Lenta pero inexorablemente, en nuestro país comienza a confirmarse que la política es más que puro consenso. Su estrecha relación con el conflicto es notoria, y algo de eso parecen señalar las últimas declaraciones de Elisa Carrió.

“Yo no iría a ningún lugar al que me inviten el Guasón y su mujer”. La frase la pronunció el viernes por la tarde Elisa Carrió. Y se refería –con el apodo de Guasón– a Néstor Kirchner. Y “su mujer” no es otra que la mismísima Presidenta de la Nación.

Pero puntualmente, ¿a qué se debía esa reflexión? En realidad fue un mensaje a Ricardo Alfonsín, quién fue invitado a un acto que se realizó en su pueblo, Chascomús, al cual asistieron la Presidenta y varios ministros, entre ellos Florencio Randazzo y Julio De Vido. Se ve que la foto de Alfonsín participando de una actividad institucional del gobierno nacional no le gustó para nada a Carrió, quién agregó “ya estamos grandes para estudiantinas”.

Vale la pena preguntarnos entonces: ¿hizo mal Alfonsín en ir a un acto institucional que se realizó en su pueblo y al que fue invitado protocolarmente por la presidencia de la Nación? ¿No hubiera sido un fuerte gesto de intolerancia faltar a la cita?

Imaginemos un poco. En poco tiempo, la Presidenta puede llegar a San Genaro, provincia de Santa Fe, a inaugurar un acueducto. ¿Qué diría la prensa si Cristina Fernández no invitara a Hermes Binner o si éste no asistiera a la cita? Se hablaría de intolerancia, de crispación, o sin ir más lejos, de falta de respeto.

¿Qué le pasó entonces a Carrió? ¿Desvarió? ¿Equivocó el camino? Para nada. Lo que está sucediendo, lenta e inexorablemente en la Argentina es que comienza a desmontarse esa ficción colectiva que se había instalado después del 28 de junio del año pasado y que decía, palabras más, palabras menos, que “los problemas de los argentinos se solucionan con consensos” y que el mensaje de las urnas había expresado que se necesitaba más diálogo.

A casi un año de esos hechos, las autoridades de la Iglesia Católica prefieren un tono beligerante hablando de guerra santa a la hora de diseñar una estrategia legislativa en contra del matrimonio igualitario. Nada de diálogo ni de tolerancia: sólo presiones, descalificaciones, agresiones a los que piensan distinto.

A un año del permanente bombardeo discursivo pidiendo diálogo, los mismos grupos políticos que se unen en el Congreso Nacional en contra del gobierno se tiran con municiones pesadas en la Legislatura de la ciudad de Buenos aires alrededor del tema de las escuchas ilegales de Mauricio Macri.

Se terminó el cuento del diálogo. Se terminó la hipocresía. Los que lo pedían era por mera cuestión de marketing electoral. Un ejemplo: hace 15 días, en la Cámara de Diputados, el presidente de bloque del radicalismo Oscar Aguad, mientras se discutía sobre una cuestión reglamentaria, afirmó: “estamos discutiendo poder y las cosas se dirimen votando”. En resumen, tolerancia cero, diálogo nulo, “somos mayoría los opositores y acá se hace lo que nosotros decimos”.

Este lenguaje se creía que era propiedad exclusiva del kirchnerismo. Es más, se pensaba que era una novedad institucional de los argentinos. “En los países serios esto no pasa”, decían algunos analistas. Hoy vemos que España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Grecia e Italia viven situaciones de intolerancia política parecidas e incluso superiores a las que vemos aquí en la Argentina.

¿No será hora de que aceptemos que el conflicto y el disenso son partes inescindibles de la política? ¿Y que en etapas complejas de la historia hay serias barreras para que esos conflictos se diriman racionalmente en el marco del juego de las instituciones y que, en definitiva, se priorizan las estrategias confrontativas?

No sorprende tanto que Néstor Kirchner tenga palabras fuertes en sus discursos como que Carrió y otros líderes opositores, anteriormente profetas de la tolerancia, ahora prefieran la confrontación directa. Diálogo y conflicto son dos caras de una misma moneda: la democracia. No hay que asustarse ni escandalizarse. Sólo hay que registrar la coherencia de los actores políticos. Y acordarse cada dos años, cuando se vota.

(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

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Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento Rosario 12 - Ver artículo Original

El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento CASH - Ver artículo Original

¿Qué papel le cabe al Estado en América Latina en este contexto de crisis financiera internacional? Esta pregunta se hace una investigadora de CLACSO en un trabajo que aquí ponemos a disposición.

La crisis de fines del año 2001 en la Argentina y la aparición de Lula da Silva en la presidencia de Brasil en el 2002 fueron el puntapié inicial del fin de la era neoliberal en América Latina. Desde ese momento, en la mayoría de los países del cono sur de América se comenzó a recorrer un camino de recuperación del rol del Estado como articulador y regulador de la actividad económica. Ello permitió en una buena medida, recuperar el papel de la política como espacio de transformación con el objetivo de mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en lugar de estar al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía.

Esto, sumado a un contexto internacional favorable para el comercio de los principales productos de exportación y a una administración responsable de los recursos públicos, permitió trazar estrategias destinadas a romper algunas de las trabas estructurales para el progreso económico tales como el endeudamiento descontrolado y los déficits crónicos de las cuentas del Estado. En definitiva, como bien lo dice el trabajo elaborado por Mabel Thwaites Rey (**) Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina?, “pasada la ola del ajuste estructural y las políticas de reformas pro-mercado que estigmatizaron al sector público, en los albores del nuevo siglo en la región se inició un ciclo en el que el papel estatal empezó a adquirir una nueva entidad, tanto en el plano valorativo-ideológico como en las prácticas concretas.”

El estallido de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008 puso en evidencia dónde se encontraban los mayores niveles de vulnerabilidad en el conjunto de la economía mundial. Parece casi una ironía del destino ver cómo el rumbo que siguió particularmente la economía argentina desde 1976 hasta el 2001 se reprodujo con características prácticamente calcadas en el núcleo central de las naciones más desarrolladas. Aquí Thwaites Rey nuevamente acierta el diagnóstico cuando afirma que “la polarización en la distribución de las rentas producida desde los años ochenta está en la base de esta crisis. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los de la periferia capitalista, la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal a partir de la promoción del mundo empresarial y de los sectores más ricos, la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias favorables al capital financiero a costa de la producción crearon las condiciones para la crisis actual. Tales políticas fueron promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), por ejemplo, un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980, cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas (Navarro, 2009). La consecuencia directa de esto fue la restricción de recursos disponibles por los sectores populares para destinarlos al consumo (Monereo, 2009). Para paliar esta deficiencia en la demanda, los centros de poder financiero pergeñaron la expansión del crédito sin sustento efectivo en la economía real, lo que llevó a la conformación de una burbuja gigantesca, cuyo estallido colocó al sistema completo al borde del colapso.”

