La Ley Antiinmigratoria de Arizona disparó nuevamente el debate sobre el tema migratorio en la opinión pública mundial. Un fenómeno discriminatorio que no es patrimonio exclusivo de los Estados Unidos, pero que pone en evidencia que las precarias condiciones sociales y la obcena concentración de la riqueza derivan en consecuencias que terminan por generar problemas sociales nuevos en los países centrales a los que se les da una respuesta represiva antes que constructiva.

El 19 de abril el Senado de Arizona aprobó una amplia ley antiinmigratoria que desató una tormenta de indignación en todos aquellos sectores que abogan por el respeto a los derechos civiles, entre ellos, las comunidades inmigrantes de Estados Unidos y todos aquellos que a nivel mundial se solidarizan con ellas. En este sentido, la controvertida ley de Arizona viene siendo tema de debate hace ya 4 meses tanto a nivel nacional en Estados Unidos en una disputa que ha enfrentado al Estado de Arizona con el gobierno federal, y a nivel internacional, que afecta sobre todo la relación especial que mantiene el gigante con México, su principal socio en América Latina.

La ley de Arizona SB107, requiere que la policía compruebe el status migratorio de toda persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito (como una simple como una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal) que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. La policía puede de acuerdo a esa ley mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer la comprobación.

Bajo esta ley será un delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y local de leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra los que alberguen, contraten y transporten a extranjeros ilegales. Asimismo, convierte en criminal a cualquier trabajador inmigrante colocando en una situación de desamparo a cientos de miles indocumentados mexicanos. Su carácter racista se puede ver reflejado en el apartado de la ley que sostiene que todo oficial de policía puede requerir su documentación a cualquier persona sobre la que tenga una “sospecha fundada de ser un inmigrante ilegal” lo cual es lo mismo que decir que alguien puede ser requisado y detenido utilizando un argumento de “portación de cara”, es decir su aspecto latino, o su “perfil sospechoso”. Esta medida ha desatado una serie de detenciones y ataques contra inmigrantes ilegales en Arizona y la frontera con México y se teme que continúen tomas de postura rígidas sobre el tema migratorio, apoyadas por los conservadores sociales, quienes se enfrentan a lo que perciben como un declive moral y cultural de la sociedad. Básicamente, la ley convierte en delito el hecho de ser un Sans Papier y pone en peligro el respeto de los derechos fundamentales, incluso de ciudadanos legales estadounidenses.

Repasando un poco la historia, en el siglo XIX el territorio del norte de México –hoy sudoeste estadounidense– fue colonizado para ser luego anexado. Paradójicamente, Arizona forma parte del territorio arrebatado a México en 1853 y es quien intenta a expulsar a los mexicanos en un vaivén histórico entre dos países que, próximos geográficamente, tienen sin embargo una historia y cultura distintas.

Dentro de los Estados que forman parte de lo que se ha denominado el “Sun Belt” (cinturón del sol) bastión mas importante del conservadurismo, Arizona comparte una frontera internacional de 626 Km. de longitud con los estados de Sonora y Baja California en México, siendo además una de las principales puertas de los emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos.

Si nos preguntamos por el porqué de la ley, se puede considerar a está dentro de la vanguardia de un movimiento para intensificar la criminalización de inmigrantes indocumentados. Este tipo de medidas y tomas de posición se inscriben en un oleaje xenófobo de los sectores ultraconservadores que se repiten en distintos estados de EEUU.

La principal defensora de esa ley, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, es la nueva heroína de la derecha, una de las favoritas del movimiento conservador Tea Party, que junto con otras personalidades políticas como el Sheriff Joe Arpaio (figura clave de la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona) y el Senador John McCain patrocinaron y defendieron esta ley como una de sus principales banderas políticas.

Ya en su libro “Who Are We: The Challenges to America's National Identity” publicado en el año 2004 Samuel Huntington advertía sobre las consecuencias negativas de la inmigración latina a la cual veía como una amenaza para la unidad de la identidad (cultural, social y étnica) de EEUU. El temor del autor es que la sociedad estadounidense se convierta en una sociedad escindida, con colectividades distintas y separadas, procedente de diferentes civilizaciones.

