La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 221 votos a favor, el proyecto de ley por el cual se da autorización al Estado para importar y distribuir aceite de cannabis para aquellos pacientes que ya cuenten con indicación médica.
El diputado del Frente para la Victoria, Eduardo Seminara comentó que “en términos generales salió un proyecto consensuado entre todos los bloques, aunque con particularidades que no nos dejaron conformes a todos”. Estas particularidades tienen que ver con la cuestión del autocultivo que Cambiemos se niega a incorporar en la ley. El autocultivo es un reclamo de las familias que tratan a sus hijos con aceite de cannabis que, de no contemplarse en el nuevo marco regulatorio, podrían ser penadas de la misma forma que un narcotraficante.
Además de la provisión y distribución del aceite de cannabis para pacientes con prescripción médica, este Proyecto de Ley contempla, como explicó el Diputado, su producción futura por parte del Estado y la promoción de la investigación científico tecnológica para determinar todos los usos posibles, sobre todo en materia anticonvulsionante. “Queda abierto al compromiso del Estado, de los organismos competentes: universidades, CONICET, INTI, INTA”, expresó Seminara.
Para el diputado, “el gran problema es cómo gestionar la transición hasta que el Estado pueda empezar a garantizar el aprovisionamiento del aceite de cannabis”. De manera provisoria, ésta se daría por importación, como viene sucediendo, pero no a costo de mercado como está establecido.
En su opinión, la discusión en la Cámara Baja ha sido muy seria, concienzuda y contó con la participación de múltiples sectores. La sociedad, para Seminara, se ha sensibilizado en términos generales y de manera particular los familiares de pacientes afectados. Por este motivo, argumentó que “el Senado tendría que contribuir con rapidez a completar la sanción de esta ley”.
Por otra parte, Seminara comentó que actualmente una gran cantidad de pacientes utilizan este recurso para sus patologías y en ese sentido es preciso que se conforme un marco regulatorio distinto para que, entre otras cuestiones, los médicos pierdan los temores para recetar y para que se fomente una mayor investigación sobre estos tratamientos. “Defraudar a la sociedad después de que haya tomado estado de público conocimiento, de que se hayan generado expectativas en los familiares y pacientes sería muy negativo para nuestra institución”, afirmó el diputado.