Esta situación ha vuelto a colocar en el centro de la escena al Estado como regulador de la actividad económica y ha revivido el debate en torno a la necesidad de un crecimiento económico con mayor igualdad social. Si bien Thwaites Rey adelanta cierta perspectiva alentadora respecto a la recuperación del rol del Estado en la economía, es de prever que el capital financiero trasnacionalizado dará todavía una dura batalla para no perder el poder hegemónico que ha sabido construir durante los últimos cuarenta años.

En este contexto Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina? pone el énfasis en pensar para América Latina a un Estado que no sea un mero organizador de los intereses de la burguesía, sino hacerlo desde un punto de vista emancipador, articulando las relaciones de poder hacia el interior de su espacio territorial y reposicionándose en el marco del concierto de naciones que conforman el mercado mundial. En sus propias palabras, “aquí se sostiene que los espacios territoriales estatal-nacionales deben rearticularse a partir de procesos políticos y sociales liderados por los sectores populares, porque son ineludibles como jugadores centrales en la búsqueda emancipatoria.”

Leer "Después de la Globalización Niberal ¿Qué Estado en América Latina?"

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

(**) Profesora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas".

Las fotos de la semana anterior simbolizan y dicen mucho de la Argentina del pasado, del presente y de algunos hipotéticos futuros. El interés de algunos en refugiarse bajo el ala de las corporaciones parecen imponer su sobrevivencia política.

Es 26 de julio y comienza la semana. Otro aniversario de la muerte de Eva Duarte y los diarios traen la noticia de los diversos actos políticos que la recuerdan. Algunos se animan y tienen preparados informes especiales. En todos, el comentario viene acompañado de una foto que recuerda a la mujer argentina más influyente de la vida política argentina del siglo XX.

Y allí está ella, con su verba encendida, su pasión a cuestas, su alma entregada a una esperanza sin tiempo y sin dobleces. Le habla a cientos de miles de argentinos que la vitorean en una plaza, en una relación absolutamente directa del pueblo con su líder. Las fotos son en blanco y negro y reflejan otros devenires, otra sociedad y otras relaciones humanas. Cuando uno ve una foto de aquella época confirma la idea de que un país más justo, alguna vez tuvo sustento para quienes menos tenían.

Es el período de plena vigencia de aquella definición abrumadora y determinante que “donde existe una necesidad existe un derecho”. Es la consagración del reconocimiento de la dignidad humana arrebatada a los poderosos de entonces, con la fuerza que da el dolor por cada injusticia cometida. El sistema político en particular, y la sociedad en general, la recuerdan una vez más como muestra de respeto y admiración de propios y extraños.

Avanza la semana. Y promediándola, los diarios traen otra foto. Presente y digital. Refiere a un evento ya histórico y tradicional en la Argentina: la muestra de la Exposición Rural de Palermo. Y la foto no muestra la fuerza del desarrollo agrario argentino o la belleza que supone un toro semental campeón, sino que refleja la presencia del ya famoso grupo A, (que como mucha gente famosa, parece demasiado banal y sin sustento) en un lujoso auditorio con pantalla de plasma gigante y donde se charla, discute y acuerda sobre el campo argentino.

La imagen es muy poderosa desde lo simbólico y no es casual que haya sido abordada desde distintos sectores de la vida nacional. Y además viene acompañada de una noticia que se las trae. Publicada en el diario Clarín el día 27 de julio a las 13:57, decía que “los líderes de los bloques de la oposición acordaron no prorrogar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo pero no consiguieron adoptar una misma posición sobre las retenciones a los granos. La Mesa de Enlace sí alcanzó una postura común”. Pavada de información. Lo que nos dice la nota es que el lugar de los acuerdos para la oposición (pobre Solanas, sino estuvo en la foto parece que no es opositor, ¿será K?) ya no es el Congreso de la Nación sino el mismísimo territorio perteneciente a una de las corporaciones más emblemáticas de la historia argentina: la Sociedad Rural. Resumidero de golpistas de toda laya, los de antes y los de ahora, el Grupo A se decidió a resumir en el instante que supone un click fotográfico, la postura política hacia un gobierno que para muchos, nunca debería haber nacido.

La paradoja es fulminante: en un régimen de claro signo presidencialista, este grupo de opositores no negocia con el oficialismo en una mesa que se cansan de reivindicar, sino que van “al pie” de las corporaciones. El siempre vigente (vigente?) resultado del 28 de junio de 2009, hizo creer a la mayoría de los que estaban en esa foto, y a varios que estaban del otro lado mirando, que comenzaba una etapa que nunca había sucedido en la Argentina pos dictadura: la del co gobierno. Pero ya ha demostrado la historia reciente, que algunos rejuntes nunca son del todo bueno para una sociedad como la argentina.

Pero el problema, en definitiva, no es la foto. Sino lo que se construye desde allí en adelante. El análisis es sencillo. Si para ganar visibilidad política, la oposición recurre a lo peorcito de las corporaciones (hace falta recordar lo que representa la Sociedad Rural en la historia política y económica del país?), en un hipotético triunfo electoral en 2011, ¿cómo hará para ponerle freno a las ambiciones siempre insatisfechas de estos sectores?

Y la respuesta es simple: no van a poder porque no van a querer. No van a poder frenar a los latifundistas en su desmesura de “tumbar” las retenciones porque no les interesa el problema agrario en su real dimensión. No van a poder frenar al sector desaforado de la gran industria que constantemente pide devaluar, porque no le interesan los trabajadores. Y no van a poder frenar a las grandes corporaciones mediáticas porque no les interesa que se escuchen la mayor cantidad posible de voces que relatan otras historias, saberes y realidades.

Entonces, y retomando las líneas iniciales, la pregunta final es simple. ¿Qué foto atrasa más? ¿La blanco y negro que, pese a todos sus errores, refleja un país con movilidad social ascendente o la de color digitalizada que nos muestra a un grupo de señoras “bien” y políticos en exceso conservadores que en el fondo de su ser, añoran el primer centenario, como síntesis perfecta de exclusión y marginalidad? Dígame señor lector, para usted, ¿qué foto atrasa más?

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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La protesta social que se desencadenó en el departamento de Potosí abre un nuevo frente de preocupación para el presidente de Bolivia. Ya no se trata sólo de la puja de poder con los grupos económicos poderosos, sino de dar respuestas concretas a las situaciones de pobreza aguda.

Desde finales de julio y durante 19 días, el departamento de Potosí –en el sur de Bolivia– se vio inmerso en una crítica situación que lo llevó al aislamiento y al desabastecimiento de la población y de numerosos turistas que se encontraban en la región. Esta situación se produjo debido al bloqueo de sus rutas y de diversas medidas de presión implementadas en reclamo a las “promesas incumplidas” del gobierno de Evo Morales por parte de diversos grupos de militantes sociales.

