacional.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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