La puja por Repsol-YPF. Las operaciones de Clarín y los lobbystas españoles, hoy y no hace tanto tiempo. Los jefes de gobierno y las empresas privadas en España

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El jueves al mediodía, distintos medios del Grupo Clarín empezaron a difundir la noticia de que, supuestamente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había enviado al Congreso un proyecto para expropiar YPF.

Pudimos observar como Clarín On Line decía que "ya se había enviado un proyecto al Congreso" para tomar el control de la empresa. Supuestamente, De Vido se lo había dado al presidente de REPSOL-YPF, con quién se había encontrado horas antes.

Pudimos escuchar en Radio Mitre a periodistas ratificando la noticia que, curiosamente, ningún otro medio de comunicación ni el gobierno confirmaba: entrevistaban a periodistas españoles, académicos de ambos países, dirigentes políticos que analizaban la supuesta noticia.

Todos lo sabemos. Nada de eso pasó. Nunca hubo proyecto. Sólo encontraron un borrador sin firma y sin membrete. O sea: nada serio. Nunca el gobierno mandó un proyecto al Congreso. Y fueron diputados opositores del bloque del Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner, los que se encargaron de divulgar el supuesto proyecto de ley. Una farsa más, con un aire a operación económica y política al servicio de los actuales dueños de la empresa petrolera privatizada en los '90.

Pero en el medio de la confusión reinante, funcionarios políticos españoles de altísimo nivel empezaron a amenazar al gobierno argentino. Porque una cosa es "advertir" como decían los diarios y otra muy distinta es "amenazar".

Según la Real Academia Española, "advertir" significa: "Fijar en algo la atención. Llamar la atención de uno sobre algo. Aconsejar, amonestar, prevenir".

Pero "amenazar" es otra cosa. Implica: "Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. Anunciar, presagiar, o ser inminente algún mal".

Si uno dice que, en caso de que la Argentina avance en la estatización de YPF, se van a tomar represalias comerciales, se van a pedir sanciones en los organismos multilaterales, se va a pedir la expulsión de la Argentina del G-20, no hay advertencias. Hay amenazas.

"Cualquier afrenta a Repsol es una afrenta contra el gobierno español" dijo alguno. "YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España" dijo otro. Estas dos frases llaman la atención, pero no tanto.

Llaman la atención porque, de acuerdo al gobierno español, los intereses de una empresa privada son asimilables a los intereses nacionales. Reducir los intereses nacionales de España a la mera defensa corporativa de una empresa privada, por más importante que sea, suena extraño. Es casi una brutalidad asemejable a los tiempos de las expediciones colonizadoras.

Pero decimos que no nos sorprenden tanto estas declaraciones porque no es la primera vez que la Argentina sufre la embestida brutal de lobbys poderosos del más alto nivel político español para defender los intereses de sus empresas trasnacionales.

El domingo 23 de diciembre de 2001, hacían 3 días que había caído De la Rúa. Muertos, saqueos, presiones de todo tipo. Presidentes que entraban y se iban. Y el Diario Clarín, con la firma de Marcelo Bonelli, decía esto:

"Una fuerte presión de los banqueros y de las empresas privatizadas hizo que el viernes a la tarde se frenara el proyecto de "pesificación" de la economía que prepararon los economistas peronistas. Manuel Sacerdote y Emilio Cárdenas se movieron en defensa de los bancos extranjeros. Pero las privatizadas, tuvieron un abogado de porte internacional: el ex jefe del gobierno español Felipe González. "Felipillo", como lo llaman viajó el último jueves a Buenos Aires, con una tarea concreta: ser el abogado de las jugosas inversiones españolas en medio de la convulsión que vive la Argentina. Y desde que pisó suelo argentino mantuvo comunicación permanente y directa con José María Aznar y Alfonso Cortina, el presidente mundial de Repsol-YPF".

"Ambos exigieron –sigue diciendo Bonelli– que se mantengan las reglas de juego. Y que Argentina no salga del uno a uno, porque eso rompería el negocio que les permitió a los bancos y privatizadas ser los privilegiados del modelo en la última década. Así, provocaron de inmediato y de un plumazo que Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá abandonaran la propuesta de los economistas peronistas de salir rápidamente de la convertibilidad".

Clarín reflejaba con claridad que un ex socialista presidente español, en permanente diálogo con un entonces presidente (Aznar, de ultra derecha), hacía lobby para que la Argentina no abandone la convertibilidad en beneficio de las empresas privatizadas españolas. Afuera de la Casa Rosada había cacerolazos, represión, muerte, saqueos. ¿Y adentro? ¿Quién estaba? Felipe González negociando con las inestables autoridades argentinas de ese momento en favor de las empresas españolas. Quizás haya sido una de las cláusulas no escritas del famoso Pacto de La Moncloa: los jefes de gobierno españoles, independientemente de su signo político, se pondrán a la cabeza de la defensa de los intereses de las empresas privadas españolas trasnacionalizadas cuando sus rentabilidades estén en riesgo.

Esto, desde luego, no es un accionar desinteresado. Una constante de los políticos con altos cargos en España es los últimos tiempos es la de pasar a ser funcionarios públicos a asesores a sueldo de grandes empresas privadas de su país.

Varios políticos del PP y el PSOE han salido de su carrera hacia el sector de las multinacionales. Felipe González, por ejemplo, es consejero independiente de GAS NATURAL FENOSA con un sueldo de 126.500 euros. José María Aznar es asesor externo de ENDESA –empresa del sector eléctrico y de provisión de gas– con un sueldo de 200.000 euros. Empresa que, por cierto, privatizó el mismo. Además, Aznar pertenece al Consejo del grupo Murdoch lo cual le reporta un ingreso de 156.000 euros. Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario del PP también durante el gobierno de Aznar, dejó la política y fue derecho a TELEFÓNICA. La última incorporación ha sido la de la ex ministra del PSOE Elena Salgado, que se ha ido también a ENDESA.

Por lo tanto, no nos sorprendamos de lo que vamos a escuchar y leer en los próximos días. La cuestión petrolera es central en el mundo. Y la renta petrolera es motivo de lobbys violentos de diversos gobiernos que salen en defensa de sus empresas privadas provocando, incluso, guerras y golpes de Estado. Confunden intereses de Estado con intereses privados, mezquinos, corporativos. El gobierno nacional aún no ha tomado ninguna decisión de fondo para recuperar el control de YPF pero "los lobbys y los lobos" como solía decir Miguel Bonasso ya están presente entre nosotros. No hay que asustarse. Ladran Sancho, señal que cabalgamos.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Director Ejecutivo de la Fundación para la Interación Federal

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