Las multitudinarias protestas, huelgas de hambre y cortes en las rutas que se vinieron desarrollando en Potosí, tienen su origen en las diversas reivindicaciones regionales por parte de sus habitantes –conducidos por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo)– frente al gobierno nacional, el cual es acusado de incumplir con las promesas electorales de “acelerar el proceso de cambio”. Esta cuestión es de suma importancia si se tiene en cuenta que dicho departamento es el más pobre del país andino.

Al iniciarse las protestas y reclamos por un mayor desarrollo económico, el Comcipo solicitó que el presidente boliviano se reuniera con ellos, como condición esencial para poder encaminar las negociaciones y así alcanzar una solución. Sin embargo, la negativa del gobierno de Morales a dialogar con los dirigentes bajo la presión de las protestas, por momentos complicó la continuidad en las comunicaciones entre ambos sectores, prolongando el conflicto.

Entre las principales reivindicaciones realizadas se encuentra la demarcación definitiva de los límites entre el departamento potosino y Oruro, en particular por la jurisdicción del Cerro Pahua, la cual es disputada por ambos distritos. Esta cuestión responde a los intereses económicos que suscitó el descubrimiento de yacimientos de piedra caliza en esa zona. La explotación de estos recursos para la producción de cemento y la posibilidad de que una fábrica de este material se instale en dichos territorios ha sido el factor desencadenante del conflicto.

Otro de los temas centrales en la disputa se asienta en el pedido de medidas que promuevan un mayor desarrollo regional, considerando que es una zona con altos niveles de pobreza. En este marco, también se observan reclamos referidos a la preservación del Cerro Rico, el cual está en condiciones próximas al derrumbe. Vale la pena recordar que el Cerro Rico es la mina de plata explotada por los conquistadores españoles hace cinco siglos. Desde ese entonces, en el yacimiento nunca se interrumpió la extracción del mineral. A estas alturas, el Cerro Rico es prácticamente una cáscara hueca que corre el riesgo de colapsar, con el consiguiente peligro que este colapso representa para las poblaciones linderas. Otra de las demandas pasa por la reactivación de una planta metalúrgica local de gran relevancia para la zona, cuya principal actividad históricamente ha sido la minería.

Los reclamos abarcan, a su vez, la construcción de un aeropuerto internacional, al igual que el tendido de nuevos caminos para mejorar tanto la comunicación como el intercambio comercial del departamento para con el resto de Bolivia y países vecinos.

Luego de arduas negociaciones mantenidas entre los dirigentes potosinos y los representantes del gobierno nacional –llevadas a cabo durante los días 13 al 16 de agosto en la ciudad de Sucre– se alcanzaron a firmar una serie de acuerdos para la mayoría de las demandas presentadas por los potosinos. De esta forma, se acordó que una comisión mixta estará encargada de trabajar sobre el conflicto territorial con Oruro, se ratificó la declaración de prioridad nacional para la construcción de un aeropuerto y el Gobierno se comprometió a la reactivación de la planta de zinc y plata de Karachipampa. Sobre el pedido de estabilización del Cerro Rico, la decisión fue conformar un comité interinstitucional para estudiar su viabilidad. Quedando pendientes para su posterior tratamiento la construcción de nuevos caminos y rutas. Estos acuerdos fueron bien recibidos al interior de la población local, producto de lo cual se levantaron las huelgas y protestas, devolviendo la normalidad a las distintas localidades de Potosí.

Se debe tener en cuenta que el conflicto potosino se enmarca en un contexto más amplio de controversias al interior de Bolivia, las cuales van desde las críticas que realizan diferentes organizaciones indígenas hacia la política gubernamental de explotación de recursos naturales, hasta los reclamos sindicales que dieron inicio a una ola de reivindicaciones a nivel nacional encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) junto con otras federaciones.

Sin lugar a dudas, la política interna de Bolivia se ve por momentos convulsionada ante la escalada de protestas y reclamos para con el gobierno, provenientes de diversos sectores sociales, muchos de ellos sectores tradicionalmente aliados al proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS) que conduce Evo Morales. En particular, se destaca que Potosí es uno de los centros de apoyo electoral centrales de del actual primer mandatario, en el cual recogió el 78% de los votos durante las elecciones de diciembre pasado.

Justamente es este punto el que llama la atención a diversos allegados a la administración, y al propio Presidente boliviano, el cual calificó a la protesta de Potosí –previo acuerdo con los dirigentes de Comcipo– de “conspiración” contra su gobierno. Más allá de los motivos que desataron la crisis interdepartamental y la posterior movilización, no es menos cierto que otros actores, siempre latentes, han promovido la implementación de medidas de presión y el fomento de huelgas destinadas a desestabilizar al gobierno de Evo aún no desaparecen de escena y se muestran vinculadas con diversos sectores políticos y económicos opositores al proyecto del MAS.

¿Podrá el gobierno de Evo Morales contener y superar la fuerte conflictividad que por momentos se apodera de Bolivia? ¿Podrá el líder conservar su principal base social de apoyo ante el recrudecimiento de las demandas económicos–sociales insatisfechas? Son sólo algunas de las preguntas, y por lo tanto de los desafíos, que deberá afrontar la actual conducción nacional para definir el futuro y la continuidad del proyecto del MAS en el poder.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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Finalizada la crisis entre Colombia y Venezuela, se hace necesario reflexionar con mayor profundidad sobre las causas, condicionantes, intereses, estrategias y posibles escenarios futuros, tanto en la relación entre ambos países como de la capacidad de la región para la resolución autónoma de sus conflictos frente a la estrategia de militarización de espacios estratégicos latinoamericanos desplegada por Estados Unidos.

La reciente crisis entre Colombia y Venezuela, suscitada en torno a las acusaciones del ahora ex presidente Álvaro Uribe de la presencia de efectivos de las FARC en territorio venezolano y la posterior ruptura de relaciones por parte del gobierno de Hugo Chávez, puede ser visualizada como un ejemplo de la presencia de variables tanto de índole global, como local. En principio, su basamento en necesidades internas alimentadas por divergencias ideológicas apuntalan dinámicas de conflicto que les son funcionales, corroborando además un fenómeno de mayor espectro como la estrecha vinculación entre variables internas y externas, noción acuñada hace casi cuatro décadas pero internalizada en los últimos tiempos con el nombre de “políticas intermésticas”. Si bien este es un escenario que conlleva un riesgo inherente de desestabilización, en tanto la cantidad de variables en juego, el feliz desenlace del conflicto, a partir de la mediación de UNASUR, puede ser una muestra de la confirmación en sentido positivo de otra de las tendencias presentes en nuestra región: la búsqueda de instrumentos de resolución autónoma de conflictos, en este caso con características peculiares que se alejan de una visión institucionalizada y que, sin embargo, fortalecen a la institución misma a partir de su éxito.

