En esa trágica jornada las Fuerzas Armadas descargaron sus bombas y ametralladoras contra la población civil como forma de implantar el terror y el escarmiento, generando las condiciones para lograr la toma del poder, que se materializó el 16 de septiembre, comandada por el General Lonardi.
El 16 de junio también recuerda en nuestra historia reciente otro hecho de ataque contra el pueblo argentino: en 2014 la Corte Suprema de EE.UU no aceptó tomar el caso en el cual Argentina apelaba el fallo del Juez Griesa, quedando firme la decisión del Magistrado.
El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración.
Recordemos qué decía el desopilante fallo del Juez distrital de Nueva York. Griesa, realizando una interpretación muy polémica de la cláusula Pari Passu (en igualdad de condiciones), dictaminó que Argentina debía pagarle el 100% del valor nominal más intereses punitorios a un conjunto de fondos buitre y 15 bonistas individuales. Por una deuda con valor nominal de u$s 428 millones, debíamos pagar u$s 1.330 millones. Hoy, por los intereses corridos, ese pago asciende a más de u$s 1.600 millones. El más favorecido con el fallo fue Paul Singer (dueño del fondo buitre NML), que posee el 53% de los bonos que abarcan la sentencia de Griesa. Singer compró los bonos en 2008 a u$s 48 millones, y la sentencia del octogenario juez le dio un derecho a cobrar u$s 832 millones, una despreciable ganancia de más de 1.600%.
Además, el origen de esa deuda es ya ilegítimo desde su comienzo. Dos tercios de los bonos que componen el fallo de Griesa surgieron en el Megacanje, la mega estafa de 2001. En dicha operatoria financiera tuvo gran participación el amigo del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, David Mulford. Este lobbista del mercado financiero internacional se alzó con una jugosa comisión -más de u$s 120 millones- por hacer las gestiones para realizar un cambio de títulos de deuda por otros con tasas usurarias, teniendo como resultado un aumento de la deuda externa argentina del 63%. Fue tal la estafa que la justicia local abrió una causa judicial.
Los fondos buitre, gracias a la sentencia, tuvieron una renta exorbitante y, gracias a su fuerte poder de lobby, ejercen una constante presión para cerrarle los caminos a la Argentina y no tener otra salida que aceptar las condiciones impuestas por Singer y sus amigos. Sin dudas sería mucho más fácil para la Presidenta arreglar con ellos y allanar el camino para acceder al financiamiento externo ya que su mandato termina el 10 de diciembre y no tiene posibilidad de ser re-reelecta. Ese camino es el que sería correcto tomar, según las propias declaraciones de muchos líderes de la oposición y economistas del establishment, como Mauricio Macri y Carlos Melconian. Pero el Gobierno Nacional desde 2003 ha considerado a la política de endeudamiento como una política de Estado donde prima la soberanía a la hora de determinar la política económica interna, no recibiendo condicionantes sobre cómo y en qué usar los fondos conseguidos. ¿O acaso podemos imaginar al FMI o inversores internacionales otorgando préstamos para financiar programas como el PROCREAR, REPROS, Asignación por Hijo o PROGRESAR?
El 16 de junio de 1955 las Fuerzas Armadas bombardearon la plaza de mayo como forma de implantar el terror para logar tomar el poder. Hoy los fondos buitre quieren implantar el terror financiero, cerrándole todos los caminos a nuestro país para conseguir financiamiento internacional. Esto significa también un castigo hacia la Argentina por haber tomado un camino contrario a los intereses del sistema financiero internacional, no priorizando el rendimiento de los bonos ni acuerdos que favorecieran a determinadas entidades sino poniendo el eje en el crecimiento, la inclusión y la equidad.
El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración. Aceptar el fallo de Griesa no sólo nos obligaría a pagar una cifra usuraria, sino que además nos debilitaría en el frente externo y nos obligaría a salir a tomar deuda en condiciones totalmente desfavorable, aceptando condicionamiento de políticas, hasta pudiéndonos obligar a poner a disposición activos estratégicos, como por ejemplo la recuperada YPF y Vaca Muerta (segunda reserva mundial de gas de shale y cuarta de shale oil a nivel mundial). Por eso hay que tener presente lo que está de fondo en la disputa con los buitres. Aceptar el fallo sería un error porque, como se ha demostrado con los Me Too, quedan un grupo de buitres que no entraron en el fallo de Griesa y que podrán reclamar por el pago en igualdad de condiciones. El monto no es de u$s 1.600 millones del dictamen inicial. Con los Me Too ya estamos hablando de entre u$s 17.000 y u$s 20.000 millones, abarcando sólo el 40% de los bonistas que no entraron en los 2 canjes.
Es preciso resistir a los bombardeos financieros para defender nuestra dignidad como Nación, no dejar que nos amedrenten y nos hagan acatar un fallo que esconde, nada más ni nada menos, la pérdida de soberanía económica que tanto nos ha costado recuperar luego de 37 años de políticas neoliberales. Defender nuestra libertad en la definición de política económica interna que nos ha posibilitado alcanzar conquistas sociales impensadas hace una década atrás.
(*) Licenciado en economía de la Fundación para la Integración Federal
