La emergencia de la crisis financiera griega ha puesto nuevamente en el centro del debate al rol del Estado como herramienta para hacerle frente a este tipo de procesos. El severo plan de ajuste estructural impuesto por el gobierno de Atenas parece ir a contramano de la experiencia vivida por la Argentina frente a un proceso de crisis similar vivido en el 2001. Entre estos extremos se alienarán las voluntades y las discusiones en los tiempos por venir.

No es simple hablar de economía cuando se hace desde el internacionalismo, por ejemplo. No sólo uno se ve amenazado por las imprecisiones que la misma falta de conceptos puede conllevar, sino que además se ve tentado obligadamente a imprimirle al debate una serie de dimensiones o conceptos de la disciplina propia que tienden a enriquecer el análisis pero a la vez, quizá, complejizarlo.

Ahora bien, a menudo se pierde de vista que el mismo carácter de la Economía como ciencia social nos permite realizar este juego interesante de percepciones acerca de la coyuntura, en este caso internacional. La Economía entonces es concebida aquí, en su sentido más amplio, como aquella que estudia las relaciones sociales vinculadas a los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Esos mismos procesos son los que de forma reciente se vieron fuertemente convulsionados en todo el mundo, fundamentalmente en Europa Occidental y los Estados Unidos.

Como consecuencia de este factor de cambio, el mundo actual enfrenta hace ya algunos meses el dilema de la reconfiguración del sistema financiero internacional en relación a la crisis financiera que tuvo su epicentro más álgido durante el pasado año, en los países más desarrollados de Occidente, la cual aún hoy hace sentir sus efectos.

En adición a lo dicho, hay dos hechos internacionales de carácter muy reciente que han reflotado el debate sobre la función del Estado-Nación en los procesos de crisis económica y, en consecuencia, social. Por un lado, nos referimos a la angustiosa crisis de Grecia, que muchos hoy se animan a comparar con la afrontada por Argentina en el año 2001. Por otro lado, me refiero al resultado de las elecciones en Gran Bretaña días atrás, la cual le ha dado la victoria sin mayoría a David Cameron, del partido conservador. De confirmarse su candidatura, que por estas horas está en plena negociación con el partido que en segundo lugar más votos obtuvo (el partido Liberal-Demócrata), cabe preguntarse cómo afrontará esta crisis y qué medidas tomará, dada la histórica tendencia de los “Tories” a la aplicación de medidas como las del gobierno de Margaret Tatcher en los años ochenta y vinculadas al ajuste fiscal y una fuerte disminución del gasto público.

Pese a esta tradición en el manejo de la economía de los conservadores, por estos días la sociedad británica se ha visto contagiada por una gran dosis de esperanza directamente relacionada con este candidato que parece haberse llamado a la difícil tarea de “transformar” la sociedad británica de la mano de una mayor cercanía a las necesidades del pueblo, lo cual lo diferencia de otros actores políticos del conservadurismo de antaño.

Retomando la cuestión de la llamada “crisis financiera internacional”, podemos decir que el proceso iniciado hace ya más de un año, ha puesto sobre el tapete la discusión acerca del futuro del actual orden financiero internacional y algunos de los principales ejes rectores del mismo desde al menos la década de los ochenta. Se ha vuelto a discutir, en consecuencia, sobre el rol del Estado en épocas de crisis y sobre la pertinencia de medidas de ajuste estructural (lo que comúnmente se denominan “las recetas del FMI”) durante este tipo de períodos.

Asimismo, la situación actual ha puesto en evidencia la necesidad de que el Estado cuente con herramientas y políticas económicas que le permitan actuar frente a este tipo de crisis, en consideración de una minimización de los efectos negativos sobre el bienestar de la sociedad; es decir, la actual crisis demuestra una vez más, con casos como el de Grecia por ejemplo, la importancia de un Estado capaz de encontrar alternativas a planes que impliquen cambiar la economía del país a cambio de más préstamos y en detrimento de los intereses de su pueblo.

Pese a que experiencias como la nuestra demostraron que resulta ser mucho más efectivo que el Estado sostenga y, en la medida de lo posible, incremente el gasto público para reducir los efectos de las crisis, muchos países aún hoy siguen privilegiando este tipo de medidas incluso pese a que se ha demostrado su rol negativo en el largo plazo. Grecia es un ejemplo de ello: días atrás se anunciaron una serie de medidas destinadas a paliar la crisis. El núcleo principal de las mismas no fue otra cosa que un paquete de recortes y ajustes fiscales, sugerencia impuesta tanto por el FMI como por la Unión Europea - dos organizaciones de las cuales el país forma parte - a cambio de un mega salvataje económico.