Puede decirse que el desencadenamiento de la crisis es consecuencia de procesos previos de conflicto entre ambos países. Debe recordarse que las relaciones bilaterales comenzaron a deteriorarse en 2008, tras el ataque del ejército colombiano sobre campamentos de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, lo que derivó también en la ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador. Este hecho, sumado al acuerdo entre Bogotá y Washington para el uso de siete bases militares colombianas, contribuyó a fortalecer la percepción del presidente Hugo Chávez en cuanto a una eventual hipótesis de conflicto con Colombia, en tanto aliada de EEUU y recipiendaria de ayuda económica y militar por parte de Washington. Del lado colombiano, tanto las versiones en torno al soporte económico de Chávez a las FARC como su imagen de referencia ideológica obligada al interior de la guerrilla tuvieron un efecto similar tanto en el gobierno como en la opinión pública colombiana, lo que pareció confirmarse dado su papel preponderante durante la primera etapa de la cesión unilateral de rehenes por parte de las FARC. De esta manera se configuró un eje de tensión creciente entre actores con percepciones contrarias y permeadas ideológicamente, conformándose así un conflicto cuyos puntos más álgidos fueron la ruptura de las relaciones comerciales por parte de Venezuela en 2008 tras la aprobación del acuerdo militar colombo–norteamericano. La confluencia de estos eventos puede ser vista como el caldo de cultivo para la reciente crisis bilateral.

Sin embargo, las necesidades políticas internas también tuvieron su rol en el desarrollo de la misma. Es un hecho cierto que las acusaciones de la presencia de guerrilleros en territorio venezolano se repitieron durante los últimos años del gobierno de Uribe, sin que esto cobrara mayor significación dentro del cuadro arriba descripto. El hecho de que haya sido diferente a finales de julio respondió en gran medida a los imperativos de la política interna en ambos países. En efecto, Colombia se encontraba a las puertas de un cambio de gestión –a dos semanas de la asunción de Juan Manuel Santos como sucesor de Uribe– por lo que la acusación ante la OEA fue visualizada como un intento de condicionar la agenda externa del presidente electo, la cual contemplaba el reinicio de las relaciones diplomáticas con Venezuela en el plano externo así como también un enfoque interno centrado en el desarrollo económico. Este era un enfoque alejado de la impronta militarista y securitaria enfocada en el combate a las FARC que permeó la presidencia de Uribe. Esta agenda representó uno de tantos gestos de Santos en busca de otorgar a su presidencia una identidad distintiva de la de su antecesor, habida cuenta de su paso como Ministro de Defensa del gobierno saliente. Estos gestos incluyeron un acercamiento no sólo con Venezuela en lo externo, sino también con el propio pleno del Congreso colombiano y la Corte Constitucional, actores políticos en constante pugna con Uribe. Todos estos movimientos, en fin, dieron forma a un clima de pugnas internas entre presidente saliente y entrante, aún compartiendo ambos un mismo marco ideológico y político. El último acto de gobierno de Uribe –traducido en la presentación de la misma acusación a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional y a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos– puede comprenderse mejor si se atiende a aquella voluntad de condicionar los márgenes de maniobra externos de su sucesor.

Del lado de Hugo Chávez, la imputación de albergar a guerrilleros en territorio venezolano fue funcional a su habitual retórica antagonista, debiendo lidiar con un panorama interno mucho más complicado que el de su vecino. En términos económicos debe enfrentarse con un 30% de inflación, caída del 3,3% del PBI interanual y en términos políticos con la inseguridad como tema central, teniendo como punto de mira las elecciones parlamentarias de septiembre, en las que la oposición, si bien aún fragmentada, parece mejor posicionada que en años anteriores. Este escenario permite entender la guerra de declaraciones que se extendió por dos semanas, ejercicio destinado tanto a afrontar situaciones políticas complejas (de hecho, se renovaron las amenazas de cierre contra emisoras de televisión) como a la llana y simple medición de fuerzas entre uno y otro país.

De esta manera, el llamado “Acuerdo de Santa Marta”, que puso un cierre a este capítulo en las relaciones colombo-venezolanas con la mediación de UNASUR, da cuenta de los objetivos principales de la agenda externa de Santos: la restitución de las relaciones con Venezuela y Ecuador y la voluntad de mayor integración con la región, distanciándose claramente de Uribe. Asimismo, permite a Chávez presentarse como el triunfador en aquella pugna de fuerzas ante su sociedad. No obstante ello, el punto crucial del acuerdo pasa por el lado económico: desde la ruptura de relaciones comerciales en 2008, el comercio bilateral entre ambos disminuyó un 70%, pasando de un monto de U$S7.200 millones a tan solo U$S 2.400. Si bien ambos se han visto perjudicados, el principal damnificado ha sido el lado venezolano, dado el hecho que Colombia es su principal socio comercial y que se encuentra en medio de serios problemas de abastecimiento.

En la resolución del conflicto, más allá de la voluntad de ambos mandatarios de arribar a un acuerdo, debe destacarse tanto el accionar de UNASUR como el rol de Brasil y Argentina en la mediación. Si la intervención concertada entre ambos países, con las reuniones mantenidas a principios de mes tanto con Santos como con Chávez o su ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, reforzaron la función natural de ambos países en tanto interlocutores regionales naturales, el éxito de UNASUR confirmó las tendencias presentes en la región en cuanto al fortalecimiento de instancias autónomas de resolución política de conflictos, dejando sin fundamentos el argumento de la carencia de peso político de la UNASUR ante la ausencia de una institucionalidad más fortalecida. En cuanto a este punto, si bien es cierto que podría adquirir mayor densidad política con la ratificación de su tratado constitutivo por parte del grueso de la región (en la Cumbre de Quito se obtuvo la sexta firma, de parte de Argentina), los éxitos anteriores en el caso boliviano en 2008 y en el conflicto entre Colombia y Ecuador en 2009 sirvieron como antecedente para validar la intervención.

Debe destacarse, además, que la misma contó con la particularidad de la preeminencia de las reuniones bilaterales por sobre las plenarias. Esto tiene que ver tanto con la lectura de la coyuntura regional, en la que prevaleció el consenso en cuanto a esperar la asunción de Santos, como con el estilo de su Secretario General, Néstor Kirchner. Aquí puede verse otro de los elementos presentes en el conflicto: el papel de los perfiles individuales de los actores. La apuesta de Kirchner por la vía bilateral fue riesgosa. Se lo acusó de boicotear la reunión de Cancilleres de UNASUR en Quito (la cual no llegó a resultados concretos, en parte por el creciente aislamiento del saliente gobierno colombiano), así como también de cierta parsimonia en sus gestiones. Tanto la ausencia del ex presidente en Quito, como el compás de espera en los días previos a la asunción de Santos constituyeron una apuesta de promover una sintonía fina entre Chávez y Santos. Ambos venían prodigándose gestos de acercamiento, los cuales fueron aprovechados por Kirchner en sus gestiones. Este marco no pasó desapercibido para ninguno de los involucrados y contribuyó en gran medida al éxito de la mediación.

El creciente papel de UNASUR y de instancias similares como el Grupo de Río también encuentran su origen en la cada vez más extendida percepción de la OEA como una organización con cada vez menor capacidad para solventar conflictos regionales, en tanto constituiría un foro de expresión de la voluntad de Estados Unidos y de sus políticas regionales. Es evidente que la crisis regional desatada por el golpe de estado en Honduras y la incapacidad de la OEA de promover una solución aceptada por la región en su conjunto son antecedentes que se conjugan con una creciente desilusión con la prioridad y el sesgo de las políticas hacia América del Sur otorgado el presidente estadounidense Barack Obama. Las bases militares en Colombia y el traslado de la base de Manta (Ecuador) hacia la ciudad amazónica de Iquitos (Perú) son dos ejemplos de cuán lejos quedaron las expectativas despertadas en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. El apoyo norteamericano a las acusaciones de Bogotá contribuyó aún más a la percepción de la OEA como caja de resonancia de los países aliados a EEUU, confirmando que la oportunidad perdida de aprovechar el “momento multilateral” regional le ha costado un precio político enorme. Estas acusaciones, por lo demás, no sólo obedecen a necesidades coyunturales del momento. En rigor, conforman uno más de los repetidos intentos de Colombia de imponer en la agenda regional el problema de las FARC. Debe señalarse que estos intentos no han sido siempre en foros institucionalizados, sino que otras veces ha primado la política de los hechos consumados. El caso del ataque a territorio ecuatoriano en 2008, por ejemplo, fue visualizado ampliamente como parte de una estrategia orientada a promover la doctrina de los ataques preventivos en la región. Habrá que ver si el gobierno de Santos promueve otras herramientas.

La solución de la crisis sirvió para descomprimir tensiones entre ambos países, pero existen cuestiones que permanecen irresueltas. Los reclamos del empresariado colombiano en cuanto a la deuda venezolana es una de las cuestiones contempladas en el acuerdo. Además, la acusación colombiana en la CIDH seguirá su curso, y las FARC no han sido derrotadas aún. El atentado con bomba en las instalaciones de Cadena Caracol así lo prueba. Un problema concomitante que el acuerdo no contempla es el de los refugiados por causa de la guerrilla, problema de la mayor importancia para Ecuador y también para Brasil, cuyo ejército ya ha registrado combates contra los intentos de penetración de las FARC. El conflicto en sí mismo, y sus consecuencias, nos hablan de un fenómeno de transnacionalización del conflicto colombiano a los países limítrofes. Pero sobre todo, habrá que esperar al corto plazo para comprobar la fuerza de lo firmado en Santa Marta. Esto es, al resultado de las elecciones legislativas de septiembre en Venezuela, en la que un resultado poco auspicioso para Hugo Chávez podría poner en riesgo lo acordado, cuestiones cuyo abordaje exitoso representará un verdadero desafío a futuro para las nuevas instancias de concertación regionales.

(*) Analista Internacional de la FUndación para la Integración Federal

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La Ley Antiinmigratoria de Arizona disparó nuevamente el debate sobre el tema migratorio en la opinión pública mundial. Un fenómeno discriminatorio que no es patrimonio exclusivo de los Estados Unidos, pero que pone en evidencia que las precarias condiciones sociales y la obcena concentración de la riqueza derivan en consecuencias que terminan por generar problemas sociales nuevos en los países centrales a los que se les da una respuesta represiva antes que constructiva.

El 19 de abril el Senado de Arizona aprobó una amplia ley antiinmigratoria que desató una tormenta de indignación en todos aquellos sectores que abogan por el respeto a los derechos civiles, entre ellos, las comunidades inmigrantes de Estados Unidos y todos aquellos que a nivel mundial se solidarizan con ellas. En este sentido, la controvertida ley de Arizona viene siendo tema de debate hace ya 4 meses tanto a nivel nacional en Estados Unidos en una disputa que ha enfrentado al Estado de Arizona con el gobierno federal, y a nivel internacional, que afecta sobre todo la relación especial que mantiene el gigante con México, su principal socio en América Latina.

La ley de Arizona SB107, requiere que la policía compruebe el status migratorio de toda persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito (como una simple como una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal) que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. La policía puede de acuerdo a esa ley mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer la comprobación.

Bajo esta ley será un delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y local de leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra los que alberguen, contraten y transporten a extranjeros ilegales. Asimismo, convierte en criminal a cualquier trabajador inmigrante colocando en una situación de desamparo a cientos de miles indocumentados mexicanos. Su carácter racista se puede ver reflejado en el apartado de la ley que sostiene que todo oficial de policía puede requerir su documentación a cualquier persona sobre la que tenga una “sospecha fundada de ser un inmigrante ilegal” lo cual es lo mismo que decir que alguien puede ser requisado y detenido utilizando un argumento de “portación de cara”, es decir su aspecto latino, o su “perfil sospechoso”. Esta medida ha desatado una serie de detenciones y ataques contra inmigrantes ilegales en Arizona y la frontera con México y se teme que continúen tomas de postura rígidas sobre el tema migratorio, apoyadas por los conservadores sociales, quienes se enfrentan a lo que perciben como un declive moral y cultural de la sociedad. Básicamente, la ley convierte en delito el hecho de ser un Sans Papier y pone en peligro el respeto de los derechos fundamentales, incluso de ciudadanos legales estadounidenses.

Repasando un poco la historia, en el siglo XIX el territorio del norte de México –hoy sudoeste estadounidense– fue colonizado para ser luego anexado. Paradójicamente, Arizona forma parte del territorio arrebatado a México en 1853 y es quien intenta a expulsar a los mexicanos en un vaivén histórico entre dos países que, próximos geográficamente, tienen sin embargo una historia y cultura distintas.

Dentro de los Estados que forman parte de lo que se ha denominado el “Sun Belt” (cinturón del sol) bastión mas importante del conservadurismo, Arizona comparte una frontera internacional de 626 Km. de longitud con los estados de Sonora y Baja California en México, siendo además una de las principales puertas de los emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos.

Si nos preguntamos por el porqué de la ley, se puede considerar a está dentro de la vanguardia de un movimiento para intensificar la criminalización de inmigrantes indocumentados. Este tipo de medidas y tomas de posición se inscriben en un oleaje xenófobo de los sectores ultraconservadores que se repiten en distintos estados de EEUU.

La principal defensora de esa ley, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, es la nueva heroína de la derecha, una de las favoritas del movimiento conservador Tea Party, que junto con otras personalidades políticas como el Sheriff Joe Arpaio (figura clave de la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona) y el Senador John McCain patrocinaron y defendieron esta ley como una de sus principales banderas políticas.

Ya en su libro “Who Are We: The Challenges to America's National Identity” publicado en el año 2004 Samuel Huntington advertía sobre las consecuencias negativas de la inmigración latina a la cual veía como una amenaza para la unidad de la identidad (cultural, social y étnica) de EEUU. El temor del autor es que la sociedad estadounidense se convierta en una sociedad escindida, con colectividades distintas y separadas, procedente de diferentes civilizaciones.

El problema demográfico que enfrenta hoy Estados Unidos, sumado a la idea sostenida por algunos sectores de la elite estadounidense de una cultura WASP (White Anglosaxony Protestant) hace la inmigración sea considerada como una fuerza fragmentaria dentro de la sociedad norteamericana.

A nivel nacional la disputa ha girado en torno a quien tiene la facultad para dictar leyes que regulen el tema migratorio, si los estados o el gobierno federal. El gobierno de Barack Obama apeló la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre materias como la inmigración, reservada exclusivamente a las autoridades federales.

Importantes representantes del propio Gobierno de los Estados Unidos de America la han calificado como "una violación de los derechos civiles", "una suerte de apartheid" y han afirmado que "su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas"

La justicia decidió en un último minuto suspender temporalmente los artículos más controvertidos, sobre todo aquel que criminaliza la inmigración ilegal. Se ordenó el bloqueo de 3 provisiones clave incluida la obligación de los agentes de policía de comprobar la situación migratoria de una persona que haya sido detenida por otras razones. También la aplicación de otro apartado que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentran de forma legal en el país.

Por estos motivos, y hasta el momento, el triunfo ha estado del lado del gobierno de Obama, después del bloqueo de las partes más controvertidas de la ley. Esta victoria judicial, sin embargo, no ha cancelado el debate en la arena política, y es una batalla que podría influir decisivamente en las elecciones legislativas de noviembre.

La determinación judicial que se comenta es saludada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos y por activistas e integrantes de organizaciones defensoras de migrantes. Constituye un hecho positivo por cuanto conjura, en lo inmediato, la entrada en vigor de disposiciones que otorgan cobertura legal al racismo y convierten a las propias autoridades del vecino país en factores de atropello a las garantías y libertades individuales.

Con todo, los activistas han declarado que el bloqueo de la ley no es una victoria, sino más bien un alivio. Según ellos, la determinación resulta insuficiente para revertir la intensificación de sentimientos xenófobos que actualmente tienen lugar en EEUU y que no se presentan solo en marcos jurídicos sino también fuera de ellos.

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que las políticas migratorias llevadas adelante por Estados Unidos (así como en la mayoría de los países centrales que son aquellos que reciben el mayor flujo migratorio a nivel mundial y al que consideran como una amenaza a su seguridad) son políticas puramente reactivas y discriminatorias, generalmente basadas en leyes o decretos que tienen una operatividad meramente policial y represiva que obvia la mayoría de las veces el estándar mínimo de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Sean estos ilegales, con permiso de residencia vencidos o sean refugiados, tienen derecho a un trato respetuoso en virtud de las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por otro lado, las diferencias entre los países centrales y periféricos en lo que respecta a standars de vida y el conocimiento de las distintas realidades a través de los medios masivos de comunicación estimulan a las personas a emigrar en búsqueda de mejores oportunidades económicas. En este caso los inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos en búsqueda de su propio Sueño Americano, terminan encontrando en su lugar de ello una suerte de Pesadilla Americana enfrentando situaciones de absoluto desamparo legal y siendo víctimas de la discriminación más descarnada.

En definitiva, las políticas macroeconómicas nacionales e internacionales y sus efectos sobre el nivel de desarrollo relativo de los países y las diferentes posibilidades de subsistencia de sus habitantes son las que tendrán la última palabra sobre el curso del desarrollo de los flujos migratorios.

Es la falta de respuestas político-sociales de los gobiernos frente a las migraciones lo que hace que el fenómeno adquiera tanta magnitud. La paradoja se manifiesta en que el intento por desarrollar políticas que carecen de legitimidad entran en contradicción con principios políticos y económicos asumidos internacionalmente, lo que termina generando que esas mismas medidas restrictivas conduzcan, a su vez, a que las migraciones ilegales se acentúen, agudizando todavía más el problema.

Una nueva legislación debería contemplar aspectos preventivos, políticas comunes con los países de origen de los migrantes que contemplen el desarrollo de los pueblos como vía de solución al problema migratorio.

No olvidemos que muchos empresarios estadounidenses instalan sus fabricas en países subdesarrollados donde buscan lograr el máximo beneficio como resultado de impuestos bajos y mano de obra barata, así como también la contratación en el propio Estados Unidos de inmigrantes ilegales que aceptan salarios y condiciones laborales que los ciudadanos estadounidenses no aceptarían. La mayoría de las veces estos empresarios o personas particulares no son sancionados, mientras que todo el peso de las penas recae sobre los inmigrantes. Es por lo tanto pertinente articular políticas consensuadas y de cooperación entre los países involucrados dentro el respeto a los derechos humanos.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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La presente conyuntura política argentina registra circunstancias excepcionales que merecen ser analizadas no sólo en el día a día, sino en lo que se proyecta hacia el futuro y en las reales posibilidades de transformación que pueden proponer las fuerzas opositoras.

No descubrimos nada nuevo si afirmamos que el momento político que vive la Argentina es de una excepcionalidad histórica, ya que muchas son las verdades de antaño que han sido puestas bajo cuestionamiento. Temas que eran tabú o personajes que aparecían como intocables o impolutos, son revisados desde una nueva perspectiva profundizando, ahora sí, contradicciones que algún tiempo atrás eran imposibles de imaginar.

De lo que los tiempos presentes nos hablan, entre otras tantas cosas, aún de manera algo imperceptible, es de las renuncias. Pero no tanto de las renuncias actuales y cotidianas de las que están expuestas a la vista de todo el mundo, sino de las que vienen, de las futuras, de lo que ya no podrá ser. Y, vale decirlo, existen varios tipos de renuncias. Las hay aparentemente menores, y las hay mucho más notorias y explícitas, involucrando a actores de peso y a personajes de todo pelaje. Revisemos algunas.

Por ejemplo, en términos político mediáticos, la Argentina de los ’90 tuvo una característica distintiva. La cruda implementación del modelo neoliberal, sumado a la corrupción estructural del sistema, hicieron visible una forma de práctica periodística (autodefinida como progresista), que mostraba alguna característica binaria de la vida pública: de un lado el poder, enfermo y corrupto y del otro una actitud del periodismo que lo denunciaba y que se mostraba como defensor de los devenires ciudadanos.

Detalles más, detalles menos, algunos medios y personajes de la comunicación ganaron en prestigio, a partir de esa actitud que se extendió al conjunto del sistema sin tener en cuenta que algunos vicios no eran exclusivos del sistema político sino de la sociedad misma. Egos personales, canjes, omisiones públicas a cambio de publicidad oficial, demagogia con el receptor del mensaje, pertenencia a medios que tenían el pasado bastante oscurecido; conformaron un escenario en el cual algunos personajes se transformaron, por obra y gracia de la débil democracia argentina, en fiscales de la Nación sin que ninguno de nosotros les hubiéramos asignado tal título.

