El pasado 11 de mayo de 2024, el diario británico The Telegraph informó que la Federación de Rusia había encontrado una enorme reserva de gas y petróleo en el “Sector Antártico Británico” que sería diez veces mayor a las existentes en el Mar del Norte.

Rápidamente, otros medios internacionales y publicaciones especializadas se hicieron eco de la noticia, precisando que se trataría de 511.000 millones de barriles y que el hallazgo habría sido realizado por la empresa rusa Rosgeo, mediante el buque Alexander Karpinsky.

La repercusión en los medios de comunicación nacionales también ha sido relevante porque, como sabemos, el lugar donde se efectuó el “descubrimiento” es una zona de la Antártida donde no sólo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB) tiene reclamaciones territoriales, sino también la República de Chile y nuestro país. Algunos de ellos pusieron hincapié en que se trataba de una avanzada del “régimen ruso” .

Sin embargo, de acuerdo al diario Clarín, la Federación de Rusia le confirmó al gobierno argentino este descubrimiento y afirmó que el mismo se había efectuado durante la Campaña de Verano 2019/2020; versión que también es confirmada por la Revista Pucará citando documentos de la empresa rusa Rosgeo. Por otro lado, algunos como Daniel Montamat se han mostrado escépticos en relación al anunció, en tanto “nadie ha visto la investigación (…) Hay que tener en cuenta que Arabia Saudita tiene 320.000 millones de barriles y Venezuela 360.000 millones de barriles de reservas probadas y nosotros, entre Vaca Muerta, Los Molles y otros recursos no convencionales tenemos reservas técnicamente recuperables, todavía no probadas, de 27.000 millones de barriles de petróleo equivalente”.

Asimismo, los expertos argentinos Mariano Memoli y Eugenio Facchin  sostienen también que esos trabajos de prospección rusos ya eran conocidos, que otros países también los realizan y que son trabajos científicos que no violan el Tratado Antártico ; como también reconoció el Subsecretario de Estado Parlamentario para las Américas, el Caribe y Territorios de Ultramar, David Rutley.

Entonces, si no hay una novedad, ¿cuál es la relevancia de esta noticia para el mundo y, particularmente, para la Argentina?

¿Qué es el Tratado Antártico?

Durante la II Guerra Mundial se produjeron algunos incidentes al sur del paralelo 60º. En 1948, tras su finalización, Estados Unidos propuso un fideicomiso que fuera administrado en conjunto con la Argentina, Australia, Chile y otros países, lo cual fue rechazado por varios de ellos, incluido el nuestro. Meses después, los estadounidenses también propusieron sin éxito un proyecto de internacionalización de la Antártida.

Por otro lado, la Argentina y Chile sostuvieron –el 12 de julio de 1947 y el 12 de marzo de 1948– que sólo ambos países tenían derechos indiscutibles en esa región, a la que denominaron la “Antártida Sudamericana”. Asimismo, a los efectos de evitar un conflicto militar, estos países más el RUGB firmaron la Declaración Naval Tripartita en 1949, por la cual se comprometieron a no enviar buques de guerra al sur del paralelo citado. Sin embargo, militares argentinos y británicos intercambiaron disparos en Bahía Esperanza en 1952 y, nuevamente, en la Isla Decepción en 1953.

Estas disputas en el marco de la Guerra Fría (1947-1991) eran inconvenientes para la estrategia global de Estados Unidos, en tanto buscaba mantener alejada a la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) de la Antártida. Por su parte, la URSS era consciente de esta maniobra y advirtió por esos años que no aceptaría ningún tratado en el que no estuviera representada.

Por último, en el marco del año Geofísico Internacional, que tuvo lugar entre el 1º de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958, la Argentina y Chile sostuvieron que las investigaciones que se realizaran en la Antártida no otorgarían ningún derecho territorial a los participantes. Por su parte, la URSS sostuvo que no desmantelaría ninguna base. Dada esta situación, Estado Unidos convocó a la Conferencia Antártica que sesionó durante dos períodos: entre junio de 1958 y octubre de 1959 y entre el 15 de octubre y el 1º de diciembre de 1959.

Finalmente, el Tratado Antártico fue firmado por doce países en diciembre de 1959, entrando en vigencia el 27 de junio de 1961. Los países firmantes fueron la Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la URSS, el RUGB y Estados Unidos. El artículo 1º del Tratado establece que las actividades serán exclusivamente pacíficas, prohibiéndose toda acción y fortificaciones militares, aunque el personal militar se podrá utilizar para apoyo a las actividades científicas y otras de carácter pacífico.

