En el día de ayer, el Proyecto de Ley de Alquileres promovido por organizaciones de inquilinos de todo el país, logró por unanimidad la aprobación del Senado y ahora pasa la discusión en la Cámara de Diputados. Acerca de esta cuestión, Ariel D’Orazio comentó que “es algo que no se daba desde 1984, con la recuperación de la democracia con la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas que rigió la vida de los alquileres hasta el año pasado con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial”.
Para D’Orazio, el Proyecto de Ley contempla una serie de medidas que tienden a mejorar las condiciones de contratación y acceso a la vivienda en beneficio de los inquilinos. De hecho, expresó que “modifica sustancialmente la planificación familiar, ya que aumenta el mínimo de duración de contrato de dos a tres años y porque establece que la indexación nunca podrá superar a un índice oficial, que está compuesto por el índice salarial y el índice al consumo”.
Otro de los beneficios tiene que ver con las bajas considerables que se estipularon en materia de honorarios y comisiones. En tal sentido, D’Orazio explicó que “en la provincia se paga un mes y medio de comisión cada dos años y con esta Ley se bajaría a un mes cada tres años”. En definitiva, se abarataría el costo de vida de los inquilinos. Además, repercutiría en la cuestión impositiva ya que todos aquellos impuestos que graven la propiedad y las expensas extraordinarias van a quedar a cargo del propietario, como estaba previsto antes de la vigencia del Código Civil y Comercial del año 2015.
Las inmobiliarias, por su parte, se posicionaron en contra de esta iniciativa. Sin embargo, la votación en el Senado demostró un sólido respaldo a este Proyecto de Ley (de hecho se registraron 63 votos a favor y ninguno oponiéndose). D’Orazio comentó que “ahora hay que convencer a Diputados de que esta ley mejora las condiciones de vida del inquilino y frena el abuso inmobiliario”. Además destacó que el alquiler no debería ser un padecimiento ya que se trata de un derecho y que se está trabajando para que deje de primar el negocio inmobiliario sobre los derechos de los individuos.
