Si en el análisis de la semana pasada, poníamos el eje en las señales que la política argentina mostraba de cara al futuro, en la última semana de marzo varios de los hechos o datos que ocuparon parte de la escena, referencian al pasado, el reciente y el no tan reciente, con las mejores virtudes de un oficialismo que supo ganar las elecciones en 2019 y con las limitaciones de un tiempo y un contexto que en varios aspectos no lo favorece y por lo cual debe relativizar cualquier éxito que se suponga por estos días. Repasemos.

En el transcurso de la semana se conocieron dos datos sobre los cuales intervino el Indec que resultaron diferenciados y que van en el sentido del párrafo anterior. El primero de ellos refiere a la medición de la pobreza que, para el segundo semestre de 2021, dio un número de 37,3% lo que implica una baja de 4,7% respecto de igual período de 2020. El segundo, que por múltiples razones pasó desapercibido, notifica que, en promedio, (no olvidar que hablamos de números estadísticos) los salarios del último año aumentaron un 54% contra el 50% de crecimiento de la inflación.

La evolución de estos dos indicadores se explica desde la mejora en las condiciones sanitarias, que permite imaginar un avance progresivo del fenómeno de la pandemia por Covid a una situación de tipo endémica y que se vinculan con el dato conocido en días anteriores que señalan una baja del desempleo hacia el 7%, y con el importante crecimiento de la economía argentina que, en 2021, superó el 10%.

https://twitter.com/INDECArgentina/status/1509244138444804104

Si en los 90’ aprendimos que el crecimiento no bastaba para ir en el sentido de construir una sociedad igualitaria per se (Carlos Menem dejó un país con un desempleo de más del 14% y un crecimiento del 52% del PBI para el período 1990 – 1999), confirmando que la teoría del derrame no es más que un bluf de liberales que sólo leyeron una parte de los libros de la historia de la economía política internacional; la Argentina de la pandemia vuelve a mostrarnos la misma realidad.

Pero cuidado. Con esto no decimos que el gobierno del Frente de Todos articula su acción económica en el mismo sentido que hace 30 años o, para poner un ejemplo más reciente, en lo que proponía la fuerza política que gobernó la Argentina hasta 2019. Allí están, entre otros, los innumerables incentivos a la producción, la libre negociación de paritarias y el rol del sector público alentando inversiones en áreas que en poco tiempo más serán estratégicas y sobre las que el país tiene mucho para aportar.

Decimos que lo hecho hasta acá, pese a la baja de la pobreza, no alcanza. Que aún no se mejoraron los niveles de hace dos años, una de las razones por la cual se ganaron las elecciones presidenciales y que, a la luz de los números de inflación en el primer trimestre de 2022, los cuales se vinculan fuertemente con el índice de pobreza, los mismos deben ser relativizados, al punto de no poder usufructuarlos, por ahora, políticamente.

En un marzo que, a la hora de la inflación, resulta un mes históricamente caliente, nadie podrá negar que éste lo fue más. La inercia que trae febrero en materia de aumento de alimentos no da una buena señal de cara al futuro y todo deberá ceñirse, en el corto plazo, a lo que pueda ofrecer la secretaría de Comercio que comanda Roberto Feletti, limitando la voracidad de formadores de precios que encuentran en la guerra que ocurre a varios miles de kilómetros, unas cuantas excusas que justifican su sempiterna especulación.

Pero además, el dato político de la semana se lo llevó un proyecto de ley que fue anunciado desde el bloque oficialista en el Senado de la Nación, llamado “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. Conceptualmente es muy simple ya que supone la idea de imponer multas a quienes cuenten con bienes en el extranjero que no han sido declarados en la Argentina y que los montos colectados se utilicen para el pago de la deuda con el organismo de des/crédito internacional.

Con penas que suponen el 20% (del valor de los bienes) en los primeros seis meses y que luego pasaría al 35%, el proyecto juntó a su favor la opinión de expertos en la materia, los cuales dejaron trascender que el país podía aspirar a recaudar unos U$s70.000 millones, número que tentaría a cualquier gobierno. Más allá de cómo se instrumente la medida, debe recordarse que la Argentina integra, desde hace más de diez años, una serie de organismos internacionales que se dedican a perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y que, además, ha tenido implicancia en la creación de todo un marco normativo interno.

Por lo anterior no resulta casual la foto con el embajador de los Estados Unidos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le pidió apoyo al mediático funcionario norteamericano quien suele moverse a sus anchas con otro tipo de interlocutores. Lo cierto es que el “amigo” de varios dirigentes opositores, mucho no pudo desdecirse del convite dado que su país insiste, desde hace varios lustros, con la aplicación de leyes de este tipo.

El proyecto, en sus tiempos, formas de comunicación y planteamiento, recupera lo mejor de cierto virtuosismo kirchnerista: se hizo de manera sorpresiva, lo cual le permitió tomar la iniciativa (y mantenerla) obligando a los sectores opositores a fijar postura sobre el tema, quienes como en un deja vu de algo más de una década atrás, respondieron sobre la baje del prejuicio político antes que sobre la justicia o no del proyecto.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1508560716457938949

Si hacemos memoria, las respuestas opositoras que refieren a que esto sólo sirve para responder a la interna oficialista (Mario Negri, jefe bloque UCR en Diputados) o que lo único que lograrán es el vaciamiento del país (Cristián Ritondo jefe bloque PRO en Diputados), no deja de parecerse en su base, a aquella deslegitimación que alguna vez planteó Ernesto Sanz en 2010, sobre la Asignación Universal por Hijo, la cual, según el ex senador, se iba por la canaleta de la droga y el juego. Negarse a aprobar un proyecto de ley que persigue evasores y fugadores no parece ser el mejor perfil para una oposición que se dice republicana y democrática. Atención que la historia política tiene sobrados ejemplos de que la miopía no siempre paga.

El proyecto, se supone, tendrá una rápida aprobación en la Cámara de Senadores, pero habrá que prestar mucha atención, como sucederá de aquí a 2023, qué pueda suceder en Diputados donde las fuerzas políticas están mucho más equilibradas.

Seguramente la tríada Fernández de Kirchner – Massa – Fernández que pactó la unidad en la diversidad, la dirigencia de segundas y terceras líneas que le dieron carnadura y el conjunto de ciudadanos que le dieron el aval en las calles y en las urnas, imaginaban otra situación política y económica a casi 28 meses de haber asumido el gobierno. Y esa proyección es la resultante de buena parte de las disidencias internas de este tiempo.

Atravesando la salida de la pandemia, el oficialismo se encuentra ante la encrucijada de fortalecer la mejora de algunos indicadores con una verdadera inclusión que se traduzca en, por lo menos, propiciar que los trabajadores registrados superen la línea de pobreza, en un contexto de diferencias internas que no parecen aportar el escenario ideal.

Más allá de los discursos y señales a la distancia, tal vez sea hora de dejar egos al costado y propiciar coyunturas políticas que repliquen el proyecto que va por fugadores y evasores. Los instrumentos están. Sólo queda saber (y querer) utilizarlos, independientemente de las tensiones con los enemigos de siempre.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez