Antecedentes 

Cuando Alianza País se impuso en las elecciones presidenciales de 2017, la noticia fue recibida con entusiasmo. A contraluz de la tendencia que se expandía por toda América Latina, Ecuador había sabido discernir lo que estaba en juego y optó por la continuidad del proyecto de Alianza País. De esta manera Ecuador quedaba en manos de Lenin Moreno y Jorge Glas, como garantes de las políticas sociales y económicas aliancistas, frente a una oposición, que como emisarios del cambio proponían una vuelta a las mismas políticas económicos-sociales que generaron la crisis del ’99.

El entretelón de la puja de intereses que se desencadenó apenas asumió el gobierno la dupla vencedora, es ahora harina de otro costal, pero los cambios fueron radicales y se desencadenaron con una velocidad inusitada. En su discurso de asunción, Moreno prometió profundizar la lucha por erradicar la pobreza del país, pero achacó a los diez años de corresimo, de los que él mismo fue partícipe y protagonista, la responsabilidad por la polarización, corrupción y los “desajustes económicos”.

Con el paso de los meses la presidencia de Lenín Moreno fue imponiendo su propio rumbo al gobierno, alejándose de la impronta heredada del ex presidente Rafael Correa, y se acerca cada vez más a la oposición. Persecución judicial, ajuste y alineamiento con la derecha en la Asamblea Nacional dominaron el plano interno, mientras que a nivel internacional Ecuador retiró el asilo político a Julián Assange, autorizó a EEUU para realizar controles aeromarítimos en  las Islas Galápagos a Estados Unidos, se sumó al Grupo Lima, y decidió salir de UNASUR, con cierre de sede incluida.

En resumen, la ruptura de los lazos con el correísmo, Moreno abandonó el programa por el cual fue votado, para llevar adelante un gobierno de ajuste, en alianza con los bancos nacionales, los medios de comunicación y la derecha tradicional, quienes garantizaron durante estos años la gobernabilidad en la Asamblea Nacional.

¿Qué está pasando?

Con el avance de la gestión, el gobierno ha ido erosionando sus bases de apoyo y en los últimos días solo ha podido mantener la autoridad por medio de la fuerza, garantizada por el combo clásico: intervención de las fuerzas armadas y el apoyo de los grupos empresariales. Estos últimos, quienes impulsaron las medidas económicas, y avalaron el cambio de sede de Quito a Guayaquil, centro financiero y donde se localizan los principales grupos económicos del Ecuador. Esto, con el apoyo y participación de ciertos sectores de la sociedad que considera que el correísmo se encuentra detrás del “caos en las calles”.

Desde que asumió el gobierno puso en práctica el clásico paquete de reformas económicas destinadas a equilibrar el déficit fiscal y reducir el gasto público. Medidas que resultaron “insuficientes”, debiendo acudir a las puertas del FMI. 

En el marco de su programa de reducción del gasto acordado con el Fondo Monetario Internacional, el organismo autorizó un acuerdo por más de 4.200 millones de dólares. Según las condiciones del acuerdo de financiación Ecuador debía introducir reformas a la legislación para que el Fondo continúe desembolsando sus próximos tramos de préstamos a bajo interés. Moreno dijo que el objetivo de las medidas es liberar recursos para apoyar a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas firmas.

Como contraparte, y apenas horas después de anunciar que en el país analizaba retirarse de la OPEP, se oficializó la publicación del Decreto 883, mediante el cual el gobierno comunicó las siguientes reformas: un aporte especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año; un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales; una reducción de vacaciones a la mitad, además, de un aporte con un día de salario al mes para los trabajadores públicos; y finalmente el fin de los subsidios a los combustibles, un subsidio que se había mantenido por cuatro décadas. Como consecuencia, el galón de gasolina extra, pasó de 1.85 dólares a 2.30 dólares; y el galón de diésel, utilizado por maquinaria y transporte pesado, paso de 1.08 dólares a 2.27 dólares, una aumento de más del 120% en las estaciones de servicio.

La quita de subsidios al combustible encendió la mecha que desencadenó las mayores protestas de los últimos años en el país. Sin embargo, a esta se suman otras iniciativas inquietantes como la reforma laboral que de a poco avanza en la Asamblea Nacional, cuya propuesta más controversial es la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, que según el titular de Finanzas, Richard Martínez, “no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos”. Además, precisó que la reforma incluye la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público. 

Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, resaltó que la reforma laboral busca fomentar el emprendimiento, la simplificación en la contratación, en paralelo a la generación de empleo, “para dar respuesta al subempleo”. La propuesta incluirá “modalidades contractuales acordes a lo que vive el mundo”, nuevos permisos de paternidad, facilidades para adquirir herramientas tecnológicas, optimización de recursos o movilidad.

A esta altura, podríamos estar hablando de cualquier país sudamericano de los últimos años, el recetario de medidas de los últimos años se aplica al pie de la letra.

Caos en las calles

La reacción popular sobrepasó cualquier previsión. En un primer momento el sindicato de transportistas, con algunos dirigentes vinculados con el correísmo, estuvieron a la cabeza de la protesta social, pero luego de un ataque mediático, este foco perdió intensidad y acabó por desintegrarse. . 

El sector indígena, que mantuvo pésimas relaciones con el gobierno de Rafael Correa, pasó entonces a liderar las calles, con apoyo de otros movimientos sociales ligados a diferentes sectores de izquierda rodearon la ciudad capital, obligando al gobierno a trasladar la sede administrativa a Guayaquil. Las grandes manifestaciones no solo llegaron a Quito, sino que se instalaron también en otras ciudades, incluso se tomaron gobernaciones.

El Movimiento Indígena, después de ser acusados por la gestión de actuar bajo el financiamiento y las órdenes de Rafael Correa, la CONAIE se desligó del ex presidente con un duro mensaje. Criticó al correismo acusándolo de oportunista, y le recordó, entre otras cosas haber criminalizado y perseguido a los miembros de su organización durante su mandato. 

De esta forma, no solo alejó de Revolución Ciudadana, cuya participación en las manifestaciones es una realidad, pero no llegó a constituirse como un actor determinante, sino que le permitió posicionar a su movimiento en el centro de la escena y como único interlocutor ante Lenin Moreno. 

La respuesta a las protestas por parte del gobierno fue la declaración del estado de excepción en el país, bajo la cual se ha ejercido una brutal represión y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Las imágenes que circulan por los diferentes medios y redes sociales, en un contexto de total silencio por parte de los medios locales, hablan por sí solas.

Negociación 

La agudización de la crisis hizo que el presidente dejará de lado las teorías conspirativas para enfocarse en la construcción de un puente de diálogo con los indígenas que, que permitió la derogación del Decreto 883.

El sujeto político que puso el cuerpo a la resistencia de la medida, sin lugar a dudas, fue el Movimiento Indígena expresado principalmente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Sin embargo, en su afán de marcar distancia y evitar que Rafael Correa pueda capitalizar políticamente el escenario post crisis parece estar avalando un doble juego por parte del gobierno, manteniéndose indiferente ante hechos de preocupantes de persecución.

La CONAIE, agrupada en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, siempre tuvo diferencias con el espacio de Correa, pero siempre fue posible dirimir parte de esas diferencias en las urnas, lo que permite a la organización indígena contar con cinco asambleístas, cuatro Prefectos y 20 alcaldes. 

La importancia y el rol del movimiento indígena en las diferentes resistencias populares y en el sistema político ecuatoriano es innegable, y Lenin Moreno es consciente de que sin acuerdo con los indígenas no es posible pacificar el país, pero el otro, dio vía libre a la persecución contra los principales dirigentes del espacio de Revolución Ciudadana. 

El Canciller Ricardo Patiño y los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri ya solicitaron asilo al gobierno de México, la ex-alcaldesa Alexandra Arce y la Prefecta de Pichincha Paola Pabón se encuentran detenidas y el ex asambleísta, Virgilio Hernández, con orden detención. Muchos de ellos pertenecen al grupo de presidenciables, ante la imposibilidad de Rafael Correa de presentarse a un futuro mandato, producto de la reforma constitucional de febrero de 2018. 

Lenin Moreno no llegó a presidente con una plataforma neoliberal, todo lo contrario, pero no dudo en dar la espalda a su electorado desde el primer momento. Con la derogación del decreto, Lenín logró descomprimir el caos reinante en las calles, pero el estado de movilización permanece latente, como muestra quizás, de un fin de un ciclo.

(*) Paula Martín es integrante del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

FUENTE: Síntesis Mundial