Este domingo será histórico para el pueblo chileno que tendrá la posibilidad de decidir ponerle fin a la Constitución pinochetista vigente desde 1980, para darse una nueva Carta Magna que siente las bases de un pacto social que sea fruto de la voluntad popular.
La pandemia de la Covid-19 obligó a aplazar el plebiscito chileno para esta fecha, y como si fuese un capricho de la historia, la votación se realizará pocos días después de conmemorarse el primer aniversario del estallido social que ganó las calles en el país trasandino.
Aquel aumento del precio del metro que no fue más que la chispa que lo incendió todo, derivó en mucho más que masivas protestas de sectores populares y medios: hizo caer el entramado de la desigualdad en un país que sólo pudo ser definido como un oasis, a fuerza de la quietud de las masas oprimidas.
Pero la fuerza del descontento fue por más ¿Cómo es que aún rija una Constitución sancionada por Pinochet? No importa cuántas reformas se hayan hecho al texto. La democracia chilena no nació con una debilidad, nació con una falla de origen.
Y cuando el agotamiento de una sociedad se expresa, no importa cuánto tiempo se haya necesitado para cambiarlo todo. Las herencias dictatoriales no pueden enquistarse en las democracias del Siglo XXI, y así pareció entenderlo la sociedad chilena.
El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que fue suscrita por diversas fuerzas políticas vino a confirmar que las demandas fueron escuchadas por el Congreso, y que se comprendió la necesidad de reemplazar la institucionalidad vigente. Esto fue la mitad del triunfo de la sociedad. La otra, la de hoy, se juega en el plebiscito, en el “apruebo” o “rechazo". De votar por el "acuerdo", se deberá escoger el órgano que estará encargado de la redacción del nuevo texto: Convención Mixta, formada por un 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% por miembros del Congreso; o Convención Constituyente, compuesto exclusivamente por representantes civiles. Esto último, podría dar como resultado la primera Constitución Nacional elaborada íntegramente por el voto popular y, además, la primera con paridad de género en la historia.
De triunfar la opción por el cambio de la Constitución, la elección de los constituyentes se deberá realizar en el mes de abril del próximo año, y el nuevo texto (que debe redactarse en un máximo de un año) será ratificado con otro plebiscito, por lo que la Carta Magna no estará vigente hasta 2022.
Los sondeos pronostican el triunfo del “apruebo” por un importante margen sobre el rechazo. Según un informe publicado por la Universidad de Chile, el 82 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiarla. De ser así, Chile comenzará una nueva etapa en su vida democrática. No porque una nueva Constitución (que además llevará tiempo de ser redactada si es que se aprueba el reemplazo) garantice el fin de los problemas que llevaron al escenario actual, sino porque ninguna convivencia política puede ser sustentada en una sociedad que no reconoce la legitimidad del pacto social sobre el que se sustenta la relación con el Estado.
El tiempo nos dará la perspectiva necesaria para analizar el real peso de este acontecimiento. Lo cierto es que sin dudas las ultimas movilizaciones en conmemoración del primer aniversario del estallido social, reflejan que las demandas siguen vigentes, que no cabe más paciencia para un sistema que endeuda a estudiantes mientras concentra cada vez más la riqueza en unas pocas manos y que sostiene un modelo de desigualdad a fuerza del accionar represivo de los carabineros.
Mientras tanto, no existe estado de excepción ni toque de queda que pueda frenar la voluntad.
La nueva Constitución es la última pieza que falta para culminar con el proceso de transición a la democracia que comenzó, también con un plebiscito, allá por 1988. La oportunidad es de la democracia.
(*) Analista internacional de Fundamentar
