Alí tiene unos 36 años, nació y se crio en Furush Beit Dajan, una comunidad de agricultores en el norte del valle del Jordán (Cisjordania, Palestina), cerca del checkpoint Hamra[1], a pocos metros de un campo de entrenamiento militar israelí y en la ruta entre los asentamientos de colonos israelíes Mekhora y Hamsa[2]. Furush Beit Dajan es también una de las zonas de las que la empresa estatal israelí Mekorot extrae el agua que abastece a los ciudadanos israelíes[3].
El día que nos conocimos Alí nos contó que está casado y que hace tres meses nació su primera hija. La casa en la que vive, así como la tierra que trabaja han pertenecido a su familia por lo menos por tres generaciones. Sin embargo, aunque su familia tiene alrededor de 500 dunams (50 hectáreas), sólo tiene permitido cultivar 10 (1 hectárea), es decir menos del 10 por ciento de su propia tierra. Esto se debe a que parte de su tierra está bajo control civil y militar israelí desde los acuerdos de Oslo de 1994.
Sin embargo, lo que más le preocupa a Alí no es el acceso a las 490 dunams de su propia tierra. Eso ya está perdido. Tampoco le preocupan los entrenamientos militares que se desarrollan a metros de su casa y que muchas veces se hacen con tanques y aviones y en algunos casos ingresan a su propiedad, incluso al patio donde usualmente se sienta a tomar té con su familia[4]. Esto es a’adi (normal) en el Valle del Jordán.
Lo que más le preocupa a Alí es la restricción del acceso al agua y la orden de demolición que pesa sobre su casa desde principios de este año. Sin agua no puede cultivar la tierra, pero la tierra es el único medio de subsistencia de Alí y su familia.
Alí heredó la casa de su padre y debido a que solamente tenía dos habitaciones, el año pasado decidió agrandarla. Construyó otras dos habitaciones: el living comedor y la cocina. A principios de 2017 recibió una orden de demolición por parte de la Administración Civil Israelí sobre estas dos nuevas habitaciones, es decir sobre la mitad de su casa[5].
Se presentó ante la justicia israelí a fin de revertir esta decisión. Sin embargo, el resultado fue sólo la suspensión por un mes de la orden de demolición, la cual se ha ido prolongando a lo largo de todos estos meses. No obstante Alí no tiene ninguna esperanza en que esta situación se revierta definitivamente, sólo es cuestión de tiempo la pérdida de la cocina y el living comedor de su casa. La Administración Civil Israelí le dio dos opciones: demoler la parte que tiene una orden de demolición por sus propios medios o esperar la ejecución por parte de la Administración Civil y hacerse cargo de los costos de la demolición de su propia casa, costos que alcanzan aproximadamente los 50.000 NIS, es decir unos 15.000 dólares o 225.000 pesos argentinos.
Durante 2016 se llevó a cabo el mayor número de demoliciones en Cisjordania (desde que UNOCHA comenzó a registrar en 2009). 1094 estructuras fueron afectadas, 1.601 personas fueron desplazadas como consecuencia de estas demoliciones, incluyendo 759 niños y niñas. 12.500 órdenes de demoliciones aún no han sido ejecutadas (UNOCHA, 2017).
(*)M.G. está sirviendo como acompañante ecuménica (voluntaria) en el Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel (PEAPI) del Consejo Mundial de Iglesias (WCC). Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad absoluta de la autora y no necesariamente representan al PEAPI Argentina o al WCC. Si se desea publicar la información de este artículo o su distribución por favor contactar antes a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a EAPPI Communications Officer (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) para solicitar su autorización. Para más información ver: http://americalatina.peapi.org/, https://eappi.org/en
[1] 572 obstáculos al desplazamiento en Cisjordania fueron registrados por UNOCHA a mediados de diciembre de 2016, lo cual incluye tanto los checkpoint permanentes como los temporarios (UNOCHA, 2017). Ver informe completo en: https://www.ochaopt.org/content/fragmented-lives-humanitarian-overview-2016
[2] “La población de colonos de la Zona C y Jerusalén Oriental se ha duplicado desde los Acuerdos de Oslo, hasta superar las 594.000 personas (incluidas las 208.000 estimadas en Jerusalén Oriental) a finales de 2015, repartidas entre unos 130 asentamientos y 100 asentamientos de avanzada” (Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, 2017). Ver informe completo en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/091/66/PDF/G1709166.pdf?OpenElement
[3] La mayoría de las comunidades palestinas en la Zona C de Cisjordania (control militar y civil israelí) no tienen agua corriente o bien acceden a ella de manera irregular, forzando a las personas a adquirir costosos tanques de agua (UNOCHA, 2017). Ver informe completo en: https://www.ochaopt.org/theme/water%2C-sanitation-and-hygiene
[4] Desde 1970 Israel ha declarado el 18 por ciento de Cisjordania o alrededor del 30 por ciento de la Zona C como zonas de entrenamiento militar. Hay alrededor de 38 pequeñas comunidades con alrededor de 6.200 personas en estas zonas aun cuando está prohibida su presencia excepto que medie un permiso especial. Sin embargo, muchas de estas comunidades ya existían antes de que estas zonas fuesen declaradas de entrenamiento militar (UNOCHA, 2017). Ver informe completo en: https://www.ochaopt.org/content/firing-zones-and-risk-forcible-transfer
[5] Durante 2016 se llevó a cabo el mayor número de demoliciones en Cisjordania (desde que UNOCHA comenzó a registrar en 2009). 1094 estructuras fueron afectadas, 1.601 personas fueron desplazadas como consecuencia de estas demoliciones, incluyendo 759 niños y niñas. 12.500 órdenes de demoliciones aún no han sido ejecutadas (UNOCHA, 2017). Ver informe completo en: https://www.ochaopt.org/content/fragmented-lives-humanitarian-overview-2016
