“Es un crimen de lesa humanidad que sigue impune”, afirmó Ari Lijalad sobre uno de los episodios más polémicos en la historia de los medios del país. La sustracción ilegal de la única empresa productora de papel prensa del país que ocurrió el 2 de noviembre de 1976, incluso antes de que fuera finalmente inaugurada en 1978, constituye en su opinión “el peor atentado a la libertad de prensa de la historia argentina”.

Para Ari Lijalad, lo que sucedió hace cuarenta años, es decir, la alianza de la dictadura con los tres principales diarios del momento (Clarín, La Nación y La Razón), tuvo consecuencias negativas en la vida cotidiana de los argentinos en lo que respecta al acceso a la información que se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, planteó la necesidad de discutir el impacto que tiene el control de los medios teniendo en cuenta que son dos las empresas que manejan el insumo básico de la comunicación.

La causa se inició en el año 2010 cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante pero el Juez Ercolini fue demorándola y nunca citó a indagatoria a los diez imputados (cinco de ellos, Videla, Martínez de Hoz, Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos ya murieron). Esta cuestión estuvo estancada hasta el año 2015, cuando se reactiva con la asunción del nuevo fiscal Gómez Barbella.

Lijalad afirmó que “estamos esperando que Ercolini se digne a llamar a indagatoria a Magnetto”. Reflexionó que a seis años de la existencia de la causa judicial, en la práctica no ha habido ningún avance y destacó que el “terror” al poder mediático impide que ningún juez pueda tomar la decisión de convocar a Magnetto.