La explosión es la consecuencia, no la causa.

El martes explotó un depósito en el puerto de Beirut, la capital del Líbano. En un primer momento se dijo que había sido un cargamento de fuegos artificiales. Es verdad, pero fue el principio. La segunda explosión, que se vio en todos los celulares del mundo, fue de 2750 toneladas de nitrato de amonio, lo que produjo cientos de muertos, miles de heridos, y pérdidas materiales y no materiales gigantescas.

El hecho reviste una mayor gravedad cuando la consecuencia de la explosión dio lugar a la pérdida de casi todo el grano acopiado en el puerto de un país que importa la mayor cantidad de los alimentos que consume, como la gran mayoría de los países de Medio Oriente. Aunque en este caso, sin la billetera de las denominadas Petromonarquías.

Pero la crisis libanesa no es producto de la explosión, sino más bien al revés. En un primer momento, y luego de que Israel manifestó que la semana pasada había frustrado un ataque de Hezbollah en la frontera entre ambos países, se barajó la idea de que había sido un ataque israelí.

Pero luego se aclaró que el cargamento de nitrato de amonio estaba un carguero ruso abandonado desde hace al menos 6 años, y que la falta de medidas de seguridad en el depósito de un material tan peligroso fue el causante de la tragedia. Negligencia, falta de controles e irresponsabilidad; no un atentado ni un ataque aéreo.

Esta explicación cobra mucho más sentido cuando uno repasa la realidad libanesa de los últimos años. El Líbano vive su peor momento desde la Guerra Civil que duró desde 1975 a 1990. Siendo uno de los países más pobres de la región, su deuda soberana asciende a más del 150% de su PBI. Tras la retirada de capitales saudíes en 2017, el rescate de las finanzas del país estuvo a cargo de Francia, ex potencia mandataria, y el Fondo Monetario Internacional.

Como sabemos bien, estos rescates no salen gratis. Se le exigió al Estado un profundo programa de ajuste que abarcó desde gravámenes a las jubilaciones a cancelaciones de subsidios a servicios públicos como la electricidad.

Cuando en octubre del año pasado el gobierno quiso aplicar un impuesto a las llamadas de Whatsapp, el tabaco y la gasolina, la bronca estalló y se dieron una serie de protestas que se llevaron puesto al entonces Primer Ministro, Saad Hariri. Tal hecho fue catalogado por los medios occidentales como la “Revolución del Whatsapp”, habida cuenta de la facilidad que tiene Occidente en denominar Revolución a cada ciclo de protestas que se da en otras latitudes.

Esto se vincula con la crisis política que vive el Líbano. Desde hace casi 70 años, en este país rige un acuerdo político basado en el sectarismo religioso. El Presidente del país, es siempre cristiano; el Primer Ministro, musulmán sunnita; y el Presidente del Parlamento, musulmán chiita. Esta división sectaria de la estructura de poder libanesa empezó a entrar en conflicto con las demandas transversales de un pueblo que tiene necesidades más importantes que las divisiones confesionales.

El hecho de que la población del Líbano tenga dificultades cada vez mayores para acceder a bienes básicos, y que sus demandas estén atadas si o si al acuerdo entre sectores que defienden intereses sectarios determinados, se volvió insostenible. Los libaneses dijeron basta y el descontento contra la clase política se generalizó.

Desde octubre las calles fueron tomadas por una nueva generación de libaneses y libanesas que van en contra de esa tradición política, siempre atenta a sus propios beneficios a expensas del desarrollo del país. Y estas cuestiones posibilitan la intervención extranjera. Por ejemplo Hezbollah, el partido – milicia de confesión islámica chiita, depende logística y financieramente de Irán. ¿Cómo puede trabajar en pos de todos los libaneses si a Irán solo le interesa que el chiismo prevalezca?

Todo esto sirve para explicar lo que dijimos al principio: la explosión es la consecuencia, y no la causa de la crisis que vive el Líbano. No obstante, los que saben y conocen este país de donde vinieron mis dos bisabuelas, siempre apuntan que es un pueblo que saca fuerza en momentos donde todo parece derrumbarse. Como dijo el gran Periodistán en estos días.

Como el cedro de su bandera, de nuevo crecerá. pic.twitter.com/Mrg79Qzv1C

— Periodistán (@periodistan_) August 4, 2020

A diferencia de Áñez, los trabajadores prometieron y cumplieron

Bolivia vive momentos terribles desde el golpe de Estado en noviembre. Los conflictos sociales tuvieron su pequeño parate con el inicio de la pandemia. Las promesas rotas de la senadora autoproclamada presidenta, los volvieron a activar.

Áñez sostuvo en noviembre, cuando entró al Palacio Quemado blandiendo una Biblia, que llamaría a elecciones en 90 días. Con la decisión del Tribunal Supremo Electoral de posponer por tercera vez los comicios al 18 de octubre, estará en el cargo más de un año.

Desde el lunes, manifestaciones y cortes de rutas se multiplican en todo el país. Más allá de lo que apuntan los medios y el Gobierno de facto, que sostienen que es el MAS quien alienta las movilizaciones, estas son organizadas a cabo por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad.

Quien siga de cerca la política boliviana sabe que la COB tiene lealtades volátiles y no es una organización que responda al MAS. La central sindical fue uno de los actores que pidió que Evo renuncie en noviembre, y estuvo presente en otras crisis que tuvo que pilotear el ex Presidente, como la de 2008, con un rol desgastante mediante una huelga general mientras la mitad del país quería desprenderse del poder central de La Paz.

El Pacto de Unidad, que logró un acuerdo con la COB para salir a las calles, representa a los sectores campesinos e indígenas, más cercanos a la estructura política de Evo. Hace un mes que los trabajadores se movilizan contra el Gobierno de facto, por la falta de respuestas sanitarias, políticas y económicas. Pero las movilizaciones por tiempo indefinido son parte de una promesa hecha por la COB y los mineros, que prometieron “convulsión social” si no se hacían las elecciones.

A esta alianza entre la COB y el Pacto de Unidad se sumaron los mineros, que aseguraron que marcharán a La Paz de forma contundente si el Gobierno desaloja los bloqueos. La situación se pone más espesa al saber que estos cortes dificultan la llegada de insumos médicos para los efectores de salud, abarrotados de gente enferma por la pandemia.

Después de haber dado positivo por COVID, Añez descansó aún más en su dirigente más cercano: el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Poseedor de una importante cuota de poder y con mucha capacidad de ocupar la centralidad del discurso, Murillo es de esos tipos que no tienen muchos escrúpulos. Ha justificado las masacres de fines del año pasado y es un fiel amigo de las prácticas represivas. El periodista Jon Lee Anderson, de la revista The New Yorker, sostuvo hace poco en una entrevista que Murillo le hacía acordar a los oscuros militares latinoamericanos de los ochenta, diciendo que si hay muertos es porque se matan entre sí en la montaña. De terror.

Lo cierto es que Bolivia vive momentos complicadísimos. La pandemia azota el sistema de salud y la económica; la crisis política se agrava porque la salida constitucional es prorrogada indefinidamente; y el poder está en manos de personajes que remiten a los peores villanos de la historia latinoamericana, con el agravante que no hacen ni un mínimo esfuerzo por ocultarlo.

El tema elecciones está determinado por varios factores. El avance de la pandemia es uno, que le ha servido de excusa a Áñez para patear la celebración de los comicios. El acuerdo entre los partidos es otro. Áñez y el golpista cruceño Luis Fernando Camacho abogan por retrasarlas aún más; mientras que Luis Arce, que encabeza las encuestas y Carlos Mesa, que estaría peleando en un hipotético ballotage, quieren que el Gobierno cumpla con lo decidido por el Legislativo y celebre los comicios el 6 de septiembre.

Bolivia es un país donde cada día que la crisis se alarga implica más muerte. Ya sea por la falta de acuerdos para la respuesta sanitaria efectiva o por la represión del Gobierno de facto y sus perros de caza.

Ping Pong

* Una oportunidad más para Correa: suspendieron la proscripción de Fuerza Compromiso Social --> ver

* Donald Trump vs Tik Tok. Al final los videítos eran cosa seria --> ver

* Arrestaron a Álvaro Uribe --> ver

* Falleció John Hume, artífice de la paz en Irlanda del Norte. --> ver

Bonus track

Bielorrusia es un país que perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde su independencia, su destino estuvo atado al de la Federación Rusa. El domingo hay elecciones. El proceso está bastante espeso porque el Presidente Lukashenko, en el poder desde hace más de 25 años, puede perder contra una alianza conformada por 3 mujeres. Pero también porque el gobierno afirma que hubo mercenarios rusos que quisieron organizar una serie de disturbios en la víspera electoral. Algunos detalles más, acá ---> ver

Para seguir en Europa Oriental, ¿recuerdan que hablamos de la reelección del Presidente polaco, Andrzej Duda? Sus posturas homofóbicas tuvieron respuesta en el Parlamento, cuando fue a asumir su nuevo mandato.

Tras el arresto a Uribe, me pareció muy interesante volver a leer sobre el Proceso de Paz que encabezó el ex Presidente Juan Manuel Santos. Hace poco, tuvo una conversación con Rodrigo Londoño, el líder de las FARC. Acá dejo el dialogo. ---> ver

Me voy con una foto de la Catedral de Managua, en Nicaragua, que quedó así tras un atentado con bombas molotov.

Creo que grafica bastante bien el tiempo que estamos viviendo. Hasta el flaco de barba la tiene jodida.

Hasta la semana que viene.

(*) Columnista internacional de Fundamentar.com