Asimismo, el artículo IV dispuso que ninguna disposición del Tratado afecta la soberanía o las reclamaciones territoriales sobre la Antártida que se hubieran presentado precedentemente. Tampoco supone una renuncia a futuros reclamos, los cuales no se podrán hacer mientras esté vigente el mismo, y ninguna actividad que se realice constituirá un fundamente para negar o hacer valer derechos territoriales en la Antártida.

A los doce países signatarios se sumaron otros 17 como partes consultivas, con voz y voto, y otros 25 como partes no consultivas. De este total, siete países mantenían reclamos territoriales, entre ellos la Argentina; mientras que Estados Unidos y la URSS hicieron reservas para efectuar reivindicaciones territoriales en el futuro, aunque no mientras estuviera vigente el Tratado. En cuanto a esto último, debe tenerse presente que el Tratado tiene una vigencia indefinida y sólo puede modificarse por la unanimidad de las partes consultivas.

En la actualidad, son miembros 54 países. Durante la XXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) (San Petersburgo, 2001), y tras casi diez años de arduas negociaciones, se obtuvo finalmente un Acuerdo de Sede para la instalación de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico en Buenos Aires, la cual fue inaugurada el 7 de septiembre de 2004.

La relevancia estratégica

La noticia sobre el hallazgo de la reserva debe ser necesariamente enmarcada en la vigencia del Protocolo de Madrid, firmado en 1991 y ratificado por todos los integrantes del Tratado Antártico en 1997, y vigente desde 1998. Este acuerdo establece una amplia protección sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y prohíbe “todas las actividades relacionadas con los recursos minerales excepto las que tengan fines científicos”. Si bien la organización del Tratado Antártico afirma que el Protocolo no tiene vencimiento, también aclara que “durante los primeros 50 años desde la entrada en vigor (…) solo puede ser modificado por acuerdo unánime de todas las Partes Consultivas del Tratado Antártico, [pero, después del año 2048] cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico puede convocar una conferencia de revisión del funcionamiento del Protocolo”.

En segundo lugar, la Federación Rusia y China no tienen reclamos territoriales en la Antártida. Sin embargo, estos países han aumentado su presencia en los últimos años: la base Vostok de la Federación de Rusia es uno de las más cercanas al Polo Sur y la base La Gran Muralla también cuenta con instalaciones importantes en la península antártica.

Por su parte, los Estados Unidos cuenta con la base McMurdo, la más grande del continente, y luego de que el Parlamento británico difundiera el supuesto descubrimiento ruso este país publicó –luego de 30 años– el National Security Memorandum on United States Policy on the Antarctic Region. Al respecto, la Casa Blanca sostuvo que “el Tratado Antártico ha mantenido con éxito la paz en la región antártica al congelar reclamos territoriales en conflicto, prohibir actividades militares que no sean en apoyo de la investigación científica o para cualquier otro propósito pacífico, priorizar la ciencia y la protección ambiental sobre los intereses comerciales, prohibir la minería con fines no científicos. y promover la transparencia y la cooperación”. Además, agregó que no reconocería ningún reclamo territorial, que aumentaría la inversión en rompehielos y que vigilaría a países que pudieran provocar alguna discordia internacional. En función de lo expuesto, no es inocente ni un gesto de amistad que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, haya visitado ya en tres oportunidades nuestro país –en la última de ellas recaló en Ushuaia–; la firma de un acuerdo entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para que este último ponga un pie en la Hidrovía Paraná-Paraguay; el radar inaugurado por el embajador estadounidense Marc Stanley en Ushuaia, de capitales británico-estadounidenses; y la actual visita del portaaviones USS “George Washington” y otros buques para realizar el Ejercicio Gringo-Gaucho II junto a la Armada Argentina.

En tercer lugar, la divulgación de esta noticia hay que enmarcarla también en el contexto de la guerra en Ucrania, que repercutió en las reuniones consultivas del Tratado. Durante la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) en Alemania, “los delegados que estaban presentes (…), se levantaron y se retiraron de la reunión [cuando Rusia hizo uso de la palabra]. Y al año siguiente en la reunión consultiva de Finlandia, el país anfitrión le negó la visa a los científicos rusos y hubo varios párrafos en contra de la Federación Rusa por ser el Estado invasor en la guerra”. Asimismo, no puede dejarse de lado en estas reflexiones que todas estas acciones se producen en el contexto de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y la República Popular de China.

Durante estos días, luego de la divulgación del Parlamento británico, se realizó la RCTA en Kochi, República de la India. Hay que tener presente que algunos países están sondeando al resto para cambiar no solo el Protocolo de Madrid a fin de poder realizar explotaciones hidro-carburíferas y mineras, sino también para modificar el mecanismo de decisión de unanimidad por uno de mayoría, para poder realizar modificaciones al Tratado.