El problema demográfico que enfrenta hoy Estados Unidos, sumado a la idea sostenida por algunos sectores de la elite estadounidense de una cultura WASP (White Anglosaxony Protestant) hace la inmigración sea considerada como una fuerza fragmentaria dentro de la sociedad norteamericana.

A nivel nacional la disputa ha girado en torno a quien tiene la facultad para dictar leyes que regulen el tema migratorio, si los estados o el gobierno federal. El gobierno de Barack Obama apeló la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre materias como la inmigración, reservada exclusivamente a las autoridades federales.

Importantes representantes del propio Gobierno de los Estados Unidos de America la han calificado como "una violación de los derechos civiles", "una suerte de apartheid" y han afirmado que "su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas"

La justicia decidió en un último minuto suspender temporalmente los artículos más controvertidos, sobre todo aquel que criminaliza la inmigración ilegal. Se ordenó el bloqueo de 3 provisiones clave incluida la obligación de los agentes de policía de comprobar la situación migratoria de una persona que haya sido detenida por otras razones. También la aplicación de otro apartado que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentran de forma legal en el país.

Por estos motivos, y hasta el momento, el triunfo ha estado del lado del gobierno de Obama, después del bloqueo de las partes más controvertidas de la ley. Esta victoria judicial, sin embargo, no ha cancelado el debate en la arena política, y es una batalla que podría influir decisivamente en las elecciones legislativas de noviembre.

La determinación judicial que se comenta es saludada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos y por activistas e integrantes de organizaciones defensoras de migrantes. Constituye un hecho positivo por cuanto conjura, en lo inmediato, la entrada en vigor de disposiciones que otorgan cobertura legal al racismo y convierten a las propias autoridades del vecino país en factores de atropello a las garantías y libertades individuales.

Con todo, los activistas han declarado que el bloqueo de la ley no es una victoria, sino más bien un alivio. Según ellos, la determinación resulta insuficiente para revertir la intensificación de sentimientos xenófobos que actualmente tienen lugar en EEUU y que no se presentan solo en marcos jurídicos sino también fuera de ellos.

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que las políticas migratorias llevadas adelante por Estados Unidos (así como en la mayoría de los países centrales que son aquellos que reciben el mayor flujo migratorio a nivel mundial y al que consideran como una amenaza a su seguridad) son políticas puramente reactivas y discriminatorias, generalmente basadas en leyes o decretos que tienen una operatividad meramente policial y represiva que obvia la mayoría de las veces el estándar mínimo de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Sean estos ilegales, con permiso de residencia vencidos o sean refugiados, tienen derecho a un trato respetuoso en virtud de las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por otro lado, las diferencias entre los países centrales y periféricos en lo que respecta a standars de vida y el conocimiento de las distintas realidades a través de los medios masivos de comunicación estimulan a las personas a emigrar en búsqueda de mejores oportunidades económicas. En este caso los inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos en búsqueda de su propio Sueño Americano, terminan encontrando en su lugar de ello una suerte de Pesadilla Americana enfrentando situaciones de absoluto desamparo legal y siendo víctimas de la discriminación más descarnada.

En definitiva, las políticas macroeconómicas nacionales e internacionales y sus efectos sobre el nivel de desarrollo relativo de los países y las diferentes posibilidades de subsistencia de sus habitantes son las que tendrán la última palabra sobre el curso del desarrollo de los flujos migratorios.

Es la falta de respuestas político-sociales de los gobiernos frente a las migraciones lo que hace que el fenómeno adquiera tanta magnitud. La paradoja se manifiesta en que el intento por desarrollar políticas que carecen de legitimidad entran en contradicción con principios políticos y económicos asumidos internacionalmente, lo que termina generando que esas mismas medidas restrictivas conduzcan, a su vez, a que las migraciones ilegales se acentúen, agudizando todavía más el problema.

Una nueva legislación debería contemplar aspectos preventivos, políticas comunes con los países de origen de los migrantes que contemplen el desarrollo de los pueblos como vía de solución al problema migratorio.

