El caso Traferri puede ser abordado desde variadas formas. Desde la crónica periodística, desde la sensación de hartazgo (a veces legítima) de buena parte de la sociedad a partir de algunos comportamientos institucionales y desde un análisis un poco más profundo que intente mostrar la presencia de algunos problemas estructurales de la provincia, que no son nuevos y que van más allá de los nombres propios. Nosotros, elegimos esta última.
Lo primero que debe decirse es que el presente artículo tendrá un doble abordaje. Desde los límites que impone la propia Constitución Provincial a partir de su articulado y desde el sentido en que se han movido los diferentes actores en el asunto. Una aclaración para algún desprevenido: que pongamos el foco de la atención en la carta magna provincial no es un intento para justificar ningún (supuesto) acto delictivo, sino para tratar de mostrar que a veces, ciertas prácticas que creemos impropias para los tiempos que corren, además de tener un marco legal, son el resultado de procedimientos institucionales perfectamente preestablecidas.
La Constitución de Santa Fe tiene un problema severo: su desactualización. Sancionada hace casi sesenta años, en plena proscripción del peronismo, el cual ha sido la fuerza política que más tiempo ha gobernado la provincia desde la vuelta de la democracia, resulta evidente que ha quedado atrasada respecto del marco legal que la contiene en la reformada Constitución Nacional de 1994, del resto de las provincias (excepto Mendoza que tampoco ha hecho cambios) pero fundamentalmente, de la costumbres y prácticas sociales que le dan sentido.
Ya nadie discute la posibilidad de que el jefe de un Poder Ejecutivo sea reelegido o de que las sesiones ordinarias de la Lesgislatura deben durar más que ocho meses. Pero estos son sólo parte de un conjunto de disposiciones que deberían ser modificadas y que el egoísmo de todo el arco dirigente (queriendo imponer la posibilidad de reelección de aquel que es gobernador en el momento que se discute) ha impedido una reforma seria y acorde a los tiempos que corren.
La uninominalidad de los senadores es uno de sus problemas más importantes y que, no casualmente, surge con mucha visibilidad en el caso Traferri. Para explicarnos mejor, recordemos que en nuestra provincia rige un sistema de representación senatorial que emula a la Constitución Nacional donde la Cámara Alta representa a las provincias. En nuestro caso provincial, a los departamentos. Esto, además se refuerza con el sistema electoral que establece que aquel candidato que gana, aunque sea por un solo voto, se queda con la exclusiva representación legislativa. Y aquí ya tenemos dos problemas.
El primero, si se quiere menor, es la desactualización con la carta magna nacional que a partir de su reforma del ’94, estableció que esa representación de los territorios no sea de uno sino de tres senadores, garantizando así la presencia de la primera minoría. Y el segundo, que está en línea con lo anterior, es que en determinadas circunstancias los senadores provinciales cuentan con un poder que muchas veces resulta desmedido. No suele apreciarse ese problema en ciudades como Rosario o Santa Fe, donde la fortaleza político institucional de sus intendentes habla por sí sola, pero en los departamentos del resto de la provincia “el Senador” es interlocutor válido y exclusivo con buena parte del poder central. Menudo problema tienen los presidentes comunales en la gestión cuando el senador y la conducción ejecutiva de la provincia recaen en manos de dirigentes de distinto signo político al suyo.
La necesidad de los ejecutivos de sancionar leyes, ha obligado a interacciones institucionales que muchas veces han excedido lo elemental del diálogo político en una democracia. Por ejemplo, el uso de subsidios que los senadores administran (sin necesidad de poner dudas sobre su legalidad), resultan de una arbitrariedad que refuerza un esquema de poder que se eterniza en el tiempo. No casualmente algunos senadores santafesinos tienen no menos de cinco períodos sobre sus espaldas, eliminando alternancias y renovaciones tan necesarias en una democracia moderna.
Junto con esto, hay otro elemento más que juega en contra de la restringida representación senatorial. Es el caso del senador Armando Traferri y su ya famosa reunión con el detenido y acusado de administrar parte del juego ilegal de la provincia, Leonardo Peiti. Partiendo de la buena fe y suponiendo que la reunión efectivamente haya sido para propiciar un proyecto de ley de juego, ¿alguien supone que, en un esquema de representación más amplia, los “Peiti” necesitarían juntarse en un bar con cualquier legislador de la provincia y no serían “otros” los espacios institucionales donde empezar a proyectar y discutir cualquier proyecto legislativo? Primera tarea para el hogar estimado lector, estimada lectora.
