El Foro Defensa de la Educación Pública, Ciencia y Tecnología convocó a una movilización esta mañana frente a la sede de Anses en la ciudad de Rosario en repudio de los recortes que anunció el Gobierno Nacional en las becas del Plan Progresar.
Como comentó Agustín Prospitti, “estamos atravesando una situación muy desalentadora en términos de reconocimiento de un derecho”. Además, remarcó que solamente en la Provincia de Santa Fe, 40.000 beneficiarios podrían verse afectados.
Este Plan había permitido a muchos estudiantes a lo largo y ancho del país continuar con sus estudios. “Está directamente vinculado con apoyar, acompañar, sostener a estudiantes que no tienen trabajo o que tienen dificultades en su empleo o están en negro y que están en una edad crítica para continuar sus estudios”, remarcó Prospitti.
Este ajuste afecta a una población que se encuentra en tensión entre el ingreso al mercado laboral y la continuación de sus estudios, con todas las dificultades que ello acarrea. Cabe destacar que el mayor desnivel de desempleo actualmente se encuentra entre los jóvenes y precisamente, este Plan contribuía al apoyo y al sostenimiento de jóvenes entre 18 y 25 para que pudieran continuar con su formación.
“Inexplicablemente y sin mediar información alguna, el Gobierno Nacional decidió dejar de pagar a miles de argentinos la beca del Progresar que se cobran en los cuatro niveles educativos: desde el primario hasta el universitario”, explicó Prospitti.
“Se está intentando desactivar una política pública para garantizar el Derecho a la Educación”, expresó. Además comentó que esta medida es consistente con la estrategia que viene desplegando el Gobierno Nacional cuando, en reiteradas oportunidades, ha intentado recortar programas que afectan derechos, tal como ha sucedido con la pensión por discapacidad recientemente. Con respecto a la educación, Prospitti remarcó que en casos menores se han realizado cortes injustificados. Sin que se mediara condición alguna, estudiantes que cumplían con todos los requisitos que exige el programa, se vieron afectados por lo que desde el Gobierno Nacional se calificó como “cuestiones administrativas”. “Esto se viene produciendo de manera muy pequeña y ahora se da un corte abrupto”, destacó.
En opinión de Prospitti, “lo que se presenta como un error administrativo en verdad es un cambio en las reglas de juego porque obliga a todo el mundo a reinscribirse con condiciones más exigentes para filtrar quienes ingresan y para hacer más pequeño el cupo”.
Las instituciones públicas y las Universidades en un plazo muy acotado de solamente veinticuatro horas debieron reenviar información sobre la regularidad de sus alumnos que ya había sido remitida anteriormente para aclarar sus situaciones. A este respecto, Prospitti remarcó, “es muy poco tiempo para eso. Se presenta como un problema administrativo, pero consecutivamente desde 2015 se están deslegitimando y desactivando políticas. La evidencia clara de ello es que desde ese año el Programa Progresar no sufrió reajustes en sus beneficios cuando eso está contemplado por la ley”.
