Esta situación crítica comenzó a partir de un escándalo de corrupción en materia aduanera, que forzó la renuncia de la vicepresidente Roxana Baldetti a principios de Mayo. Por el mes de abril, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo avalado por la ONU, junto a funcionarios judiciales logró desmantelar una red criminal, conocida como “La Línea”, que operaba en materia de importaciones. La metodología consistía en el cobro de sólo el 40% de los impuestos, para cobrarles, por otro lado, el 30% en materia de sobornos.

La metodología consistía en el cobro de sólo el 40% de los impuestos, para cobrarles, por otro lado, el 30% en materia de sobornos.

Debido a este escándalo, comenzaron a caer detenidos altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina, como el jefe del ente recaudador, Omar Franco, y el titular de la superintendencia de Administración Tributaria, Calos Muñoz, junto a una veintena de funcionarios y personas que operaban en esta red de contrabando y fraude.

Ante esta situación, los partidos opositores no tardaron en reaccionar para demandar por diferentes delitos a la máxima cúpula del gobierno, exigiendo la renuncia del presidente. Amilcar Pop, líder del partido opositor Winaq, denunció tanto al presidente como a su vice de encubrimiento, obstrucción de la justicia, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, conspiración, colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En un principio, la Corte Suprema de Justicia, decidió que sólo la vicepresidente Baldetti fuera investigada y, para esto, formó una comisión investigadora de diputados que decidiría si hay evidencias suficientes para que el Ministerio Público proceda. Pero, ante la inmediata renuncia de ésta, el órgano judicial comenzó con sus tareas.

Una semana más tarde, el presidente Pérez Molina anunció la renuncia de varios ministros y funcionarios cercanos, como López Bonilla, ministro de Gobernación; Anzueto, de la secretaría de Inteligencia; Martínez, del ministerio de Medio Ambiente; Juárez, del ministerio de seguridad; y Rodas, del ministerio de Energía. Ante este éxodo de funcionarios de alto rango, el presidente negó un “desmoronamiento” del gobierno, ya que alegó que había sido decisión de él mismo.

El presidente negó un “desmoronamiento” del gobierno

La población, ante éste escándalo, no se quedó fuera del escenario. Cientos de indígenas y campesinos se movilizaron alrededor del país, bloqueando diferentes rutas, para exigir la renuncia del presidente ante tan cruda corrupción.

Lamentablemente, para Pérez Molina, los escándalos de corrupción no finalizaron ahí. Para finales de mayo, se conoció un fraude contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por el cual fueron apresadas 17 personas, incluidos el presidente de dicha entidad, Juan de Dios Rodríguez, y Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala. La CICIG, también en este caso, destapó un plan para la adjudicación, de manera anómala, de un contrato por $14,5 millones a una empresa farmacéutica. A diferencia del escándalo aduanero, Pérez Molina logró escudarse, al menos parcialmente, alegando que el instituto es un organismo autónomo y que fue traicionado por dichas personas.

Otro escudo que pudo obtener, temporalmente, fue un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que frenó el proceso para establecer si se le retira o no la inmunidad por su sospechada relación con ambos casos de corrupción (el antejuicio llevado a cabo por la Comisión investigadora del Congreso). Según algunos especialistas, el trámite de antejuicio violó la Constitución guatemalteca, puesto que no se respetó el procedimiento legal en la presentación de las denuncias de Winaq Pop a la Corte Suprema y al Congreso.  Pero este respiro le duró poco, ya que para comienzos de julio, la misma Corte de Constitucionalidad le revocó el amparo provisional.

A su vez, la comisión parlamentaria, al finalizar junio, entregó su informe al Congreso con su recomendación de que el poder legislativo le retire la inmunidad al Presidente. Ahora bien, este órgano no procederá a reuniones ordinarias (cuando se debe realizar la votación) hasta agosto, quedando en suspenso el retiro de la inmunidad.

La comisión parlamentaria entregó su informe al Congreso con su recomendación de que el poder legislativo le retire la inmunidad al Presidente.

Los casos de corrupción no son novedad en América Latina, pero que éstos lleven a destituciones y caídas de gobiernos son muy pocos. Pero el caso guatemalteco puede ser un buen ejemplo de cómo funcionan los controles y contrapesos de la separación de poderes.

Desde una perspectiva argentina, se puede tomar a este caso para aprender, y tal vez hasta incorporar, los mecanismos y procedimientos que se dan en otros países en casos de corrupción. Si bien Guatemala es un país pequeño en el orden mundial, sus experiencias pueden valer lo mismo que una gran potencia.

Por otro lado, no puede escapar a la vista una crítica que se le puede hacer al proceso guatemalteco. Si bien la CICIG es un órgano “independiente y de carácter internacional”, creado a partir de un acuerdo del gobierno de Guatemala (ratificado por el Congreso) y la ONU, su carácter internacional y sustentado parcialmente por aportes extranjeros, puede provocar la sospecha de intereses de terceros países en Guatemala.

(*) Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNR