Colombia presentó ante la OEA supuestas pruebas de la complicidad de Hugo Chávez con las FARC. Los viejos patrones que se repiten y una silenciosa y preocupante política del Pentágono

Ayer uno asistía, con el grado de interés que la profesión y la vocación por los temas mundiales le provoca, a la transmisión de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Como es conocido a estas alturas, el tema que le daba el calificativo de “extraordinaria” a la sesión era la intención del gobierno de Colombia de presentar pruebas de la connivencia de Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC, permitiendo la existencia de campamentos de esa organización en territorio venezolano. Y a medida que la exposición del embajador colombiano ante el organismo hemisférico transcurría, uno no podía dejar de experimentar una sensación de deja vú; de que esto ya lo vio antes. Y entonces me acordé. Era una puesta en escena casi calcada de la ya tristemente famosa presentación del secretario de estado Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2003 para justificar y legitimar la invasión norteamericana a Irak.

En aquella ocasión, el jefe de la diplomacia del gobierno de George W. Bush, asistido por una batería de gráficos, fotos satelitales, datos, cifras e informes de inteligencia, demostraba (supuestamente) que el régimen de Saddam Hussein estaba nuevamente en posesión de armas de destrucción masiva. Este hecho, decía Powell, en el contexto de la guerra global al terrorismo, representaba una amenaza inminente a la seguridad de los Estados Unidos y del mundo y, por lo tanto, se hacía imperante una acción inmediata del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza. Después sabemos cómo terminó esa historia. Las armas de destrucción masiva nunca aparecieron; la CIA acusada de falsear informes de inteligencia para exagerar el grado de amenaza representado por Irak; etc., etc., etc.

Y ayer pasó algo parecido. El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, mostró toda una serie de imágenes, gráficos, coordenadas y demás datos, para argumentar la existencia de campamentos de las FARC dentro de territorio venezolano. Por poner un par de ejemplos, afirmó que hay cinco campamentos en Venezuela, cercanos a la frontera con Colombia. Tres de ellos serían los más importantes: campamento Berta, el campamento Bolivariano y el centro de instrucción Santrich. Este último es utilizado para entrenar a los guerrilleros en el manejo de armas y explosivos. “Las coordenadas de Santrich son 10º 40’ 55’’ Norte y 72º 30’ 23’’ Oeste”, afirmó. Además, mostró fotografías donde aparecen el líder rebelde Iván Márquez, además de otros tales como “alias” Jesús Santrich y “alias” Pablito. A la vez que se proyectaban las imágenes de los guerrilleros, el embajador colombiano insinuaba la protección que tendrían de parte de Venezuela. En particular sobre el último de los mencionados, Pablito, Hoyos exhibió una foto donde aparece en una playa, que tranquilamente podría ser Cartagena, pero que Hoyos ubicó en la isla Margarita. Sería la playa Chichirivichi y el guerrillero se estaría tomando una cerveza Polar, producida en Venezuela.

Todo esto me disparó una serie de reflexiones y preguntas. Desde un punto de vista puramente escéptico, lo primero que se me ocurre pensar es que en la era del Photoshop todo es posible. Hacer aparecer a este escritor en una foto sosteniendo un surubí de 10 kilos –cuando es famosa y reconocida mi ineptitud a la hora de empuñar una caña de pescar– es un juego de niños para cualquier persona diestra en la manipulación digital de imágenes. Ni hablar entonces de hacer aparecer a un guerrillero en una supuesta playa en Isla Margarita tomando cerveza venezolana.

Pero para que esto no parezca un análisis completamente sesgado o ultrachavista supongamos por un momento que los alegatos del gobierno colombiano son ciertos. No obstante, ¿es realmente creíble la justificación respecto de cómo se obtuvieron esos datos? ¿Suena verosímil que guerrilleros arrepentidos huyeron de los campamentos de las FARC, atravesaron la jungla cruzando por todo el territorio que según el propio gobierno está bajo control de la guerrilla, con toda la información, videos, fotos, coordenadas y demás pruebas para intercambiarlas por inmunidad? ¿O los datos de inteligencia provienen de otro lado? ¿Si es así de dónde?

Esto me hace acordar mucho al ya épico rescate de Ingrid Betancourt. Justo en el momento en el que parecía comenzar a tomar fuerza la alternativa del diálogo por medio de intermediarios internacionales como forma de liberar rehenes en manos de las FARC y darle un duro golpe a la estrategia de confrontación permanente de Uribe, aparece la operación militar de rescate de la ex candidata presidencial a la que ya casi se daba por muerta. Ahora otra vez lo mismo. Apenas a dos semanas del traspaso del poder, cuando desde Caracas se pretendía instalar un ambiente de renovación de aires a partir del cambio de gobierno, Uribe se decide condicionar la relación bilateral con Venezuela montando todo un espectáculo en el foro diplomático en el que se siente más cómodo, ya que es en el que históricamente los Estados Unidos, su gran aliado continental, han hecho valer su poder predominante.

No sé. ¿Qué quiere que le diga? Esto ya me suena demasiado a un guión de una película de acción muy mala. Porque, de paso, convengamos en algo, muy atinadas son las observaciones que hace Luis Bruschtein en su nota de Página 12 del 23 de Julio: a la situación de las siete bases militares norteamericanas en Colombia él añade además que “la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, autorizó la entrada a ese país de tradición pacifista a entre siete y trece mil marines norteamericanos y 46 barcos de la flota estadounidense. Costa Rica no tiene ejército. En poco tiempo lo tendrá, y será el de los Estados Unidos.”

Un poco más adelante Bruschtein continúa diciendo que “a su vez, el nuevo presidente de Panamá, el empresario derechista Ricardo Martinelli, firmó con Hillary Clinton otro acuerdo para instalar cuatro bases aeromilitares. Y lo mismo se dice con respecto a Perú: el presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rafael Correa, no renovó contrato para la base de Manta, por lo que será trasladada a Iquitos. En una época en que no existen conflictos militares en la región, sino que, por el contrario, el impulso integrador ha sido más fuerte que en toda su historia reciente, resulta por lo menos sospechoso el evidente interés del Pentágono por regar América latina con bases militares norteamericanas. Y resulta más inquietante si al mismo tiempo, desde Colombia, donde está la mayoría de ellas, un presidente a punto de retirarse echa fuego al conflicto con Venezuela y condiciona a su sucesor y a Chávez a una política de tensión creciente.”

Amén.

(*) Lic. en Relaciones Internacionales - Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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Lenta pero inexorablemente, en nuestro país comienza a confirmarse que la política es más que puro consenso. Su estrecha relación con el conflicto es notoria, y algo de eso parecen señalar las últimas declaraciones de Elisa Carrió.

“Yo no iría a ningún lugar al que me inviten el Guasón y su mujer”. La frase la pronunció el viernes por la tarde Elisa Carrió. Y se refería –con el apodo de Guasón– a Néstor Kirchner. Y “su mujer” no es otra que la mismísima Presidenta de la Nación.

Pero puntualmente, ¿a qué se debía esa reflexión? En realidad fue un mensaje a Ricardo Alfonsín, quién fue invitado a un acto que se realizó en su pueblo, Chascomús, al cual asistieron la Presidenta y varios ministros, entre ellos Florencio Randazzo y Julio De Vido. Se ve que la foto de Alfonsín participando de una actividad institucional del gobierno nacional no le gustó para nada a Carrió, quién agregó “ya estamos grandes para estudiantinas”.

Vale la pena preguntarnos entonces: ¿hizo mal Alfonsín en ir a un acto institucional que se realizó en su pueblo y al que fue invitado protocolarmente por la presidencia de la Nación? ¿No hubiera sido un fuerte gesto de intolerancia faltar a la cita?

Imaginemos un poco. En poco tiempo, la Presidenta puede llegar a San Genaro, provincia de Santa Fe, a inaugurar un acueducto. ¿Qué diría la prensa si Cristina Fernández no invitara a Hermes Binner o si éste no asistiera a la cita? Se hablaría de intolerancia, de crispación, o sin ir más lejos, de falta de respeto.

¿Qué le pasó entonces a Carrió? ¿Desvarió? ¿Equivocó el camino? Para nada. Lo que está sucediendo, lenta e inexorablemente en la Argentina es que comienza a desmontarse esa ficción colectiva que se había instalado después del 28 de junio del año pasado y que decía, palabras más, palabras menos, que “los problemas de los argentinos se solucionan con consensos” y que el mensaje de las urnas había expresado que se necesitaba más diálogo.

A casi un año de esos hechos, las autoridades de la Iglesia Católica prefieren un tono beligerante hablando de guerra santa a la hora de diseñar una estrategia legislativa en contra del matrimonio igualitario. Nada de diálogo ni de tolerancia: sólo presiones, descalificaciones, agresiones a los que piensan distinto.

A un año del permanente bombardeo discursivo pidiendo diálogo, los mismos grupos políticos que se unen en el Congreso Nacional en contra del gobierno se tiran con municiones pesadas en la Legislatura de la ciudad de Buenos aires alrededor del tema de las escuchas ilegales de Mauricio Macri.

Se terminó el cuento del diálogo. Se terminó la hipocresía. Los que lo pedían era por mera cuestión de marketing electoral. Un ejemplo: hace 15 días, en la Cámara de Diputados, el presidente de bloque del radicalismo Oscar Aguad, mientras se discutía sobre una cuestión reglamentaria, afirmó: “estamos discutiendo poder y las cosas se dirimen votando”. En resumen, tolerancia cero, diálogo nulo, “somos mayoría los opositores y acá se hace lo que nosotros decimos”.

Este lenguaje se creía que era propiedad exclusiva del kirchnerismo. Es más, se pensaba que era una novedad institucional de los argentinos. “En los países serios esto no pasa”, decían algunos analistas. Hoy vemos que España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Grecia e Italia viven situaciones de intolerancia política parecidas e incluso superiores a las que vemos aquí en la Argentina.

¿No será hora de que aceptemos que el conflicto y el disenso son partes inescindibles de la política? ¿Y que en etapas complejas de la historia hay serias barreras para que esos conflictos se diriman racionalmente en el marco del juego de las instituciones y que, en definitiva, se priorizan las estrategias confrontativas?

No sorprende tanto que Néstor Kirchner tenga palabras fuertes en sus discursos como que Carrió y otros líderes opositores, anteriormente profetas de la tolerancia, ahora prefieran la confrontación directa. Diálogo y conflicto son dos caras de una misma moneda: la democracia. No hay que asustarse ni escandalizarse. Sólo hay que registrar la coherencia de los actores políticos. Y acordarse cada dos años, cuando se vota.

(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

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Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento Rosario 12 - Ver artículo Original

El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento CASH - Ver artículo Original

¿Qué papel le cabe al Estado en América Latina en este contexto de crisis financiera internacional? Esta pregunta se hace una investigadora de CLACSO en un trabajo que aquí ponemos a disposición.

La crisis de fines del año 2001 en la Argentina y la aparición de Lula da Silva en la presidencia de Brasil en el 2002 fueron el puntapié inicial del fin de la era neoliberal en América Latina. Desde ese momento, en la mayoría de los países del cono sur de América se comenzó a recorrer un camino de recuperación del rol del Estado como articulador y regulador de la actividad económica. Ello permitió en una buena medida, recuperar el papel de la política como espacio de transformación con el objetivo de mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en lugar de estar al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía.

Esto, sumado a un contexto internacional favorable para el comercio de los principales productos de exportación y a una administración responsable de los recursos públicos, permitió trazar estrategias destinadas a romper algunas de las trabas estructurales para el progreso económico tales como el endeudamiento descontrolado y los déficits crónicos de las cuentas del Estado. En definitiva, como bien lo dice el trabajo elaborado por Mabel Thwaites Rey (**) Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina?, “pasada la ola del ajuste estructural y las políticas de reformas pro-mercado que estigmatizaron al sector público, en los albores del nuevo siglo en la región se inició un ciclo en el que el papel estatal empezó a adquirir una nueva entidad, tanto en el plano valorativo-ideológico como en las prácticas concretas.”

El estallido de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008 puso en evidencia dónde se encontraban los mayores niveles de vulnerabilidad en el conjunto de la economía mundial. Parece casi una ironía del destino ver cómo el rumbo que siguió particularmente la economía argentina desde 1976 hasta el 2001 se reprodujo con características prácticamente calcadas en el núcleo central de las naciones más desarrolladas. Aquí Thwaites Rey nuevamente acierta el diagnóstico cuando afirma que “la polarización en la distribución de las rentas producida desde los años ochenta está en la base de esta crisis. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los de la periferia capitalista, la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal a partir de la promoción del mundo empresarial y de los sectores más ricos, la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias favorables al capital financiero a costa de la producción crearon las condiciones para la crisis actual. Tales políticas fueron promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), por ejemplo, un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980, cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas (Navarro, 2009). La consecuencia directa de esto fue la restricción de recursos disponibles por los sectores populares para destinarlos al consumo (Monereo, 2009). Para paliar esta deficiencia en la demanda, los centros de poder financiero pergeñaron la expansión del crédito sin sustento efectivo en la economía real, lo que llevó a la conformación de una burbuja gigantesca, cuyo estallido colocó al sistema completo al borde del colapso.”

Esta situación ha vuelto a colocar en el centro de la escena al Estado como regulador de la actividad económica y ha revivido el debate en torno a la necesidad de un crecimiento económico con mayor igualdad social. Si bien Thwaites Rey adelanta cierta perspectiva alentadora respecto a la recuperación del rol del Estado en la economía, es de prever que el capital financiero trasnacionalizado dará todavía una dura batalla para no perder el poder hegemónico que ha sabido construir durante los últimos cuarenta años.

En este contexto Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina? pone el énfasis en pensar para América Latina a un Estado que no sea un mero organizador de los intereses de la burguesía, sino hacerlo desde un punto de vista emancipador, articulando las relaciones de poder hacia el interior de su espacio territorial y reposicionándose en el marco del concierto de naciones que conforman el mercado mundial. En sus propias palabras, “aquí se sostiene que los espacios territoriales estatal-nacionales deben rearticularse a partir de procesos políticos y sociales liderados por los sectores populares, porque son ineludibles como jugadores centrales en la búsqueda emancipatoria.”

Leer "Después de la Globalización Niberal ¿Qué Estado en América Latina?"

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

(**) Profesora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas".

Las fotos de la semana anterior simbolizan y dicen mucho de la Argentina del pasado, del presente y de algunos hipotéticos futuros. El interés de algunos en refugiarse bajo el ala de las corporaciones parecen imponer su sobrevivencia política.

Es 26 de julio y comienza la semana. Otro aniversario de la muerte de Eva Duarte y los diarios traen la noticia de los diversos actos políticos que la recuerdan. Algunos se animan y tienen preparados informes especiales. En todos, el comentario viene acompañado de una foto que recuerda a la mujer argentina más influyente de la vida política argentina del siglo XX.

Y allí está ella, con su verba encendida, su pasión a cuestas, su alma entregada a una esperanza sin tiempo y sin dobleces. Le habla a cientos de miles de argentinos que la vitorean en una plaza, en una relación absolutamente directa del pueblo con su líder. Las fotos son en blanco y negro y reflejan otros devenires, otra sociedad y otras relaciones humanas. Cuando uno ve una foto de aquella época confirma la idea de que un país más justo, alguna vez tuvo sustento para quienes menos tenían.

Es el período de plena vigencia de aquella definición abrumadora y determinante que “donde existe una necesidad existe un derecho”. Es la consagración del reconocimiento de la dignidad humana arrebatada a los poderosos de entonces, con la fuerza que da el dolor por cada injusticia cometida. El sistema político en particular, y la sociedad en general, la recuerdan una vez más como muestra de respeto y admiración de propios y extraños.

Avanza la semana. Y promediándola, los diarios traen otra foto. Presente y digital. Refiere a un evento ya histórico y tradicional en la Argentina: la muestra de la Exposición Rural de Palermo. Y la foto no muestra la fuerza del desarrollo agrario argentino o la belleza que supone un toro semental campeón, sino que refleja la presencia del ya famoso grupo A, (que como mucha gente famosa, parece demasiado banal y sin sustento) en un lujoso auditorio con pantalla de plasma gigante y donde se charla, discute y acuerda sobre el campo argentino.

La imagen es muy poderosa desde lo simbólico y no es casual que haya sido abordada desde distintos sectores de la vida nacional. Y además viene acompañada de una noticia que se las trae. Publicada en el diario Clarín el día 27 de julio a las 13:57, decía que “los líderes de los bloques de la oposición acordaron no prorrogar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo pero no consiguieron adoptar una misma posición sobre las retenciones a los granos. La Mesa de Enlace sí alcanzó una postura común”. Pavada de información. Lo que nos dice la nota es que el lugar de los acuerdos para la oposición (pobre Solanas, sino estuvo en la foto parece que no es opositor, ¿será K?) ya no es el Congreso de la Nación sino el mismísimo territorio perteneciente a una de las corporaciones más emblemáticas de la historia argentina: la Sociedad Rural. Resumidero de golpistas de toda laya, los de antes y los de ahora, el Grupo A se decidió a resumir en el instante que supone un click fotográfico, la postura política hacia un gobierno que para muchos, nunca debería haber nacido.

La paradoja es fulminante: en un régimen de claro signo presidencialista, este grupo de opositores no negocia con el oficialismo en una mesa que se cansan de reivindicar, sino que van “al pie” de las corporaciones. El siempre vigente (vigente?) resultado del 28 de junio de 2009, hizo creer a la mayoría de los que estaban en esa foto, y a varios que estaban del otro lado mirando, que comenzaba una etapa que nunca había sucedido en la Argentina pos dictadura: la del co gobierno. Pero ya ha demostrado la historia reciente, que algunos rejuntes nunca son del todo bueno para una sociedad como la argentina.

Pero el problema, en definitiva, no es la foto. Sino lo que se construye desde allí en adelante. El análisis es sencillo. Si para ganar visibilidad política, la oposición recurre a lo peorcito de las corporaciones (hace falta recordar lo que representa la Sociedad Rural en la historia política y económica del país?), en un hipotético triunfo electoral en 2011, ¿cómo hará para ponerle freno a las ambiciones siempre insatisfechas de estos sectores?

Y la respuesta es simple: no van a poder porque no van a querer. No van a poder frenar a los latifundistas en su desmesura de “tumbar” las retenciones porque no les interesa el problema agrario en su real dimensión. No van a poder frenar al sector desaforado de la gran industria que constantemente pide devaluar, porque no le interesan los trabajadores. Y no van a poder frenar a las grandes corporaciones mediáticas porque no les interesa que se escuchen la mayor cantidad posible de voces que relatan otras historias, saberes y realidades.

Entonces, y retomando las líneas iniciales, la pregunta final es simple. ¿Qué foto atrasa más? ¿La blanco y negro que, pese a todos sus errores, refleja un país con movilidad social ascendente o la de color digitalizada que nos muestra a un grupo de señoras “bien” y políticos en exceso conservadores que en el fondo de su ser, añoran el primer centenario, como síntesis perfecta de exclusión y marginalidad? Dígame señor lector, para usted, ¿qué foto atrasa más?

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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