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Tras una sesión que se extendió por más de diez horas, el proyecto fue aprobado por 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones.
La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, fue apoyada por el bloque del Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y el respaldo, con disidencias de legisladores de otras bancadas, como la UCR, el Frente Peronista, el Frente Renovador y el PRO, entre otros.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.
En contra lo hicieron los bloques que componen el Frente Amplio Progresista (GEN, socialismo, Frente Cívico de Córdoba y Unidad Popular), la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios.
En el inicio del debate, el miembro informante del proyecto, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), señaló que con la sanción de la ley de reapertura del canje el Gobierno "tiene las herramientas para terminar con la reestructuración" de la deuda que cayó en default a fines de 2001 y reivindicó la política realizada por el Ejecutivo porque se "reafirmó la soberanía".
Al exponer en su carácter de titular de la comisión de Finanzas, advirtió sobre el accionar especulativo de los fondos buitre y señaló que si no se revierte el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York tendrá "repercusiones negativas no sólo sobre la Argentina sino sobre el sistema financiero internacional".
Por su parte el kirchnerista Roberto Feletti aseveró que "no existe jurisprudencia de que una Nación puede ser rehén de un fondo especulativo", al referirse al fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos contrario a la postura argentina ante los fondos buitre.
El titular de la comisión de Presupuesto consideró que la restructuración fue "exitosa porque se adhirieron un 93 por ciento de bonistas, y rechazó la decisión de la justicia de Estados Unidos que aceptó el reclamo de un fondo buitre que representa el 0,45 por ciento de los acreedores”.
Desde la oposición, el radical Miguel Bazze, dijo que su bloque votará "con la mayor responsabilidad" pero cuestionó al gobierno por no reconocer "los errores que se siguen cometiendo".
En cambio, el diputado y candidato a senador de Unen Fernando Solanas dijo que "estamos ante la legitimación del mayor fraude que es la deuda externa" y "nosotros no vamos a permitir los actos ilegítimos que se iniciaron hace treinta años".
El diputado del Frente Renovador Felipe Solá señaló que "vamos acompañar por la continuidad jurídica del Estado y porque no somos cipayos y no vamos hacer nada a favor de los fondos buitre"; mientras que desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "una vez más vamos a dar una herramienta al gobierno porque estamos en contra de los fondos buitre" pero cuestionó que el gobierno "siga poniendo los problemas debajo de la alfombra".
El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.
Por la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay remarcó que "no se opone a la reapertura del canje de deuda" aunque aclaró que “no vamos a permitir al gobierno negociar en sede judicial porque es desventajoso para la estrategia Argentina".
Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, manifestó que pese a la reestructuración de la deuda "no consiguió que no tuvieran fallos en contra ni disminuir la deuda pública" y dijo que "acá no se ha logrado ningún desendeudamiento".
En el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló: “Reivindicamos nuestra política de desendeudamiento, y estamos convencidos de que fue la decisión correcta; porque teníamos el desafío de crecer con inclusión y es un desafío que hemos superado”.
El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.
El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.
Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.
Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.
El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray
FUENTE: Télam