No olvidemos que muchos empresarios estadounidenses instalan sus fabricas en países subdesarrollados donde buscan lograr el máximo beneficio como resultado de impuestos bajos y mano de obra barata, así como también la contratación en el propio Estados Unidos de inmigrantes ilegales que aceptan salarios y condiciones laborales que los ciudadanos estadounidenses no aceptarían. La mayoría de las veces estos empresarios o personas particulares no son sancionados, mientras que todo el peso de las penas recae sobre los inmigrantes. Es por lo tanto pertinente articular políticas consensuadas y de cooperación entre los países involucrados dentro el respeto a los derechos humanos.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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La presente conyuntura política argentina registra circunstancias excepcionales que merecen ser analizadas no sólo en el día a día, sino en lo que se proyecta hacia el futuro y en las reales posibilidades de transformación que pueden proponer las fuerzas opositoras.

No descubrimos nada nuevo si afirmamos que el momento político que vive la Argentina es de una excepcionalidad histórica, ya que muchas son las verdades de antaño que han sido puestas bajo cuestionamiento. Temas que eran tabú o personajes que aparecían como intocables o impolutos, son revisados desde una nueva perspectiva profundizando, ahora sí, contradicciones que algún tiempo atrás eran imposibles de imaginar.

De lo que los tiempos presentes nos hablan, entre otras tantas cosas, aún de manera algo imperceptible, es de las renuncias. Pero no tanto de las renuncias actuales y cotidianas de las que están expuestas a la vista de todo el mundo, sino de las que vienen, de las futuras, de lo que ya no podrá ser. Y, vale decirlo, existen varios tipos de renuncias. Las hay aparentemente menores, y las hay mucho más notorias y explícitas, involucrando a actores de peso y a personajes de todo pelaje. Revisemos algunas.

Por ejemplo, en términos político mediáticos, la Argentina de los ’90 tuvo una característica distintiva. La cruda implementación del modelo neoliberal, sumado a la corrupción estructural del sistema, hicieron visible una forma de práctica periodística (autodefinida como progresista), que mostraba alguna característica binaria de la vida pública: de un lado el poder, enfermo y corrupto y del otro una actitud del periodismo que lo denunciaba y que se mostraba como defensor de los devenires ciudadanos.

Detalles más, detalles menos, algunos medios y personajes de la comunicación ganaron en prestigio, a partir de esa actitud que se extendió al conjunto del sistema sin tener en cuenta que algunos vicios no eran exclusivos del sistema político sino de la sociedad misma. Egos personales, canjes, omisiones públicas a cambio de publicidad oficial, demagogia con el receptor del mensaje, pertenencia a medios que tenían el pasado bastante oscurecido; conformaron un escenario en el cual algunos personajes se transformaron, por obra y gracia de la débil democracia argentina, en fiscales de la Nación sin que ninguno de nosotros les hubiéramos asignado tal título.

Hoy, cuando se ponen en debate justamente ése pasado de algunos medios y lo que es más tangible, el accionar de algunos poderosos hombres, parte de ese progresismo mediático le corre el cuerpo a la discusión profunda y sistémica y sale a gritar de manera desaforada, “libertad de expresión, libertad de expresión”, cuando en realidad, nadie ha visto cercenado su derecho a la libre expresión. El grito de la supuesta falta de libertad demuestra que cada uno dice lo que se le ocurre.

Allí hay otra renuncia. Y tampoco es del presente sino del futuro. Con el paso del tiempo, ¿cuán creíbles podrán ser estos profesionales de la comunicación? ¿Ante qué poder se opondrán firmemente? Si, según Jorge Lanata, Clarín hoy representa a los débiles, en un hipotético triunfo de la disputa que el grupo mediático más importante del país sostiene con el kirchnerismo, ¿cómo abordará mañana el fundador de Página 12 las ambiciones de poder de Magneto y su gente? Ya no importan las peleas del pasado ni las que cada uno de nosotros haya librado, sino que preocupan quienes ejercerán el control crítico que naturalmente ejerce el periodismo.

Pero hay renuncias mayores aún. Y tiene que ver con las que lenta pero inexorablemente comienzan a poner en práctica los diferentes actores del sistema político que pretenden ser una alternativa de cambio respecto de la fuerza K.