Pero hay otro factor que deviene de la desactualizada constitución y que refuerza la idea de impunidad y de que el Senado santafesino, otra vez, actuó corporativamente. Nos referimos al artículo 51 de la constitución que dice que: “Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal.” Nótese la diferencia con el régimen nacional que permite que los legisladores SÍ puedan quedar incluidos en el proceso de investigación penal. Allí está el ejemplo de Cristina Fernández a mano. La pregunta sobre la que hoy nadie tiene una respuesta certera, es hasta dónde podrán avanzar los fiscales en la investigación.
La distancia comentada se refuerza con la existencia del sistema acusatorio santafesino que le da una cuota no menor de poder al Ministerio Público Fiscal. Cuando se sancionó, allá por finales del gobierno de Jorge Obeid, fue reivindicado por oficialistas y opositores circunstanciales ya que a partir de ese momento la investigación de las causas quedaría en manos de los fiscales y no del Juez que sólo debía actuar como un reaseguro de ciertos procedimientos.
No se puede mirar para el costado y desconocer que el propio sistema de acusación está siendo interpelado. Más allá de las simpatías y de la renovación que supuso la puesta en práctica del mismo, la situación de varios fiscales que se encuentran detenidos, investigados y en algunos casos denunciados por algunos abusos, hace que la pregunta que planteó el propio sospechado Traferri sobre “¿Quién revisa el accionar de los fiscales?”, sea legítima.
En un diálogo semanal off the récord con un reconocido dirigente sindical de la región, se preguntaba y nos hacía extensiva la pregunta de quién le pone el cascabel al gato cuando el fiscal se excede en sus funciones al punto de hacer una verdadera persecución a quien resulta denunciado. Se lo preguntaba desde una experiencia estrictamente personal. Lo confieso. No tuve respuesta.
El caso Traferri supone a la política como un coto de caza (cuando hablo de política lo digo en el uso restringido del término, referenciándolo sólo a lo institucional. Los que nos leen seguido saben que nos gusta hablar de política como un término amplio). Al punto tal que su posible desafuero quedó supeditado al trabajo de comisiones que el propio sospechado, a partir de su trabajo legislativo de lustros, domina. Ni siquiera se amplió la discusión al conjunto de la Cámara. Y a la vez que mostró la inevitable ruptura del bloque oficialista, reflejó las relaciones políticas construidas durante el gobierno del Frente Progresista que posibilitaron que, en un Senado dominado por la oposición, nunca hubiera reparos demasiado importantes para interpretar los intereses legislativos de los gobiernos conducidos por Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Una media sanción y subsidio, no se le niega a nadie.
Hay que decirlo con todas las letras: en la protección de Traferri el Senado se autoprotegió (ya sé que cuatro senadores oficialistas fueron la voz discordante, pero aquí lo que cuenta es el resultado final). De momento zafaron todos. Y hasta algún trasnochado que trasunta los pasillos legislativos puede pensar que ganó, cuando en realidad ha quedado muy claro que, ante la mirada social, la institución llamada Senado de la provincia de Santa Fe, perdió.
Pero en realidad, si uno ajusta la mirada, todos pierden. O como en la perinola, todos ponen. Su credibilidad, su prestigio, su reconocimiento. El sistema acusatorio aparece cuestionado, el oficialismo profundizó su crisis legislativa al punto de extenderla al Ejecutivo ya que su vice gobernadora tributa políticamente en el espacio que supo construir el ex intendente sanlorencino. Y la oposición tampoco las tiene todas consigo porque si la investigación avanza, se demostrará que algunas acciones no surgieron a partir del 10 de diciembre de 2019.
Una verdadera lástima para aquellos que reivindican a la política como herramienta de transformación. Tal vez, el epígrafe de este artículo debería haber incluido el cambalache discepoliano que nos habla que todos están en el lodo y manoseados. Pero preferimos citar al paranaense criado musicalmente en La Plata para poder distinguir lo viejo de lo nuevo. Para suponer una mínima idea de esperanza. Tal vez una reforma constitucional justa, honesta y sin egoísmos sea una excelente herramienta.
(*) Analista político de Fundamentar
