La Ley Antiinmigratoria de Arizona disparó nuevamente el debate sobre el tema migratorio en la opinión pública mundial. Un fenómeno discriminatorio que no es patrimonio exclusivo de los Estados Unidos, pero que pone en evidencia que las precarias condiciones sociales y la obcena concentración de la riqueza derivan en consecuencias que terminan por generar problemas sociales nuevos en los países centrales a los que se les da una respuesta represiva antes que constructiva.

El 19 de abril el Senado de Arizona aprobó una amplia ley antiinmigratoria que desató una tormenta de indignación en todos aquellos sectores que abogan por el respeto a los derechos civiles, entre ellos, las comunidades inmigrantes de Estados Unidos y todos aquellos que a nivel mundial se solidarizan con ellas. En este sentido, la controvertida ley de Arizona viene siendo tema de debate hace ya 4 meses tanto a nivel nacional en Estados Unidos en una disputa que ha enfrentado al Estado de Arizona con el gobierno federal, y a nivel internacional, que afecta sobre todo la relación especial que mantiene el gigante con México, su principal socio en América Latina.

La ley de Arizona SB107, requiere que la policía compruebe el status migratorio de toda persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito (como una simple como una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal) que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. La policía puede de acuerdo a esa ley mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer la comprobación.

Bajo esta ley será un delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y local de leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra los que alberguen, contraten y transporten a extranjeros ilegales. Asimismo, convierte en criminal a cualquier trabajador inmigrante colocando en una situación de desamparo a cientos de miles indocumentados mexicanos. Su carácter racista se puede ver reflejado en el apartado de la ley que sostiene que todo oficial de policía puede requerir su documentación a cualquier persona sobre la que tenga una “sospecha fundada de ser un inmigrante ilegal” lo cual es lo mismo que decir que alguien puede ser requisado y detenido utilizando un argumento de “portación de cara”, es decir su aspecto latino, o su “perfil sospechoso”. Esta medida ha desatado una serie de detenciones y ataques contra inmigrantes ilegales en Arizona y la frontera con México y se teme que continúen tomas de postura rígidas sobre el tema migratorio, apoyadas por los conservadores sociales, quienes se enfrentan a lo que perciben como un declive moral y cultural de la sociedad. Básicamente, la ley convierte en delito el hecho de ser un Sans Papier y pone en peligro el respeto de los derechos fundamentales, incluso de ciudadanos legales estadounidenses.

Repasando un poco la historia, en el siglo XIX el territorio del norte de México –hoy sudoeste estadounidense– fue colonizado para ser luego anexado. Paradójicamente, Arizona forma parte del territorio arrebatado a México en 1853 y es quien intenta a expulsar a los mexicanos en un vaivén histórico entre dos países que, próximos geográficamente, tienen sin embargo una historia y cultura distintas.

Dentro de los Estados que forman parte de lo que se ha denominado el “Sun Belt” (cinturón del sol) bastión mas importante del conservadurismo, Arizona comparte una frontera internacional de 626 Km. de longitud con los estados de Sonora y Baja California en México, siendo además una de las principales puertas de los emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos.

Si nos preguntamos por el porqué de la ley, se puede considerar a está dentro de la vanguardia de un movimiento para intensificar la criminalización de inmigrantes indocumentados. Este tipo de medidas y tomas de posición se inscriben en un oleaje xenófobo de los sectores ultraconservadores que se repiten en distintos estados de EEUU.

La principal defensora de esa ley, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, es la nueva heroína de la derecha, una de las favoritas del movimiento conservador Tea Party, que junto con otras personalidades políticas como el Sheriff Joe Arpaio (figura clave de la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona) y el Senador John McCain patrocinaron y defendieron esta ley como una de sus principales banderas políticas.

Ya en su libro “Who Are We: The Challenges to America's National Identity” publicado en el año 2004 Samuel Huntington advertía sobre las consecuencias negativas de la inmigración latina a la cual veía como una amenaza para la unidad de la identidad (cultural, social y étnica) de EEUU. El temor del autor es que la sociedad estadounidense se convierta en una sociedad escindida, con colectividades distintas y separadas, procedente de diferentes civilizaciones.

El problema demográfico que enfrenta hoy Estados Unidos, sumado a la idea sostenida por algunos sectores de la elite estadounidense de una cultura WASP (White Anglosaxony Protestant) hace la inmigración sea considerada como una fuerza fragmentaria dentro de la sociedad norteamericana.

A nivel nacional la disputa ha girado en torno a quien tiene la facultad para dictar leyes que regulen el tema migratorio, si los estados o el gobierno federal. El gobierno de Barack Obama apeló la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre materias como la inmigración, reservada exclusivamente a las autoridades federales.

Importantes representantes del propio Gobierno de los Estados Unidos de America la han calificado como "una violación de los derechos civiles", "una suerte de apartheid" y han afirmado que "su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas"

La justicia decidió en un último minuto suspender temporalmente los artículos más controvertidos, sobre todo aquel que criminaliza la inmigración ilegal. Se ordenó el bloqueo de 3 provisiones clave incluida la obligación de los agentes de policía de comprobar la situación migratoria de una persona que haya sido detenida por otras razones. También la aplicación de otro apartado que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentran de forma legal en el país.

Por estos motivos, y hasta el momento, el triunfo ha estado del lado del gobierno de Obama, después del bloqueo de las partes más controvertidas de la ley. Esta victoria judicial, sin embargo, no ha cancelado el debate en la arena política, y es una batalla que podría influir decisivamente en las elecciones legislativas de noviembre.

La determinación judicial que se comenta es saludada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos y por activistas e integrantes de organizaciones defensoras de migrantes. Constituye un hecho positivo por cuanto conjura, en lo inmediato, la entrada en vigor de disposiciones que otorgan cobertura legal al racismo y convierten a las propias autoridades del vecino país en factores de atropello a las garantías y libertades individuales.

Con todo, los activistas han declarado que el bloqueo de la ley no es una victoria, sino más bien un alivio. Según ellos, la determinación resulta insuficiente para revertir la intensificación de sentimientos xenófobos que actualmente tienen lugar en EEUU y que no se presentan solo en marcos jurídicos sino también fuera de ellos.

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que las políticas migratorias llevadas adelante por Estados Unidos (así como en la mayoría de los países centrales que son aquellos que reciben el mayor flujo migratorio a nivel mundial y al que consideran como una amenaza a su seguridad) son políticas puramente reactivas y discriminatorias, generalmente basadas en leyes o decretos que tienen una operatividad meramente policial y represiva que obvia la mayoría de las veces el estándar mínimo de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Sean estos ilegales, con permiso de residencia vencidos o sean refugiados, tienen derecho a un trato respetuoso en virtud de las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por otro lado, las diferencias entre los países centrales y periféricos en lo que respecta a standars de vida y el conocimiento de las distintas realidades a través de los medios masivos de comunicación estimulan a las personas a emigrar en búsqueda de mejores oportunidades económicas. En este caso los inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos en búsqueda de su propio Sueño Americano, terminan encontrando en su lugar de ello una suerte de Pesadilla Americana enfrentando situaciones de absoluto desamparo legal y siendo víctimas de la discriminación más descarnada.

En definitiva, las políticas macroeconómicas nacionales e internacionales y sus efectos sobre el nivel de desarrollo relativo de los países y las diferentes posibilidades de subsistencia de sus habitantes son las que tendrán la última palabra sobre el curso del desarrollo de los flujos migratorios.

Es la falta de respuestas político-sociales de los gobiernos frente a las migraciones lo que hace que el fenómeno adquiera tanta magnitud. La paradoja se manifiesta en que el intento por desarrollar políticas que carecen de legitimidad entran en contradicción con principios políticos y económicos asumidos internacionalmente, lo que termina generando que esas mismas medidas restrictivas conduzcan, a su vez, a que las migraciones ilegales se acentúen, agudizando todavía más el problema.

Una nueva legislación debería contemplar aspectos preventivos, políticas comunes con los países de origen de los migrantes que contemplen el desarrollo de los pueblos como vía de solución al problema migratorio.

No olvidemos que muchos empresarios estadounidenses instalan sus fabricas en países subdesarrollados donde buscan lograr el máximo beneficio como resultado de impuestos bajos y mano de obra barata, así como también la contratación en el propio Estados Unidos de inmigrantes ilegales que aceptan salarios y condiciones laborales que los ciudadanos estadounidenses no aceptarían. La mayoría de las veces estos empresarios o personas particulares no son sancionados, mientras que todo el peso de las penas recae sobre los inmigrantes. Es por lo tanto pertinente articular políticas consensuadas y de cooperación entre los países involucrados dentro el respeto a los derechos humanos.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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