Que Patricia Bullrich diga las cosas que dice no debe sorprendernos del todo porque, en definitiva, su historia política muestra que siempre se ha acomodado por el lado que calentaba el sol.

Que Elisa Carrió prediga el enésimo apocalipsis que luego no se cumplirá tampoco es un elemento digno de mención, ya que la ex periférica, en los últimos años se ha perfeccionado en esto de las visiones extremas de los problemas políticos, sociales y económicos.

Ni que hablar de personajes tan bizarramente contradictorios como Mauricio Macri que apenas un año atrás desechó a Fibertel como prestador de servicios de internet para el ámbito público de la ciudad de Buenos Aires porque no cumplía con lo que hoy reclama el Poder Ejecutivo Nacional; pero que afirma muy suelto de cuerpo que aquello que hace la administración K con la otrora empresa perteneciente al grupo Clarín, “viola los derechos de la gente”.

De los personajes nombrados nada se espera porque, como dijimos líneas más arriba, su historia política está a la vista. Lo que a uno le preocupa, y mucho, es que las fuerzas de centroizquierda como Proyecto Sur se comporten de manera tan oportunista con el sólo fin de minar la acción política del gobierno.

Que su referente más importante, ejemplo de trabajo y militancia en el ámbito de la cultura, autor de obras tales como La hora de los hornos, afirme que se vuelve loco ante la posibilidad de corte del servicio de Fibertel, es algo que debe preocuparnos y mucho. Y no hacemos hincapié en esto porque se quiera desgastar la figura de un opositor sino porque simplemente, creemos que es desde la centroizquierda desde donde puede pensarse al país transformado.

No se espera nada de quienes han sido cómplices del desastre argentino de los ’90 ni de quienes reivindican la Argentina del modelo agro exportador, ni de quienes se enriquecieron con la torpeza del estado bobo que imperó durante tres décadas; sino que se espera de aquellos que siempre han cuestionado el orden imperante siendo coherentes en idea y acción.

Si revisar la historia de una empresa que provee servicios de internet leva a decir a Fernando Solanas que la libertad de expresión está en juego, el escenario futuro está complicado. La idea de transformación nace renga, y las tormentas de cambio que se proponen sólo serán brisas de cálidas noches de verano.

En esta forma de pensar el cambio, alineados a la historia algunos grupos mediáticos, siendo interlocutores de personajes de la talla de Mariano Grondona, la semilla de la transformación jamás nacerá en los hechos y sólo será retórica vacía y hueca, como muchas veces ha ocurrido en la Argentina. Y de allí a la decepción hay nada más que un paso. Otra renuncia más. Esperemos que sea la última.

(*) Lic. en Ciencia Política. Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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Una mirada sobre el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos. Su vinculación con el aumento de los niveles de violencia en deferentes zonas mexicanas. La expansión del narcotráfico como catalizador de esa violencia y la falta de respuestas del Estado ante este círculo vicioso.

Quienes hayan tenido oportunidad de ver la película llamada “Un día sin mexicanos” notarán que la misma aborda de forma irónica la problemática de la inmigración latina, sobre todo mexicana, en los Estados Unidos y, como otras tantas películas han intentado hacerlo, busca darle la vuelta al prisma para pensar cómo sería la vida del ciudadano promedio de clase media-alta norteamericano si no estuvieran aquellos que día a día “hacen las cosas que ellos no quieren hacer”.

No obstante, esta película, que nos sirve a modo de ejemplo y puntapié inicial para abordar el tema, nos enseña la mirada más “tradicional” acerca de esta cuestión. Es decir, la vinculación del fenómeno migratorio entre ambos países relacionado con la búsqueda de trabajo o el flujo de mano de obra no calificada y barata a través de las fronteras nacionales. En resumidas cuentas, una serie de causalidades fundamentalmente de carácter económico.

Como sabemos, el problema de la migración mexicana hacia los Estados Unidos es de larga data. No sólo es un problema interno norteamericano, sino que con el paso del tiempo se ha acentuado su carácter de asunto de agenda bilateral entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca.

El debate sobre qué hacer con los inmigrantes, qué trato darles o cómo mitigar el ingreso ilegal está al tope de las agendas así como de las tapas de los principales medios. Asimismo, históricamente a la pregunta de “por qué” migran se contestó que generalmente los flujos migratorios responden a la persecución del tan mentado “sueño americano”. No obstante, lo que se suele perder de vista por estos días es que los flujos migratorios siguen incrementándose incluso pese a las duras medidas aplicadas en Estados Unidos y el rechazo de la población norteamericana a estos grupos migrantes y que además se han visto diversificados en cuanto a quiénes migran. Ante esta situación, se nos presenta un elemento de público conocimiento que, sin embargo, a veces parece verse inconexo con la cuestión migratoria en la frontera mexicano – norteamericana. Nos referimos a la violencia al interior de las fronteras de México que empujan cada vez más a muchos ciudadanos a buscar la salida presurosa del país.

Estos migrantes ya son llamados por algunos analistas como los “nuevos refugiados”, que al igual que ocurre con el fenómeno migratorio africano, son expulsados de sus países no sólo por cuestiones económicas sino ahora también por el incesante aumento de las condiciones violentas en su contexto social nacional.

Lo paradójico de esta nueva corriente migratoria es que ya no se trata de una migración por necesidades básicas insatisfechas o motivada por la búsqueda de empleo, sino más bien de familias mexicanas de ingresos entre medios y altos que también han comenzado el éxodo hacia el país vecino, incluso respetando todas las vías legales de solicitud de residencia.

Analizando puntualmente lo que se cree es una de las principales causas de esta nueva ola migratoria, cabe mencionar el caso de Ciudad Juárez, una de las ciudades cabeceras del norte del país y “zona caliente” de la frontera entre ambos países debido a los altos niveles delictivos y de violencia que se han registrado en los últimos años. Tan sólo en el año 2009 ocurrieron al menos 2000 asesinatos de manos del crimen organizado en Ciudad de Juárez y en el corriente año el crimen organizado ya se cobró la vida de al menos 83 policías donde la lucha anti-narcotráfico del estado mexicano obtiene cada vez menos resultados positivos.

Lo que aquí se plantea entonces no sólo es la vulnerabilidad de la ciudadanía, sino también, lo que es aún más grave, la vulnerabilidad de las propias fuerzas policiales, la cual refleja las crecientes dificultades del estado mexicano para ejercer el monopolio de la violencia legítima y el imperio de la ley. Como aditivo, el carácter del problema es transfronterizo y está destinado a tensar las relaciones bilaterales con el país vecino o, peor aún, permitir una injerencia todavía mayor de los Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos.

La figura de los llamados “sicarios” o asesinos a sueldo resulta emblemática en este panorama negativo que presenta una de las ciudades expulsora neta de migrantes. Asimismo, las cifras son cada día más alarmantes y crecen en forma permanente. Una semana atrás trascendió el hallazgo de los cuerpos sin vida de 72 personas en un rancho en el estado de Tamaulipas (norte del país), en el mayor delito de este tipo cometido en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico. A los asesinatos por encargo y las matanzas masivas se vino a sumar hace poco tiempo la modalidad de uso de coches bombas, fenómeno demostrado por la andanada de atentados de este tipo en el mismo estado durante el pasado fin de semana.

Quizá Ciudad Juárez sea hoy en día el caso más emblemático de la influencia que el narcotráfico como forma de crimen organizado ejerce sobre áreas en las que el Estado mexicano ya no puede brindar seguridad, ni física ni legal.

El Estado ha sido rebasado por los asesinatos, los secuestros y las decapitaciones y algunos analistas internacionales ya han comenzado a hablar de México como un Estado Fallido. Lo paradójico de la situación es que pese a la fluida colaboración del gobierno de Calderón con los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, no se ha logrado disminuir la presencia de este flagelo de las calles.

Algunas de las preguntas que surgen en consecuencia son ¿Por qué es importante México y por qué han proliferado estas actividades delictivas? Lo cierto es que éste tiene una ubicación geográfica estratégica debido a la cercanía con los Estados Unidos que, otra vez paradójicamente, no sólo es el principal combatiente del narcotráfico en el continente americano, sino también el principal mercado de destino y consumo de drogas; en este escenario, América Latina ha cumplido por décadas fundamentalmente un rol de paso.

