Con el aumento de la violencia y de los crímenes, las estadísticas de homicidios se convirtieron en un instrumento valioso en el afán de poder medir y cuantificar la realidad en materia de seguridad. Esta semana, el gobierno de Santa Fe difundió datos oficiales sobre los asesinatos ocurridos en el Gran Rosario en los primeros ocho meses de este año (de enero a agosto). Una de las conclusiones que arroja el informe es que en relación al mismo periodo de 2014, los homicidios se redujeron en un 20 por ciento: 141 contra 176.

El relevamiento entrega además especificaciones en relación a los móviles de los crímenes. El desagregado da cuenta de una atípica situación en el mapa del delito: se registraron más muertes por balas policiales (16 casos) que aquellas que ocurrieron en una situación de robo (15 casos).

Las muertes provocadas por agentes de la Policía de Santa Fe representan el 11 por ciento del total de los crímenes. Por una cuestión temporal, en el trabajo estadístico no figura el crimen de Roberto Arrieta, asesinado el pasado domingo en la puerta de la comisaría de Puerto General San Martín a manos de un efectivo policial que disparó con un arma antitumulto, por lo que el registro alcanza los 17 casos.

La cifra disminuye fuera del Gran Rosario. Solamente se registraron tres episodios de gatillo fácil en lo que va del año en el resto de la provincia, que en total contabiliza 19 casos en un global de 254 asesinatos (7,5 por ciento).

Los números oficiales están en sintonía con el informe elaborado por Rosarioplus.com en base al archivo de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), una organización política vinculada al campo de los Derechos Humanos. Según este registro, Santa Fe es la segunda provincia del país con más muertes vinculadas al ilegal accionar de la policía desde la recuperación de la democracia.

La comparación con otras regiones también expone la particular y alarmante coyuntura de Santa Fe en esta materia. En el 2014, en Córdoba se registraron 10 “ejecuciones extrajudiciales” en todo el territorio provincial, casi la mitad de casos ocurridos en los primeros ocho meses del año en jurisdicción santafesina. Así se desprende un estudio confeccionado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC sobre violencia institucional.   

FUENTE: RosarioPlus