Milagro Sala, líder del Movimiento Barril Tupac Amaru, se encuentra detenida desde el 16 de enero de este año. Diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, como, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando que se dicten medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social en Jujuy.
En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dedicado al seguimiento del caso de Milagro Sala, comunicó que su detención es arbitraria y se instó al gobierno argentino a proceder de inmediato a su liberación. Tras analizar las causas judiciales por su detención, se determinó que, en realidad, no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva de Milagro.
Por lo tanto, para los organismos regionales e internacionales, la única solución posible es la liberación de Milagro Sala. El abogado Eduardo Barcesat comentó al respecto que “Argentina ratificó catálogos de Derechos Humanos y protocolos facultativos sobre cómo proceder ante casos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos. Argentina, hasta este momento, está en falta y puede implicar la aplicación de sanciones”.
Barcesat resaltó el hecho de que Argentina integra dos sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, uno regional y otro internacional, y habiendo adherido a sus protocolos facultativos, debe respetar sus resoluciones y recomendaciones. Estos pactos, recordó el abogado, forman parte de la Ley Suprema de la Nación y tienen jerarquía de cláusula constitucional.
Consecuentemente, desconocer las recomendaciones y resoluciones de organismos de los que se forma parte, supone la posibilidad de recibir sanciones. Barcesat destacó que éstas “tienen un efecto conminatorio y de reiterarse, implica sacar al país en cuestión del sistema interamericano o internacional”. En su opinión, las sanciones pueden ser indirectas, como, por ejemplo, la cancelación de proyectos de financiación o de obras de infraestructura. Una situación muy similar a la de Fujimori en Perú, quien, tras desconocer también resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue penalizado con la cancelación de créditos, con un severo desprestigio internacional e incluso con su encarcelación. “Creo que es un espejo en el que hay que mirarse”, comentó Barcesat.
Manifestó, en otro orden de cuestiones, que existen mecanismos internos, en el país, para que se hagan ejecutar las decisiones de los órganos de los organismos internacionales, como por ejemplo, el reclamo por vía judicial.
“Entiendo que la resistencia y negativa del gobierno es una pérdida de prestigio internacional”, declaró Barcesat.
