A pesar del camino recorrido en la conquista de derechos, los registros de los observatorios dan cuenta de una problemática que no se detiene: en lo que va del año 2026, ya se contabilizan más de 105 femicidios en el país, lo que equivale a la trágica estadística de un asesinato, por motivos de género, cada 35 horas.
En diálogo con Todas Las Voces por AM 1330, la concejala Majo Poncino expone que el eje central del reclamo actual apunta directamente contra el modelo político y económico encabezado por el presidente Javier Milei. Desde el movimiento feminista se denuncia un desguace sistemático del Estado, caracterizado por el desmantelamiento de los organismos especializados encargados de prevenir, sancionar y erradicar las violencias, así como una drástica reducción de las partidas presupuestarias destinadas a las políticas públicas de género. Esta desidia estatal, argumenta, deja desprotegidas a las víctimas y genera un marco de desamparo institucional crítico.
Además, Poncino advierte sobre la consolidación de un "antifeminismo de Estado" promovido desde la cúpula del poder ejecutivo, donde el uso sistemático de una retórica hostil hacia las mujeres y las diversidades actúa como un factor de legitimación y multiplicación de conductas de odio en la sociedad. Este clima de época no solo se traduce en agresiones en los entornos digitales y redes sociales, sino que también encuentra réplicas en proyectos legislativos que buscan desacreditar de forma anticipada la palabra y las denuncias de las víctimas.
En cuanto al recrudecimiento de la violencia y la perversión en los métodos que registran los observatorios, se rechaza tajantemente la tendencia a patologizar a los agresores. Se sostiene que los femicidios no son hechos aislados producto de una enfermedad mental, sino actos de naturaleza estrictamente política que ponen de manifiesto relaciones asimétricas de dominación, disciplinamiento y un sentido de apropiación sobre los cuerpos. Este fenómeno se agrava en un contexto donde el tejido social se encuentra fracturado por la confluencia de crisis económicas, políticas y culturales.
De acuerdo con la perspectiva del movimiento Ni Una Menos, las consecuencias de este modelo de ajuste e "impunidad planificada" recaen con especial crudeza sobre las infancias, las mujeres y las diversidades, quienes forman parte de los sectores más vulnerabilizados junto a jubilados y personas con discapacidad, insistiendo en que revertir el avance de este sistema misógino y patriarcal requiere un compromiso colectivo de la comunidad entera, interpelando de manera urgente el rol de los varones en sus círculos íntimos y cotidianos.
Frente a esta coyuntura, la ciudad de Rosario se convierte en uno de los epicentros de la resistencia civil y la movilización colectiva. La marcha convocada para la tarde del 3 de junio iniciará su concentración en la Plaza 25 de Mayo para confluir finalmente en la Plaza San Martín, donde la Asamblea de Transfeministas dará lectura a un documento unitario que no sólo sistematiza las denuncias contra la precariedad y el desmantelamiento estatal, sino que busca ratificar la vigencia del tejido comunitario frente a la hostilidad política actual.
