Aclaremos algo desde el comienzo. Julio López es un desaparecido de la democracia, hecho producido durante el tiempo político en el que más se hizo (no el único, recordar el Juicio a las Juntas) por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Julio López duele y seguirá doliendo a todos aquellos que desde hace no menos de 40 años luchan, sufren y se comprometen con la búsqueda de una Justicia plena y real. Las sospechas más firmes siempre apuntaron a las fuerzas parapoliciales de las cuales nos había gustado creer que estaban inoperantes en la Argentina. Santiago Maldonado, por su parte, también es un desaparecido de la democracia. Eso no invalida ni califica de manera diferente al caso anterior. No hace menos “buscable” a uno y a otro. Pero sí hay que marcar algunas diferencias de grado. La primera, y de tan notable ya resulta burda, es que el joven artesano ha sido desaparecido en condiciones que involucran a la Gendarmería Nacional, ergo, el Estado, por lo tanto ya no sólo preocupa si esas fuerzas ilegales están o no operativas, sino si la propia “organización estatal” ha vuelto a hacer de las suyas.
Y ante esto, a 25 días del hecho, vale preguntarse por el rol que le ha cabido al Poder Ejecutivo Nacional (PEN desde ahora) en el cumplimiento de una de sus responsabilidades más acabadas: cuidar y (además) hallar a un ciudadano. Recordemos que desde el comienzo jugó a negar el hecho. Luego se fueron conociendo “detalles” no menores en el asunto que señalan, por ejemplo, la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en el lugar. La respuesta de la ministra Patricia Bullrich no deja de representar el desdén con que el macrismo abordó la cuestión: afirmó que el funcionario pasaba por el lugar y se bajó a saludar. Poco creíble en ningún contexto y sobre todo si el funcionario en cuestión ha sido abogado defensor de represores condenados y lo que es peor, en la semana previa a la desaparición de Maldonado, había afirmado que el equipo de coordinación de fuerzas federales y provinciales comenzará "a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta"
Pero supongamos, desde la bonhomía, que el gobierno obra de buena fe y que, producto de un macabro plan dispuesto por los opositores, el desaparecido no está desaparecido sino que está escondido. ¿Por qué el PEN va dando pasos a tientas, cometiendo un error tras otro en una secuencia que, como sucede en los últimos 20 meses, termina siendo protegido por gran parte de la corporación mediática argentina?, ¿Por qué recibe como un cachetazo el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona” de manos de una fiscal que, a desgano y ante lo evidente, direcciona la investigación hacia donde debería haberse conducido desde el primer momento?, ¿Por qué se ubica en su propia encerrona?, ¿Podemos afirmar que es un error del gobierno?, ¿Un sector político tan atento al manejo de las “nuevas” tecnologías supuso que esto sería un caso que pasaría desapercibido? Varias preguntas. Intentemos algunas respuestas.
En primera instancia tomemos las declaraciones de la ministra en el Congreso de la Nación: "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarlo sólo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Necesito a esa fuerza para que me acompañe en la lucha contra el delito”. Mientras esperamos que el narcotráfico sea atacado en serio (no hay un sólo caso de “pez gordo” detenido en las grandes urbes argentinas) la funcionaria parece decirnos que en nombre de la seguridad debemos tolerar que esas fuerzas que ella comanda, hagan lo que quieran. Siguiendo con nuestra mirada benevolente, podríamos decir que debemos re versionar el ya tristemente famoso “roban pero hacen” por el de “te matan (o desaparecen) pero hacen”. Falso. El Estado de derecho nunca puede ser pensado como un cumplidor condicionado y parcial de sus funciones elementales. Las declaraciones en el Senado resultan objetables porque parecen condenarnos a una resignación tonta en función de los objetivos gubernamentales. Como “necesito” a la fuerza, no separo a sus hombres de la investigación, y ni siquiera los retiro del control de la puerta de ingreso donde los testigos deberían ir a declarar.
No se trata de lo que necesite la señora ministra. Es un proceso inverso. Se trata de lo que necesitamos los ciudadanos. Y nosotros necesitamos al Estado para que nos cuide y pueda garantizarnos que, incluso, a un grupo de supuestos “insurrectos” se les garantice el debido proceso que debe existir en toda democracia que se precie.
En segunda instancia digamos lo más importante. Por naturaleza política, a Cambiemos (pero fundamentalente a PRO, si es que ese frente pudiera ser reconocido como tal) el tema de la desaparición de personas NUNCA ha sido un tema de su abordaje político. Desde la nefasta frase del candidato presidencial (“en mi gobierno se va a terminar con el curro de los derechos humanos”) a las anteriormente citadas declaraciones del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Noceti, no existen sólo dos años de distancia: existe un vínculo tan fuerte que parecen haber sido dichas sin que el paso del tiempo hubiera hecho mella de algún tipo. No lo registran al tema, no está en su ADN como no lo está para un buen número de argentinos que siguen mirando para otro lado.
Tal vez convenga hacernos, ahora sí, una inquietante pregunta. A casi un mes del hecho, en pleno proceso electoral de medio término, en este contexto que afecta a más argentinos que se encuentran en la parte más abajo de la pirámide social; ¿alguien duda que no existe la más mínima posibilidad de que sectores de las fuerzas de seguridad en la Argentina puedan desaparecer personas que pertenecen a un colectivo excluido, que resultan una definitiva minoría y que viven en el “medio de la nada”? Cada ciudadano tiene su respuesta.
Es un gris domingo de agosto y disfruto de mi hogar mientras escribo este artículo. La pregunta es la misma de las últimas semanas: ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado, ya no sólo el Poder Ejecutivo Nacional, tiene la palabra. Todos esperamos su respuesta.
(*) Analista político de Fundamentar
