La causa que se les abrió es por los incidentes ocurridos en las puertas de la Legislatura provincial, en el mes de septiembre, cuando se trató la Reforma Previsional.

La acusación estuvo en manos de las fiscales Laura Urquiza y Yanina Tolosa, quienes les achacaron los delitos de daños agravados e impedimento del funcionamiento del Congreso. Los imputados son Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafé), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto).

Los imputados transitarán el proceso en libertad con medidas cautelares que contemplan presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación, fijar domicilio en la provincia de Santa Fe y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a la Legislatura.

La causa judicial que se les sigue a los dirigentes gremiales se inició tras los incidentes ocurridos el pasado 12 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados trató y aprobó la reforma jubilatoria en Santa Fe. Una multitudinaria marcha llegó a las puertas de la Legislatura se produjeron varios incidentes cuando un grupo intentó ingresar al recinto y, tras la aprobación de la ley, algunos manifestantes rompieron la puerta de ingreso y arrojaron objetos en medio de una fortísima represión policial.

En tanto, desde las diversas organizaciones gremiales apuntaron contra el gobierno de Santa Fe que conduce Maximiliano Pullaro y calificaron el accionar judicial como “una investigación de perfil intimidatorio y antidemocrático sobre el derecho a la protesta”. En sus argumentos remarcaron que las detenciones se dieron en medio de violentos allanamientos, que eran innecesarios, porque todos los detenidos podrían haber sido citados y se hubieran presentado voluntariamente, ya que los gremios responden por sus referentes.

El gremio dispuso la suspensión de clases en escuelas públicas por 24 horas luego de un cese de tareas que comenzó la tarde del miercoles. 

FUENTE: Redaccion Rosario