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El ministro de Economía expuso ante Naciones Unidas para explicar el conflicto con los fondos buitre y la deuda externa. "Argentina quiere seguir pagando pero no la dejan", afirmó y subrayó que el país pagó 192 mil millones de dólares desde 2003.

La reciente negativa de la Corte Suprema de Los Estados Unidos a aceptar el caso argentino, volvió a poner en primer plano la actuación contradictoria del Juez Thomas Griesa en la causa ¿Debería dársele tratamiento individual o colectivo a la problemática?

El Gobierno hará este lunes una presentación formal ante el juez Griesa. Lo aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa. Adelantó que los detalles los brindará el ministro de Economía, Axel Kicillof.

El jefe de Gabinete destacó que los distintos bloques del Congreso así se manifestaron durante la reunión que encabezó junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini en en relación a los fondos buitre.

El Papa hizo referencia directa al sistema judicial al afirmar que los jueces deben evitar las "visiones personales" y sus "convicciones ideológicas" al emitir sus fallos.

La Presidenta confirmó que el país afrontará el pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración de deuda, pero dejó en claro que "ningún presidente debe someter a su pueblo a semejante extorsión", al referirse al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en favor de los fondos buitre.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el tratamiento de la apelación presentada por Argentina habilita al juez de primera instancia Thomas Griesa a continuar con la aplicación del fallo dispuesto en febrero de 2012.

En Bolivia, los representantes de los 133 país señalaron que un fallo a favor de los holdouts implicará un "peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda".

El secretario del Tesoro, Jack Lew, avaló el pedido del Gobierno argentino para que la Corte Suprema estadounidense finalmente acepte intervenir en el expediente abierto por el conflicto y destacó que los argumentos del país "merecen atención".

La disputa judicial por la deuda en default ha sido uno de los denominadores comunes en materia económica en la última década. Las consecuencias del resultado final tendrán fuertes implicancias para diversos actores interesados, generando apoyos políticos y jurídicos y moldeando las estrategias empleadas por las partes en conflicto.