Michetti respondió a una entrevista en radio Del Plata diciendo que ¨Si tenemos fallos que cumplir y normas que nos dicen que tenemos que cumplir una ley, yo siempre soy de cumplir leyes, normas y fallos". Y agregó:"Pero si tenemos fallos que nos dicen que tenemos que pagar cosas porque nos hemos endeudado o hemos tenido problemas y hemos llegado a no poder negociar bien y a no llevar bien las cosas, bueno, lamentablemente una vez que tenés el fallo encima yo digo que la Argentina no puede estar incumpliendo fallos".
Podemos decir que las declaraciones de Michetti se apoyan en un principio del derecho, la legalidad. La legalidad solo hace mención a que hay que cumplir lo que la Ley dice. Pero en este caso quien lo dice es la ley de Nueva York y no la argentina.
Michetti da claras muestras de vocación de querer cumplir lo dictado por la justicia de Nueva York pero no demuestra el mismo énfasis para cumplir con la Ley argentina, siendo ella misma parte del Poder Legislativo. El Congreso de la Nación sancionó el año pasado la Ley 26.984 de Pago Soberano. En el artículo 1 de dicha Ley dice lo siguiente: ¨En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración dela Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina; y, por consiguiente, la aplicación de los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones dispuestas por los Decretos Nros. 1735/04 y 563/10, a los fines de preservar el cobro por parte de los bonistas interesados¨.
El monto total de pagarle al 7,6% que no entró en ninguno de los canjes es de entre u$s 17 mil y 20 mil millones, dependiendo la variación de monedas. De esta forma, pagando a los fondos buitre se pondría en riesgo el cumplimiento de nuestros compromisos con los bonistas que entraron al canje, violando el artículo primero de la Ley 26.984.
El fallo de Griesa beneficia solamente al 1% de los tenedores de bonos caídos en default en 2001. Parece no respetar al 92,4% de bonistas que se adhirieron a la reestructuración de la deuda llevada a cabo por el Gobierno en 2005 y 2010. Por otra parte, se cumplió lo que decían los funcionarios nacionales: de acatar el fallo, ese 1% sería la punta del iceberg, y vendrían muchos más. Eso fue lo que paso. Aparecieron los Me too, elevando el monto a pagar más de u$s 5 mil millones. El monto total de pagarle al 7,6% que no entró en ninguno de los canjes es de entre u$s 17 mil y 20 mil millones, dependiendo la variación de monedas. De esta forma, pagando a los fondos buitre se pondría en riesgo el cumplimiento de nuestros compromisos con los bonistas que entraron al canje, violando el artículo primero de la Ley 26.984.
¿Resulta justo, moral y equitativo acatar la sentencia? Aquí hay que evaluar si priorizamos otorgar una tasa de beneficio del 1.608% a los fondos buitre (1% de los bonistas) a costa de violar el orden público argentino, o bien protegemos al 92,4% de los bonistas, garantizando el pago a los acreedores de la reestructuración de 2005 y 2010.
Hagamos mención a lo justo: ¿es justo que de los u$s 1.600 millones que dijo Griesa que tiene que pagar Argentina, a NML, el fondo buitre perteneciente a Paul Singer, le correspondan u$s 800 millones, es decir, el 50% de la sentencia? Hay que sumarle que NML comenzó su estrategia de compras de activos argentinos defaulteados en 2008. En ese momento pagó por bonos que salían más de u$s 400 millones en valor nominal solamente u$s 48 millones. El juez americano le aseguró una rentabilidad de más de 1.800%. Ninguna actividad productiva asegura esa tasa de ganancia. Singer compró esos bonos defaulteados con la clara estrategia de litigar, usando su poder de lobby para lograr la sentencia que finalmente logró.
Pero al parecer lo que está de fondo en las declaraciones de la candidata a vicepresidenta, y en la lista del PRO, es enviar un guiño a los fondos buitre. En caso de asumir el gobierno el 10 de diciembre se sentarán a negociar y aceptarán las condiciones que ellos pongan sobre la mesa. A partir de ese momento, se producirá el cambio que tanto promociona la lista amarrilla. Esto sin dudas será un cambio como ellos proponen, pero un cambio que significa dar marcha atrás sobre los pasos ganados en soberanía económica que permitieron implementar las políticas económicas y sociales de los últimos años. El cambio de rumbo puede ser tan brusco que los derechos, reivindicaciones y conquistas ganadas por todos los argentinos corren el riesgo de caerse por el giro repentino.
En términos políticos, este acto de cipayismo jurídico al que apela la candidata del PRO, no es más que una jugada política para, en primer lugar captar votos que le permita a la fórmula electoral llegar al poder y, en segundo plano y con la eventual victoria del PRO, lograr una negociación con los fondos buitre.
(*) Licenciados en Economía
