Una mirada sobre el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos. Su vinculación con el aumento de los niveles de violencia en deferentes zonas mexicanas. La expansión del narcotráfico como catalizador de esa violencia y la falta de respuestas del Estado ante este círculo vicioso.

Quienes hayan tenido oportunidad de ver la película llamada “Un día sin mexicanos” notarán que la misma aborda de forma irónica la problemática de la inmigración latina, sobre todo mexicana, en los Estados Unidos y, como otras tantas películas han intentado hacerlo, busca darle la vuelta al prisma para pensar cómo sería la vida del ciudadano promedio de clase media-alta norteamericano si no estuvieran aquellos que día a día “hacen las cosas que ellos no quieren hacer”.

No obstante, esta película, que nos sirve a modo de ejemplo y puntapié inicial para abordar el tema, nos enseña la mirada más “tradicional” acerca de esta cuestión. Es decir, la vinculación del fenómeno migratorio entre ambos países relacionado con la búsqueda de trabajo o el flujo de mano de obra no calificada y barata a través de las fronteras nacionales. En resumidas cuentas, una serie de causalidades fundamentalmente de carácter económico.

Como sabemos, el problema de la migración mexicana hacia los Estados Unidos es de larga data. No sólo es un problema interno norteamericano, sino que con el paso del tiempo se ha acentuado su carácter de asunto de agenda bilateral entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca.

El debate sobre qué hacer con los inmigrantes, qué trato darles o cómo mitigar el ingreso ilegal está al tope de las agendas así como de las tapas de los principales medios. Asimismo, históricamente a la pregunta de “por qué” migran se contestó que generalmente los flujos migratorios responden a la persecución del tan mentado “sueño americano”. No obstante, lo que se suele perder de vista por estos días es que los flujos migratorios siguen incrementándose incluso pese a las duras medidas aplicadas en Estados Unidos y el rechazo de la población norteamericana a estos grupos migrantes y que además se han visto diversificados en cuanto a quiénes migran. Ante esta situación, se nos presenta un elemento de público conocimiento que, sin embargo, a veces parece verse inconexo con la cuestión migratoria en la frontera mexicano – norteamericana. Nos referimos a la violencia al interior de las fronteras de México que empujan cada vez más a muchos ciudadanos a buscar la salida presurosa del país.

Estos migrantes ya son llamados por algunos analistas como los “nuevos refugiados”, que al igual que ocurre con el fenómeno migratorio africano, son expulsados de sus países no sólo por cuestiones económicas sino ahora también por el incesante aumento de las condiciones violentas en su contexto social nacional.

Lo paradójico de esta nueva corriente migratoria es que ya no se trata de una migración por necesidades básicas insatisfechas o motivada por la búsqueda de empleo, sino más bien de familias mexicanas de ingresos entre medios y altos que también han comenzado el éxodo hacia el país vecino, incluso respetando todas las vías legales de solicitud de residencia.

Analizando puntualmente lo que se cree es una de las principales causas de esta nueva ola migratoria, cabe mencionar el caso de Ciudad Juárez, una de las ciudades cabeceras del norte del país y “zona caliente” de la frontera entre ambos países debido a los altos niveles delictivos y de violencia que se han registrado en los últimos años. Tan sólo en el año 2009 ocurrieron al menos 2000 asesinatos de manos del crimen organizado en Ciudad de Juárez y en el corriente año el crimen organizado ya se cobró la vida de al menos 83 policías donde la lucha anti-narcotráfico del estado mexicano obtiene cada vez menos resultados positivos.

Lo que aquí se plantea entonces no sólo es la vulnerabilidad de la ciudadanía, sino también, lo que es aún más grave, la vulnerabilidad de las propias fuerzas policiales, la cual refleja las crecientes dificultades del estado mexicano para ejercer el monopolio de la violencia legítima y el imperio de la ley. Como aditivo, el carácter del problema es transfronterizo y está destinado a tensar las relaciones bilaterales con el país vecino o, peor aún, permitir una injerencia todavía mayor de los Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos.

La figura de los llamados “sicarios” o asesinos a sueldo resulta emblemática en este panorama negativo que presenta una de las ciudades expulsora neta de migrantes. Asimismo, las cifras son cada día más alarmantes y crecen en forma permanente. Una semana atrás trascendió el hallazgo de los cuerpos sin vida de 72 personas en un rancho en el estado de Tamaulipas (norte del país), en el mayor delito de este tipo cometido en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico. A los asesinatos por encargo y las matanzas masivas se vino a sumar hace poco tiempo la modalidad de uso de coches bombas, fenómeno demostrado por la andanada de atentados de este tipo en el mismo estado durante el pasado fin de semana.

Quizá Ciudad Juárez sea hoy en día el caso más emblemático de la influencia que el narcotráfico como forma de crimen organizado ejerce sobre áreas en las que el Estado mexicano ya no puede brindar seguridad, ni física ni legal.

El Estado ha sido rebasado por los asesinatos, los secuestros y las decapitaciones y algunos analistas internacionales ya han comenzado a hablar de México como un Estado Fallido. Lo paradójico de la situación es que pese a la fluida colaboración del gobierno de Calderón con los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, no se ha logrado disminuir la presencia de este flagelo de las calles.

Algunas de las preguntas que surgen en consecuencia son ¿Por qué es importante México y por qué han proliferado estas actividades delictivas? Lo cierto es que éste tiene una ubicación geográfica estratégica debido a la cercanía con los Estados Unidos que, otra vez paradójicamente, no sólo es el principal combatiente del narcotráfico en el continente americano, sino también el principal mercado de destino y consumo de drogas; en este escenario, América Latina ha cumplido por décadas fundamentalmente un rol de paso.

Pero peor aún, la aparición en escena y auge de las llamadas drogas sintéticas tales como las anfetaminas y metanfetaminas, el gamahidroxibutirato (GHB), la ketamina, el LSD, el éxtasis o MDMA y otras drogas resultado de mezclas químicas, ha diversificado el mercado y ha posicionado a los Estados Unidos una vez más como el principal consumidor de éstas. Todo lo cual conllevó básicamente a tres cuestiones: en primer lugar, la búsqueda por parte de los cárteles de expandir el consumo al interior de las fronteras mexicanas y la consecuente lucha por el dominio de ese mercado para compensar la baja del consumo externo; en segundo lugar, la puja de los cárteles para ingresar al gigantesco mercado norteamericano con el “nuevo producto” – las drogas sintéticas – sorteando los cada vez más estrictos controles en la frontera con Estados Unidos. Finalmente, la disminución de los réditos de la comercialización de ciertas drogas a diferencia de antaño ha llevado a las organizaciones delictivas a diversificar las actividades ilícitas para compensar la disminución de las ganancias y es en este punto donde entran en juego los secuestros extorsivos y el contrabando, como actividades compensatorias de la merma en las ganancias.

Como consecuencia de lo antedicho, ahora estas organizaciones cuentan con sus propias normas internas, brazos armados y modalidades de acción que sobrepasan las estructuras del Estado y la capacidad de respuesta.

El presidente Felipe Calderón lanzó hace algunos años el Plan México 2030: Proyecto Gran Visión, sentado sobre la base de un Estado de Derecho fuerte y una economía pujante. Lo cierto es que – y nótese el parecido con el caso colombiano – a casi cuatro años del anuncio del mismo, poco se ha avanzado al respecto y el gobierno de Calderón pierde cada vez más posición frente a este fenómeno y ha debido modificar sobre la marcha muchas de sus metas de gestión, desdibujando la presencia del Estado de ciertas áreas para abocarlas al servicio de la seguridad.

El proyecto de Calderón posee cinco ejes: el Estado de Derecho y la seguridad pública; la noción de una economía competitiva y generadora de empleos; la igualdad de oportunidades; el desarrollo sustentable; la democracia efectiva y la política exterior responsable. Contempla un proceso de fortalecimiento de las estructuras del Estado y el recurso a la inversión pública y privadas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como áreas estratégicas para la gestión de una economía competitiva. No obstante, con los crecientes índices de violencia y el sorprendente aumento de los hechos delictivos del crimen organizado, el plan no sólo se ha visto entorpecido sino que además ha alimentado la sensación en la sociedad mexicana de que el rol que le da a la inversión privada - sumado al contexto interno actual - derivará en el saqueo de los recursos económicos del país a través del accionar de actores privados en las áreas temáticas donde el Estado no pueda participar con eficiencia, mientras se ocupa de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

De lo hasta aquí dicho se desprenden dos cuestiones: en primer lugar, que la hasta el momento ineficaz política de Calderón frente a este problema ha aceitado aún más los engranajes en la relación entre el Estado mexicano con ciertos sectores e intereses privados del vecino país; y que el gobierno mexicano depende cada vez más de la ayuda norteamericana para enfrentar este flagelo.

Ciudad Juárez en cierto modo se ha “colombianizado”, ha repetido imágenes que por tanto tiempo han sido moneda corriente en el país del ahora ex Presidente Álvaro Uribe. Y lo que es peor, ha cometido los mismos errores que los gobernantes de aquel país llevando a las calles una lucha militarizada contra el narcotráfico que mucho ha tenido de imprecisiones y ha impreso una psicosis y reticencia en la sociedad civil.

Una vez más un país de nuestro continente ha “importado” un modelo de defensa de la seguridad que, más allá de la trillada frase, ha mostrado en otra oportunidad que la historia se repite, una vez como tragedia y otra como farsa.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

El movimiento conservador TEA PARTY está provocando un marcado corrimiento hacia la extrema derecha en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Esto lo pone frente a una serie de dilemas a futuro cuya resolución puede tener profundas consecuencias en el escenario político del país.