El plan de ajuste aprobado por el Legislativo griego fue ideado para evitar la cesación de pagos, sin embargo produjo una fuerte caída en los mercados internacionales y una ola de protesta y violencia social en aquel país, sin precedentes en los últimos años. El mismo se propone ahorrar treinta mil millones de euros de aquí al año próximo inclusive, mediante la no muy feliz idea de incrementar impuestos, por un lado, y gravando en forma especial los bienes de lujo, por otro. Con respecto a la jubilación, se eleva la edad de las mujeres para el retiro, subiendo desde los actuales 60 años a los 65. Como si todo esto resultara poco, una norma legal que prohíbe el despido superior al 2% de la planta de trabajadores de las empresas será derogada, al tiempo que se reducirán los montos correspondientes a las indemnizaciones. Una receta “mágica” destinada a encender en llamas un país que agonizaba en las postrimerías de la estabilidad social, como nos mostraron los recientes hechos.

El plan de ajuste griego, que incluye el recorte de aguinaldos de funcionarios públicos y jubilados, congelamiento de salarios hasta el año 2013 en el sector público y una mayor flexibilización laboral para el sector privado - una serie de medidas que en épocas de crisis han fracasado en casi todos los casos aplicados - provocó violentas protestas en varias ciudades dejando un saldo de tres muertos, tras el incendio de un banco provocado por la ira de los manifestantes. Gran parte de este panorama quizá nos retrotraerá a la situación vivida por Argentina a comienzos de esta década; pero incluso para el caso argentino la voz popular habla de que era algo que “podría llegar a ocurrir”. Grecia por el contrario, ha desconcertado a todo el mundo. Pese a esta sorpresa, podemos afirmar que la economía griega venía dando señales hacía años, las cuales fueron sistemáticamente ignoradas tanto en el plano del gobierno nacional griego como en el marco de la Unión Europea. No en vano ahora muchos hablan de que “la crisis griega fue menospreciada”.

En el año 2002 el país tomó la trascendental decisión de sumarse a la Eurozona y abandonar su moneda nacional, la dracma griega. Desde entonces, su competitividad se vio diezmada dada la desventaja relativa de su economía en relación a los demás países bajo este signo monetario. Asimismo, la constante apreciación del Euro arruinó su principal actividad económica, el turismo, ya que el encarecimiento de la actividad de la mano de la nueva moneda hizo más baratos los destinos africanos, por ejemplo.

La crisis social desatada evidenció la necesidad de una coordinación más estrecha de las políticas económicas en la Eurozona, para garantizar que en el futuro haya una vigilancia más amplia y severa de la competitividad de los diferentes países, antes de ser incorporados a la misma o en pos de paliar los efectos negativos. En adición, manifestó la falta de transparencia de gobiernos como el helénico, dado que algunas de las principales causas de la crisis fueron: el gasto desmedido; el escaso rigor en el manejo de las cuentas públicas; la defraudación fiscal; pero sobre todo, el ocultamiento fiscal y la falsa información sobre las cuentas públicas en los últimos diez años, para lograr el ingreso griego a la Unión Monetaria Europea.

No conforme esto, ahora merodea el temido fantasma del efecto contagio en otros países de Europa. Se ha reflotado la denominación de PIGS - Portugal, Irlanda, Grecia y España, aunque la “I” podría resultar ser un comodín tanto para la situación de Irlanda como de Italia – que se creó hace al menos veinte años para denominar a un grupo de economías débiles y deficitarias europeas. Una vez más, dichas situaciones se repiten, con niveles históricos de desocupación – sobre todo en el caso español - economías deficitarias y estancadas y ascendentes brechas y demandas sociales – sobre todo en el caso italiano y ahora el griego.

Las recetas del FMI han sido duramente rechazadas en los últimos años en regiones como la nuestra. Aún así, han encontrado recepción en destinos más lejanos como Grecia, una vez más no como resultado de una política estatal seria y racional, sino como fruto de presiones destinadas a condicionar la salida de una crisis nacional, a cambio de un salvataje financiero.

Asimismo, la aplicación de la “receta griega” ha puesto bajo la lupa la solidaridad europea, debido sobre todo a la demora de Alemania para afrontar la decisión del envío de ayuda. Los condicionamientos impuestos para efectivizar la misma fueron hechos sin miramientos, dejando de lado no sólo los intereses y necesidades del pueblo griego sino también de las bases de su propio gobierno, el gobierno socialista de Karolos Papulias, quien hoy se ve en la difícil tarea de afrontar las consecuencias de malas decisiones de gobiernos pasados y un fuerte constreñimiento en el diseño de la agenda nacional marcado por la coyuntura.

Hoy toda Europa se enfrenta a un planteo que no pensó hacerse hace años atrás, el del rol del Estado y las medidas a tomar para afrontar crisis sistémicas e internas como las actuales. El futuro gobernante británico se encontrará en la misma situación y deberá ver en qué medida el camino del ajuste a cualquier precio puede ser sorteado en un contexto de crisis, cómo se sostiene el empleo, se reduce el gasto, cómo se afronta la caída de las variables económicas y financieras y, aún más importante, quién pagará el costo más alto con las decisiones del gobierno, si es que alguien lo debe hacer. En el caso de Grecia, el costo ha sido afrontado por el pueblo griego, en el caso de nuestro país fueron los argentinos durante años, en el caso de los británicos, todo está por verse. Dependerá de cuán vinculado pueda y quiera estar el Estado a todos los cambios venideros para afrontar la presente crisis y a la vez velar por el bienestar de su pueblo.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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Tras las elecciones legislativas del 2009, el intento de presentar el conglomerado opositor como una voz unívoca que le marcaría los límites al gobierno se fue desdibujando sostenidamente con el correr de los meses. Más allá de algunas derrotas iniciales como la conformación de las comisiones, el oficialismo fue encontrando el ritmo a la nueva dinámica legislativa, mientras que algunas de las fuerzas progresistas de centroizquierda parecen haber olvidado parte de las ideas que las llevaron al Congreso.

Los resultados de las elecciones legislativas de junio de 2009 dejaron varias lecturas políticas que trascendieron el mero análisis numérico de los votos. A grandes rasgos, hubo una que prevaleció sobre el resto y fue la que hicieron la mayoría de los grupos opositores en línea con los grandes medios. Se resume en el hecho de afirmar que el oficialismo nacional salió derrotado a partir de no haber obtenido la mayoría calificada de los votos, esto es, el 50% más 1 de los votos. Una aberración de tipo técnica ya que analiza como una única jurisdicción electoral lo que en realidad se define en 24 distritos provinciales.

Pero la práctica y dinámica políticas muchas veces van a contramano de lo que pueden decir las teorías y por lo tanto en el conjunto del sistema, como así también en la epidermis social quedó instalada la definición de que el oficialismo había sido derrotado cuando en realidad seguía siendo la primer minoría. A partir de esto, entonces, y como alguna camaleónica dirigente política lo definió, había surgido la existencia de dos grandes bloques políticos en la Argentina: el espacio oficialista y el ya famoso Grupo A.

En esas circunstancias, al definir al variado grupo opositor como una sola cosa, se le daba una entidad monocorde y unívoca que en sí misma no tenía. No fueron pocas las voces que objetaban esta mirada (esta columna no fue la excepción por cierto) no sólo por lo que suponen grupos absolutamente disímiles tanto en su aspecto ideológico como en su construcción política, sino por la ya clara tergiversación de lo que se suponían representaba el voto hacia algunos referentes.

Un ejemplo concreto y un detalle al paso. No fueron pocos los votantes de Proyecto Sur que se preguntaron qué hacía Solanas en algunas fotos con personajes impresentables de la política argentina sí, justamente, se lo había votado para que hiciera todo lo contrario. Y un detalle en relación con esto. Nunca se explicó desde este agrupamiento político cómo es que el conjunto de la fuerza participó del repudio de los afiches anónimos contra algunos operadores-periodistas en el Congreso de la Nación, mientras Carlos Del Frade, candidato a primer diputado en la Pcia. de Santa Fe, participaba como testigo del payasesco juicio popular que armaron algunas Madres de Plaza de Mayo allá por el mes de abril. Retomemos.

Pero como es sabido y reconocido por propios y ajenos, a poco de andar, esa famosa conformación identitaria del Grupo A empezó a crujir. Los sucesivos fracasos y las pequeñas derrotas que esta “forma” opositora comenzó a sufrir demostraron, más temprano que tarde, las dificultades que tienen aquellos que “sueñan” una realidad pretendiendo construir un parlamentarismo fáctico en un sistema claramente presidencialista en el plano legal, como así también en la consideración social.

Así, de a poco, y cual colibrí que trabaja las flores de una en una, el oficialismo ha logrado ir saliendo de algunas encerronas legislativas y mediáticas (más que nunca definible como el cuarto poder) y hacer virtud de la necesidad, ya no sólo en el campo legislativo sino también en la administración de la cosa pública, lo que hace afirmar, una vez más, que sigue manteniendo la iniciativa política.

La designación de Marcó del Pont al frente del Banco Central con la ajustada aprobación de la Cámara Alta; la media sanción del Senado de la Ley Verna que permite el pago de la deuda con reservas del Banco Central conteniendo un articulado muy parecido en su redacción a los alcances del ya famoso DNU Nº 298; la media sanción en Diputados al proyecto de ley de unión de personas de un mismo sexo que, más allá de la transversalidad que supone la votación, quedó inevitablemente ligado al oficialismo; la entrega de 250.000 netbooks a alumnos de escuelas públicas durante el año 2010; la designación de Néstor Kirchner como Secretario General de la UNASUR y la reciente refinanciación de deuda de las provincias que dejó quejándose en el aire a nuestra querida Santa Fe pegada en lo discursivo a esa “renovación política” que suponen las figuras de los hermanos Rodriguez Saá, comienzan a mostrar entre otras muchas situaciones un paulatino pero sostenido cambio de escenario.

Esta coyuntura es la que nos permite preguntarnos si estaremos ingresando en un proceso de “normalización” legislativa que se parezca más a lo que efectivamente muestran las proporcionalidades de cada Cámara que a lo que algunos actores institucionales y no institucionales desean. Y para sostener esto tenemos dos hechos puntuales, uno desde el lado de las sensaciones y otro desde el lado de la realidad de la política.

El primero, el de la percepción subjetiva, tiene que ver con las caras cada vez más frustradas (y cada vez más seguido) que muestran algunos opositores cada semana en las distintas sesiones legislativas, que hacia fines del año pasado y a comienzos de este, creían, lo decimos una vez más, que Argentina caminaba hacia un destino prefijado de alguna forma compleja de parlamentarismo, donde quienes eran minoría se transformaban de la noche a la mañana en los hacedores exclusivos de la cosa pública, imponían la agenda a través de los grandes medios (y viceversa) en un feedback digno de análisis de los más grandes analistas de la comunicación y transmitían, por lo tanto, el pronto final del proceso kirchnerista.

Otra digresión. Por allí anda en la grandes librerías un libro de recientísima publicación que analiza la vida política de los presidentes argentinos de la democracia y de su salida del poder, y tiene la para nada desdeñable pretensión de incluir a la administración de la Pta. Cristina Fernández cuando aún faltan 18 meses de gestión: pavada de visión la de su autor; pero habrá que esperar, no sea cosa que los libros terminen acomodando la pata de algún mueble vetusto y desvencijado. Retomemos.

La segunda cuestión, ya perteneciente a la realidad, es el anuncio del intento de conformación de un gran bloque de centroizquierda en la Cámara de Diputados y que estaría conformado por el GEN, el socialismo y Proyecto Sur entre otros, y que nuclearía a una veintena de legisladores resultando en la configuración de un tercer bloque que intentará tener un peso propio, alejándose de la Coalición Cívica y del Peronismo Federal.

Más allá de que se logre un efectivo armado, más allá de los planteos ideológicos que el grupo pueda sostener y más allá de la forma que decida pararse frente a las propuestas oficialistas, lo cierto y concreto es que su posible aparición en escena comienza a reflejar lo que más temprano que tarde iba a suceder: la innegable ligazón de algunos dirigentes reconocidos con algunos personajes impresentables de la democracia argentina genera más problemas que beneficios y resulta necesario articular algún cambio que, por lo menos en lo discursivo, haga que esta supuesta centroizquierda se parezca en algo a lo que declamaba antes del 28 de junio del año pasado.

Habrá que estar atentos también, y poner la mirada sobre el hecho concreto del repunte de la imagen oficialista a partir de algunas medidas concretas de clara orientación progresista. No sería de extrañar que a este conjunto de dirigentes les haya comenzado a preocupar esta variación de la percepción que se tiene sobre el oficialismo desde una parte de la sociedad y que todas las encuestas han comenzado a marcar, teniendo en cuenta que el espacio al cual puede aspirar el kirchnerismo para confirmarse como una opción real hacia 2011, sea el que representan las ideas de centroizquierda.

Tal vez para estos grupos la necesidad tenga cara de hereje y sea óptimo en este momento bajarse de una escalada que a la larga no les redundará muchos beneficios, ya que no necesariamente la superación de la etapa que seguiría al kirchnerismo venga acompañada por más y mejor centroizquierda. Sobre todo si se juega en la cancha, con las reglas, la pelota y el árbitro de la derecha más rancia y conservadora. Por cierto, la imagen del ahora republicano Solanas en el programa de Mariano Grondona, indigesta.

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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