Hoy, cuando se ponen en debate justamente ése pasado de algunos medios y lo que es más tangible, el accionar de algunos poderosos hombres, parte de ese progresismo mediático le corre el cuerpo a la discusión profunda y sistémica y sale a gritar de manera desaforada, “libertad de expresión, libertad de expresión”, cuando en realidad, nadie ha visto cercenado su derecho a la libre expresión. El grito de la supuesta falta de libertad demuestra que cada uno dice lo que se le ocurre.

Allí hay otra renuncia. Y tampoco es del presente sino del futuro. Con el paso del tiempo, ¿cuán creíbles podrán ser estos profesionales de la comunicación? ¿Ante qué poder se opondrán firmemente? Si, según Jorge Lanata, Clarín hoy representa a los débiles, en un hipotético triunfo de la disputa que el grupo mediático más importante del país sostiene con el kirchnerismo, ¿cómo abordará mañana el fundador de Página 12 las ambiciones de poder de Magneto y su gente? Ya no importan las peleas del pasado ni las que cada uno de nosotros haya librado, sino que preocupan quienes ejercerán el control crítico que naturalmente ejerce el periodismo.

Pero hay renuncias mayores aún. Y tiene que ver con las que lenta pero inexorablemente comienzan a poner en práctica los diferentes actores del sistema político que pretenden ser una alternativa de cambio respecto de la fuerza K.

Que Patricia Bullrich diga las cosas que dice no debe sorprendernos del todo porque, en definitiva, su historia política muestra que siempre se ha acomodado por el lado que calentaba el sol.

Que Elisa Carrió prediga el enésimo apocalipsis que luego no se cumplirá tampoco es un elemento digno de mención, ya que la ex periférica, en los últimos años se ha perfeccionado en esto de las visiones extremas de los problemas políticos, sociales y económicos.

Ni que hablar de personajes tan bizarramente contradictorios como Mauricio Macri que apenas un año atrás desechó a Fibertel como prestador de servicios de internet para el ámbito público de la ciudad de Buenos Aires porque no cumplía con lo que hoy reclama el Poder Ejecutivo Nacional; pero que afirma muy suelto de cuerpo que aquello que hace la administración K con la otrora empresa perteneciente al grupo Clarín, “viola los derechos de la gente”.

De los personajes nombrados nada se espera porque, como dijimos líneas más arriba, su historia política está a la vista. Lo que a uno le preocupa, y mucho, es que las fuerzas de centroizquierda como Proyecto Sur se comporten de manera tan oportunista con el sólo fin de minar la acción política del gobierno.

Que su referente más importante, ejemplo de trabajo y militancia en el ámbito de la cultura, autor de obras tales como La hora de los hornos, afirme que se vuelve loco ante la posibilidad de corte del servicio de Fibertel, es algo que debe preocuparnos y mucho. Y no hacemos hincapié en esto porque se quiera desgastar la figura de un opositor sino porque simplemente, creemos que es desde la centroizquierda desde donde puede pensarse al país transformado.

No se espera nada de quienes han sido cómplices del desastre argentino de los ’90 ni de quienes reivindican la Argentina del modelo agro exportador, ni de quienes se enriquecieron con la torpeza del estado bobo que imperó durante tres décadas; sino que se espera de aquellos que siempre han cuestionado el orden imperante siendo coherentes en idea y acción.

Si revisar la historia de una empresa que provee servicios de internet leva a decir a Fernando Solanas que la libertad de expresión está en juego, el escenario futuro está complicado. La idea de transformación nace renga, y las tormentas de cambio que se proponen sólo serán brisas de cálidas noches de verano.

En esta forma de pensar el cambio, alineados a la historia algunos grupos mediáticos, siendo interlocutores de personajes de la talla de Mariano Grondona, la semilla de la transformación jamás nacerá en los hechos y sólo será retórica vacía y hueca, como muchas veces ha ocurrido en la Argentina. Y de allí a la decepción hay nada más que un paso. Otra renuncia más. Esperemos que sea la última.

(*) Lic. en Ciencia Política. Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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Una mirada sobre el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos. Su vinculación con el aumento de los niveles de violencia en deferentes zonas mexicanas. La expansión del narcotráfico como catalizador de esa violencia y la falta de respuestas del Estado ante este círculo vicioso.

Quienes hayan tenido oportunidad de ver la película llamada “Un día sin mexicanos” notarán que la misma aborda de forma irónica la problemática de la inmigración latina, sobre todo mexicana, en los Estados Unidos y, como otras tantas películas han intentado hacerlo, busca darle la vuelta al prisma para pensar cómo sería la vida del ciudadano promedio de clase media-alta norteamericano si no estuvieran aquellos que día a día “hacen las cosas que ellos no quieren hacer”.

No obstante, esta película, que nos sirve a modo de ejemplo y puntapié inicial para abordar el tema, nos enseña la mirada más “tradicional” acerca de esta cuestión. Es decir, la vinculación del fenómeno migratorio entre ambos países relacionado con la búsqueda de trabajo o el flujo de mano de obra no calificada y barata a través de las fronteras nacionales. En resumidas cuentas, una serie de causalidades fundamentalmente de carácter económico.

Como sabemos, el problema de la migración mexicana hacia los Estados Unidos es de larga data. No sólo es un problema interno norteamericano, sino que con el paso del tiempo se ha acentuado su carácter de asunto de agenda bilateral entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca.

El debate sobre qué hacer con los inmigrantes, qué trato darles o cómo mitigar el ingreso ilegal está al tope de las agendas así como de las tapas de los principales medios. Asimismo, históricamente a la pregunta de “por qué” migran se contestó que generalmente los flujos migratorios responden a la persecución del tan mentado “sueño americano”. No obstante, lo que se suele perder de vista por estos días es que los flujos migratorios siguen incrementándose incluso pese a las duras medidas aplicadas en Estados Unidos y el rechazo de la población norteamericana a estos grupos migrantes y que además se han visto diversificados en cuanto a quiénes migran. Ante esta situación, se nos presenta un elemento de público conocimiento que, sin embargo, a veces parece verse inconexo con la cuestión migratoria en la frontera mexicano – norteamericana. Nos referimos a la violencia al interior de las fronteras de México que empujan cada vez más a muchos ciudadanos a buscar la salida presurosa del país.

Estos migrantes ya son llamados por algunos analistas como los “nuevos refugiados”, que al igual que ocurre con el fenómeno migratorio africano, son expulsados de sus países no sólo por cuestiones económicas sino ahora también por el incesante aumento de las condiciones violentas en su contexto social nacional.