Toda esta información pone sobre el foco nuevamente la relevancia estratégica de la Antártida, de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y del sector oriental de la Isla Grande Tierra del Fuego, que pertenecen al territorio argentino ya señalado. Como muestra el siguiente gráfico, las Islas del Atlántico Sur y el sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego están en el centro de este escenario estratégico.

Bienvenida Casandra

Así lo entendió la Directiva de Política de Defensa (DPDN) 2021. Este documento establece que “la planificación y construcción de capacidades para la defensa argentina y el sostén logístico de su actividad antártica deben considerar como partes integrantes de un mismo Sistema Geoestratégico a la Patagonia argentina, al Sector Antártico Nacional, al Atlántico Sur y a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”. Al respecto, sosteníamos que esa Directiva orientaba el diseño del Instrumento Militar, en cuanto a sus capacidades y despliegue, hacia el sur, hacia el mar y hacia la Antártida.

En este “Escenario Sur”, como lo definió la DPDN 2021, se avanzó con acciones concretas durante las gestiones en el Ministerio de Defensa de Agustín Rossi (2019-2021) y Jorge Taiana (2021-2023), donde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tenía –y sigue teniendo– un rol clave. Entre ellas se destacan la creación de la Guarnición Militar Conjunta (GMC) (RESOL-2022-1138-APN-MD); la instalación de un radar de vigilancia y control aéreo RPA-170M fabricado por la empresa argentina INVAP S.E.; el destacamento del Ejército Argentino –en el marco de la GMC– y el inició de las obras del traslado de la Base Naval de Ushuaia; que en el primer informe del (ahora ex) jefe de Gabinete en el Senado no queda claro si las obras continuarán, quien las ejecutará y si participará o no el Comando Sur de los Estados Unidos. 

Estas acciones fueron un importante avance. Sin embargo, son insuficientes si no se continúa con lo previsto en el PLANCAMIL 2023. Más allá del contenido de este documento secreto, hay obviedades que académicos, civiles y militares vienen señalando desde hace años.

En primer lugar, debe quedar claro que el enclave colonial y militar del RUGB en nuestras islas del Atlántico Sur no sólo representa un cercenamiento de nuestro territorio, sino que también limita nuestra libertad de maniobra en dicho océano y perjudica nuestros intereses en la Antártida: recordemos que los británicos están construyendo una base en Puerto Argentino. Claramente, al RUGB no le interesan los isleños, sino sus propios intereses. En este sentido, la Guerra del Atlántico Sur (1982) no puede ser enseñada en las instituciones educativas militares sólo como un evento histórico del siglo XX, sino que se debe incorporar el análisis estratégico y el estudio del Informe Rattenbach.

En segundo lugar, la concreción del traslado de la Base Naval de Ushuaia sería insuficiente si no se amplían las capacidades logísticas de los puertos de Ushuaia y de Río Grande (obra ya iniciada) con inversión del Estado y/o del sector privado. Esto le permitiría a Tierra del Fuego contar con las instalaciones logísticas más próximas a la Antártida, además de ser el nodo clave por donde circula el comercio internacional a través de los tres pasos interoceánicos que rodean a la isla: Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Pasaje Hoces.

En tercer lugar, deben continuarse las obras en el Base Petrel en la Antártida que permita la conectividad con Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos durante el año, y que se convierta en un Polo Logístico que se complemente con el puerto ushuaiense.

Por último, las insistentes propuestas para derogar el Régimen de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no tienen en cuenta extrañamente ninguna mirada geopolítica sobre este escenario. Si se introduce esta variable, hay que preservarlo porque la provincia es nuestra llave en este entramado estratégico.

Finalmente, el sistema de defensa tiene mucho que aportar. El centro de gravedad del dispositivo militar debe girar hacia el sur, el mar y la Antártida. Por ello, la Base Militar de Río Gallegos fue elevada a la categoría de Brigada para que se desplieguen allí los caza multi-rol, lo cual no sucedería bajo la mirada de la actual administración y de acuerdo a las declaraciones del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac. Asimismo, los Súper Etendard y los SEM, si alguna vez se ponen en vuelo, o algún otro avión de similares características, deberían estar desplegados de manera permanente en Río Grande. Esto tampoco es suficiente si la Fuerza Aérea y la Armada Argentina no se alistan y adiestran en este escenario, siguiendo las enseñanzas del Informe Rattenbach, dejando atrás disputas inútiles.

Bienvenida Casandra, y que cada vez seamos más los que podamos verlo.

FUENTE: El cohete a la luna