Pero peor aún, la aparición en escena y auge de las llamadas drogas sintéticas tales como las anfetaminas y metanfetaminas, el gamahidroxibutirato (GHB), la ketamina, el LSD, el éxtasis o MDMA y otras drogas resultado de mezclas químicas, ha diversificado el mercado y ha posicionado a los Estados Unidos una vez más como el principal consumidor de éstas. Todo lo cual conllevó básicamente a tres cuestiones: en primer lugar, la búsqueda por parte de los cárteles de expandir el consumo al interior de las fronteras mexicanas y la consecuente lucha por el dominio de ese mercado para compensar la baja del consumo externo; en segundo lugar, la puja de los cárteles para ingresar al gigantesco mercado norteamericano con el “nuevo producto” – las drogas sintéticas – sorteando los cada vez más estrictos controles en la frontera con Estados Unidos. Finalmente, la disminución de los réditos de la comercialización de ciertas drogas a diferencia de antaño ha llevado a las organizaciones delictivas a diversificar las actividades ilícitas para compensar la disminución de las ganancias y es en este punto donde entran en juego los secuestros extorsivos y el contrabando, como actividades compensatorias de la merma en las ganancias.

Como consecuencia de lo antedicho, ahora estas organizaciones cuentan con sus propias normas internas, brazos armados y modalidades de acción que sobrepasan las estructuras del Estado y la capacidad de respuesta.

El presidente Felipe Calderón lanzó hace algunos años el Plan México 2030: Proyecto Gran Visión, sentado sobre la base de un Estado de Derecho fuerte y una economía pujante. Lo cierto es que – y nótese el parecido con el caso colombiano – a casi cuatro años del anuncio del mismo, poco se ha avanzado al respecto y el gobierno de Calderón pierde cada vez más posición frente a este fenómeno y ha debido modificar sobre la marcha muchas de sus metas de gestión, desdibujando la presencia del Estado de ciertas áreas para abocarlas al servicio de la seguridad.

El proyecto de Calderón posee cinco ejes: el Estado de Derecho y la seguridad pública; la noción de una economía competitiva y generadora de empleos; la igualdad de oportunidades; el desarrollo sustentable; la democracia efectiva y la política exterior responsable. Contempla un proceso de fortalecimiento de las estructuras del Estado y el recurso a la inversión pública y privadas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como áreas estratégicas para la gestión de una economía competitiva. No obstante, con los crecientes índices de violencia y el sorprendente aumento de los hechos delictivos del crimen organizado, el plan no sólo se ha visto entorpecido sino que además ha alimentado la sensación en la sociedad mexicana de que el rol que le da a la inversión privada - sumado al contexto interno actual - derivará en el saqueo de los recursos económicos del país a través del accionar de actores privados en las áreas temáticas donde el Estado no pueda participar con eficiencia, mientras se ocupa de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

De lo hasta aquí dicho se desprenden dos cuestiones: en primer lugar, que la hasta el momento ineficaz política de Calderón frente a este problema ha aceitado aún más los engranajes en la relación entre el Estado mexicano con ciertos sectores e intereses privados del vecino país; y que el gobierno mexicano depende cada vez más de la ayuda norteamericana para enfrentar este flagelo.

Ciudad Juárez en cierto modo se ha “colombianizado”, ha repetido imágenes que por tanto tiempo han sido moneda corriente en el país del ahora ex Presidente Álvaro Uribe. Y lo que es peor, ha cometido los mismos errores que los gobernantes de aquel país llevando a las calles una lucha militarizada contra el narcotráfico que mucho ha tenido de imprecisiones y ha impreso una psicosis y reticencia en la sociedad civil.

Una vez más un país de nuestro continente ha “importado” un modelo de defensa de la seguridad que, más allá de la trillada frase, ha mostrado en otra oportunidad que la historia se repite, una vez como tragedia y otra como farsa.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

El movimiento conservador TEA PARTY está provocando un marcado corrimiento hacia la extrema derecha en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Esto lo pone frente a una serie de dilemas a futuro cuya resolución puede tener profundas consecuencias en el escenario político del país.