Lo paradójico de esta nueva corriente migratoria es que ya no se trata de una migración por necesidades básicas insatisfechas o motivada por la búsqueda de empleo, sino más bien de familias mexicanas de ingresos entre medios y altos que también han comenzado el éxodo hacia el país vecino, incluso respetando todas las vías legales de solicitud de residencia.

Analizando puntualmente lo que se cree es una de las principales causas de esta nueva ola migratoria, cabe mencionar el caso de Ciudad Juárez, una de las ciudades cabeceras del norte del país y “zona caliente” de la frontera entre ambos países debido a los altos niveles delictivos y de violencia que se han registrado en los últimos años. Tan sólo en el año 2009 ocurrieron al menos 2000 asesinatos de manos del crimen organizado en Ciudad de Juárez y en el corriente año el crimen organizado ya se cobró la vida de al menos 83 policías donde la lucha anti-narcotráfico del estado mexicano obtiene cada vez menos resultados positivos.

Lo que aquí se plantea entonces no sólo es la vulnerabilidad de la ciudadanía, sino también, lo que es aún más grave, la vulnerabilidad de las propias fuerzas policiales, la cual refleja las crecientes dificultades del estado mexicano para ejercer el monopolio de la violencia legítima y el imperio de la ley. Como aditivo, el carácter del problema es transfronterizo y está destinado a tensar las relaciones bilaterales con el país vecino o, peor aún, permitir una injerencia todavía mayor de los Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos.

La figura de los llamados “sicarios” o asesinos a sueldo resulta emblemática en este panorama negativo que presenta una de las ciudades expulsora neta de migrantes. Asimismo, las cifras son cada día más alarmantes y crecen en forma permanente. Una semana atrás trascendió el hallazgo de los cuerpos sin vida de 72 personas en un rancho en el estado de Tamaulipas (norte del país), en el mayor delito de este tipo cometido en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico. A los asesinatos por encargo y las matanzas masivas se vino a sumar hace poco tiempo la modalidad de uso de coches bombas, fenómeno demostrado por la andanada de atentados de este tipo en el mismo estado durante el pasado fin de semana.

Quizá Ciudad Juárez sea hoy en día el caso más emblemático de la influencia que el narcotráfico como forma de crimen organizado ejerce sobre áreas en las que el Estado mexicano ya no puede brindar seguridad, ni física ni legal.

El Estado ha sido rebasado por los asesinatos, los secuestros y las decapitaciones y algunos analistas internacionales ya han comenzado a hablar de México como un Estado Fallido. Lo paradójico de la situación es que pese a la fluida colaboración del gobierno de Calderón con los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, no se ha logrado disminuir la presencia de este flagelo de las calles.

Algunas de las preguntas que surgen en consecuencia son ¿Por qué es importante México y por qué han proliferado estas actividades delictivas? Lo cierto es que éste tiene una ubicación geográfica estratégica debido a la cercanía con los Estados Unidos que, otra vez paradójicamente, no sólo es el principal combatiente del narcotráfico en el continente americano, sino también el principal mercado de destino y consumo de drogas; en este escenario, América Latina ha cumplido por décadas fundamentalmente un rol de paso.

Pero peor aún, la aparición en escena y auge de las llamadas drogas sintéticas tales como las anfetaminas y metanfetaminas, el gamahidroxibutirato (GHB), la ketamina, el LSD, el éxtasis o MDMA y otras drogas resultado de mezclas químicas, ha diversificado el mercado y ha posicionado a los Estados Unidos una vez más como el principal consumidor de éstas. Todo lo cual conllevó básicamente a tres cuestiones: en primer lugar, la búsqueda por parte de los cárteles de expandir el consumo al interior de las fronteras mexicanas y la consecuente lucha por el dominio de ese mercado para compensar la baja del consumo externo; en segundo lugar, la puja de los cárteles para ingresar al gigantesco mercado norteamericano con el “nuevo producto” – las drogas sintéticas – sorteando los cada vez más estrictos controles en la frontera con Estados Unidos. Finalmente, la disminución de los réditos de la comercialización de ciertas drogas a diferencia de antaño ha llevado a las organizaciones delictivas a diversificar las actividades ilícitas para compensar la disminución de las ganancias y es en este punto donde entran en juego los secuestros extorsivos y el contrabando, como actividades compensatorias de la merma en las ganancias.

Como consecuencia de lo antedicho, ahora estas organizaciones cuentan con sus propias normas internas, brazos armados y modalidades de acción que sobrepasan las estructuras del Estado y la capacidad de respuesta.

El presidente Felipe Calderón lanzó hace algunos años el Plan México 2030: Proyecto Gran Visión, sentado sobre la base de un Estado de Derecho fuerte y una economía pujante. Lo cierto es que – y nótese el parecido con el caso colombiano – a casi cuatro años del anuncio del mismo, poco se ha avanzado al respecto y el gobierno de Calderón pierde cada vez más posición frente a este fenómeno y ha debido modificar sobre la marcha muchas de sus metas de gestión, desdibujando la presencia del Estado de ciertas áreas para abocarlas al servicio de la seguridad.

El proyecto de Calderón posee cinco ejes: el Estado de Derecho y la seguridad pública; la noción de una economía competitiva y generadora de empleos; la igualdad de oportunidades; el desarrollo sustentable; la democracia efectiva y la política exterior responsable. Contempla un proceso de fortalecimiento de las estructuras del Estado y el recurso a la inversión pública y privadas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como áreas estratégicas para la gestión de una economía competitiva. No obstante, con los crecientes índices de violencia y el sorprendente aumento de los hechos delictivos del crimen organizado, el plan no sólo se ha visto entorpecido sino que además ha alimentado la sensación en la sociedad mexicana de que el rol que le da a la inversión privada - sumado al contexto interno actual - derivará en el saqueo de los recursos económicos del país a través del accionar de actores privados en las áreas temáticas donde el Estado no pueda participar con eficiencia, mientras se ocupa de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

De lo hasta aquí dicho se desprenden dos cuestiones: en primer lugar, que la hasta el momento ineficaz política de Calderón frente a este problema ha aceitado aún más los engranajes en la relación entre el Estado mexicano con ciertos sectores e intereses privados del vecino país; y que el gobierno mexicano depende cada vez más de la ayuda norteamericana para enfrentar este flagelo.

Ciudad Juárez en cierto modo se ha “colombianizado”, ha repetido imágenes que por tanto tiempo han sido moneda corriente en el país del ahora ex Presidente Álvaro Uribe. Y lo que es peor, ha cometido los mismos errores que los gobernantes de aquel país llevando a las calles una lucha militarizada contra el narcotráfico que mucho ha tenido de imprecisiones y ha impreso una psicosis y reticencia en la sociedad civil.

Una vez más un país de nuestro continente ha “importado” un modelo de defensa de la seguridad que, más allá de la trillada frase, ha mostrado en otra oportunidad que la historia se repite, una vez como tragedia y otra como farsa.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal