Sábado, 10 Octubre 2020 10:50

Las trampas del determinismo

Escrito por Santiago Toffoli (*)
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El voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió un nuevo debate interno en el país sobre la situación de Venezuela, esta vez al interior del oficialismo. Sin embargo, ello no impidió que los datos erróneos y los títulos simplistas prevalezcan ante la realidad, que suele ser un poco más compleja. La definición del interés nacional, la política de Derechos Humanos como política de Estado y la necesaria comprensión del mundo que estamos transitando.

El último martes se celebró el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Consejo es un órgano intergubernamental que funciona dentro del sistema de ONU y que tiene como objetivo promover y proteger los DDHH en todo el mundo. Para esto, debate cuestiones relativas a la temática y emite resoluciones y/o decisiones que no son vinculantes ni tienen fuerza de ley, por lo que no obliga a ningún Estado a cumplirla.

Aunque se haya querido comparar el papel de la ONU con el de la Organización de Estados Americanos (OEA), el CDDHH debatió sobre la situación en varios países, y no sólo sobre Venezuela. De hecho, las resoluciones debatidas tuvieron por objeto el seguimiento de los DDHH en Bielorrusia, Yemen, Burundi y Siria, entre otros. VER

El Consejo se compone de 47 Estados. Para formar parte, estos Estados son votados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano más representativo del sistema, por un período de 3 años y siguiendo un criterio geográfico. Por ello, América Latina y el Caribe ocupan 8 asientos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, México y Bahamas.

La sesión del martes aprobó dos resoluciones relativas a la República Bolivariana de Venezuela. Una fue presentada por el propio gobierno de Nicolás Maduro, conjuntamente con Turquía, la República Islámica de Irán y Siria. En ella, se mencionan las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y se busca fortalecer la cooperación entre su gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. En este caso, mientras Brasil, Chile, Uruguay y Perú votaron en contra, Argentina se abstuvo.

La segunda resolución (y la que fue origen de la discordia) fue promovida por el Grupo de Lima. No es un apoyo a la intervención extranjera, ni a las sanciones económicas, ni reconoce a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. Lo que busca es extender por dos años más la misión que investiga la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, no menciona las sanciones, y critica duramente el accionar del gobierno venezolano. Esta resolución nombra el informe de Bachelet, pero también el de la Delegación independiente ad-hoc creada a instancias del Grupo de Lima que se encarga pura y exclusivamente de Venezuela, y no de la situación global como la Oficina de la Alta Comisionada. 

Llegado este punto, hay que realizar una serie de aclaraciones. En estas instancias diplomáticas, las resoluciones votadas no siguen la lógica de un referéndum, al cual se vota por sí o por no. Las votaciones no tienen una naturaleza determinante y absoluta, sino que las posiciones suelen ser relativas, fundamentalmente porque la realidad lo es. Dicho de otro modo, la votación en el CDDHH no es “a favor” o “en contra” de Venezuela.

Teniendo en cuenta que no todo es blanco o negro, Argentina votó a favor de esta última resolución que, en términos prácticos, extiende la misión investigadora dos años más. Pero al mismo tiempo, hace público un comunicado donde expresa su posición de fondo. Y este posicionamiento es el mismo desde el 10 de diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández asumió como Presidente de la Nación.

En él se aclara que, además de apoyar el trabajo de la Alta Comisionada Bachelet, se condena la imposición de sanciones y bloqueos económicos que “agreden especialmente al pueblo venezolano”, así como también cualquier intento de injerencia o intervención extranjera, ya sea de carácter política, económica y por supuesto, militar.

Argentina construyó una política de Estado desde el retorno de la democracia que condena las violaciones de los Derechos Humanos en todo el mundo, gobierne quien gobierne. Y esto es así porque la Historia nos lo impone y porque 30.000 argentinos así lo merecen.

En este sentido, comparto lo que expuso el periodista marplatense Augusto Taglioni en su nota sosteniendo que el recuerdo de una Venezuela bolivariana que enterró al ALCA en 2005 y se apuntaló como faro regional y mundial de las expresiones populares de la política, no puede ser el que determine una política exterior de un Estado soberano como la Argentina, en un 2020 donde la región retrocede inescrutablemente en materia de DDHH, democracia y apego a la constitucionalidad. Venezuela ha cambiado y la región también.

El problema, es que desde cierto sector del progresismo argentino se ha caído en la trampa impulsada por la derecha y los medios de comunicación: o estás a favor de Venezuela, o estás en contra de Venezuela. Señalar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana está envuelta en una cantidad de asesinatos sin resolver, no es alentar la intervención norteamericana, que existe y es real. En Venezuela, los muertos no los ponen los amigos de Juan Guaidó, sino los jóvenes de las barriadas que están a merced de las fuerzas de seguridad. Fuerzas que tienen un poder desmedido en el Gobierno de Maduro y que, como casi todos los policías del mundo entero, imponen su razonamiento por la fuerza de las armas.

¿O que pensaban? ¿Qué porque Maduro tenga una retórica anti imperialista los policías venezolanos son razonables y preguntan antes de disparar? ¿En qué datos, relatos o historia se basan aquellos que dicen que en Venezuela no hay abuso por parte de las fuerzas del Estado?

En este sentido, un posicionamiento de fondo, que plantea coherencia con lo que Alberto Fernández dice desde mayo del año pasado cuando decidió ser candidato para presidir a la Argentina, es el que expuso nuestro país esta semana. Más allá de los reduccionismos que quieran hacerse por ignorancia o por mala fe.

La reacción y renuncia de la ahora ex Embajadora Alicia Castro es otro ingrediente que abona al estado de cosas actual. Realmente sorprende que una dirigente política de las capacidades, patriotismo y compromiso de Alicia Castro haya tomado una decisión de tal magnitud, a sabiendas de que representa a la República Argentina, y no a su persona en términos individuales. De mínimo, es irresponsable crear discordia en cuanto a la unidad del Gobierno Nacional debido a una votación que no le gustó, más allá de que no cambia el status de reconocimiento oficial hacia el Gobierno de Maduro, ni avala ningún tipo de sanción o intervención.

Otra falacia que se escuchó decir estos días es que Michelle Bachelet sólo impulsa las gestiones de su oficina en lo relativo a Venezuela, y hace la vista gorda en otros países. Eso es una mentira. La ex presidenta chilena realizó misiones en 2019 en el marco de los conflictos sociales de Ecuador, Chile, Bolivia después del golpe de Estado, además de señalar que en varios países de América Latina, como Colombia y Brasil existen violaciones de derechos civiles y políticos.

No obstante, el razonamiento que impulsa callar lo que sucede en Venezuela porque las graves situaciones que se viven en otros países no tiene el mismo lugar en la agenda, es una irresponsabilidad. Y esto es así porque en un contexto en el cual hay un franco retroceso de los DDHH a nivel regional, no se pueden callar las arbitrariedades, vengan de donde vengan. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la política exterior de la Argentina debe ser diseñada y ejectuada en pos del cumplimiento del interés nacional. Hoy, octubre de 2020, el interés nacional de nuestro país tiene dos elementos inequívocos, que no son los únicos, pero claro está que son innegables para cualquier persona. Uno es la resolución de la deuda externa y el otro es el aseguramiento de la provisión de la vacuna contra el COVID-19.

Hoy, encarar una negociación con el Fondo Monetario Internacional requiere hacer política, no panfletismo y agitación de consignas. Con eso no se logran resultados políticos satisfactorios para los intereses de nuestro país. Podríamos discutirlo si Argentina hiciese política renunciando a los principios que ha defendido historicamente. Pero eso hoy no sucede: nuestro país se posicionó a favor de la gestión de Bachelet, en contra de las sanciones que coadyuvan a perpetrar el genocidio económico contra el pueblo de Venezuela y en contra de la intervención imperial.

Por otra parte, ya todos deberíamos saber y tener bien en claro que la pandemia no hizo aflorar los sentimientos de solidaridad, como creíamos algunos románticos de la primera hora. La competencia es cada vez más brutal, las elecciones en Estados Unidos agravan el cuadro, la polarización en América Latina va hacia la misma dirección. La provisión de la vacuna también requerirá acuerdos políticos, una política exterior equilibrada, que no retroceda en sus principios, pero que no cree conflictos donde no tiene que haberlos, sencillamente porque no son asuntos que pongan en juego nuestro interés nacional. Esto implica comunicar una mala noticia: es probable que si la vacuna es descubierta, sea accesible para todos. Pero es probable que no, y el contexto actual dicta que existe la posibilidad que haya que tejer acuerdos complejos para poder conseguir los insumos médicos para inmunizar a nuestros compatriotas, en caso de que sea necesario. 

Una última reflexión es inherente a la toma de conciencia del contexto regional y global que estamos viviendo. América Latina era una en 2007, cuando Chávez, Lula, CFK, Evo, Correa y Tabaré gobernaban en sus países. La bonanza económica, una relativa calma social, y los esquemas de integración y concertación política daban lugar a una defensa irrestricta de los gobiernos legítimamente constituidos contra las amenazas de agresión imperial.

Hoy, en 2020, el mundo y la región han cambiado. La mayor parte de los gobiernos de Sudamérica obedecen a los dictados de Washington y Venezuela ha virado hacia un gobierno cívico - militar con una capacidad de resistencia impresionante, pero también con un manejo arbitrario de los conflictos sociales donde el empoderamiento de las fuerzas de seguridad impone el terror entre los venezolanos de a pie en muchas ciudades del país caribeño. Posicionarse en ese contexto requiere tener en cuenta cuestiones de fondo y de forma, aunque ello no implique un determinismo absoluto, sencillamente porque Alberto Fernández no es Bolsonaro, Duque o Piñera, pero tampoco es Ortega. Los sectores que pertenecen a la coalición de gobierno y que hoy critican el accionar de la Argentina deben no caer en la trampa del determinismo agitada por la derecha y las corporaciones mediáticas, y ello implica poder mirar el cuadro de situación completo y tomar conciencia de un mundo y una región que han cambiado. No se puede hacer de cuenta que vivimos en una América Latina que sólo existía hace 15 años atrás.

(*) Analista internacional de Fundamentar.com

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