El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales en las últimas décadas fueron tomando cada vez más protagonismo y contribuyendo en un mundo cada vez más globalizado. En América Latina se observa cómo en los últimos años estas deterioran el orden democrático cuando sirven como vía de difusión de fake news, utilizadas luego en procesos judiciales que impactan de manera contundente en los sistemas políticos de la región.
El caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) es un claro ejemplo de lo que es ser víctima de las fake news y de la judicialización de la política en la región. Recientemente recuperó sus derechos políticos debido a la anulación de las condenas por la causa Lava Jato, proceso en el que el propio Lula reconoció ser “víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia”. Las fake news son mucho más que noticias falsas. Son socias indiscutidas del lawfare, que es el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política del adversario.
No sólo los medios de comunicación son reproductores de información falsa, sino que a partir del impacto de las redes sociales son los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes viralizan, comparten y van construyendo supuestas realidades a partir de una mentira.
Según un estudio de la compañía global de ciberseguridad Kaspersky y la consultora CORPA, alrededor de un tercio de las y los latinoamericanos utiliza solamente las redes sociales para informarse a diario y sólo un 17% lo hace a través de los sitios de medios de comunicación tradicionales. Los países que usan en mayor medida las redes sociales para informarse son: México (35%), Brasil (33%) y Chile (32%). Luego siguen Perú (31%), Argentina (28%) y Colombia (26%).
En el 2018 un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) reveló que las fake news –término que popularizó el expresidente Donald Trump para criticar a los medios de comunicación opositores en Estados Unidos- tienen un 70% más de posibilidades de ser reenviadas y viralizadas que las veraces y son distribuidas más rápidamente y con mayor impacto que las noticias verdaderas. El uso de las noticias falsas tiene el objetivo de manipular a la opinión pública o perjudicar a una persona con intereses políticos y/o económicos. Según los especialistas, y teniendo en cuenta que en estos tiempos hay mayor sensibilidad social, el contenido falso apela a las emociones más inmediatas de las personas, confirmando una convicción, o un prejuicio, que ya existe en ellas.
Alrededor del 70% de las y los latinoamericanos no sabe detectar las noticias falsas y tampoco está seguro de reconocerlas en Internet. Quienes en mayor medida no logran identificarlas son las y los peruanos, con 79%, las y los colombianos (73%), y las y los chilenos (70%). En Argentina y México el 66% no puede discriminar entre una noticia falsa y una verdadera, y en Brasil, el 62% está en la misma situación, según la publicación que dio a conocer en febrero del año pasado Kaspersky y CORPA.
Otro dato para destacar es que el 2% de las y los latinoamericanos cree que las fake news son sólo un juego y no perjudican a nadie, aunque la gran mayoría piensa todo lo contrario. Un 72% afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o conseguir algo a cambio. No obstante, el 46% de los encuestados pone en duda -de vez en cuando- o simplemente no cuestionan lo que lee en la web.
Según el Observatorio de Infodemics COVID-19 de la Fundación Bruno Kessler, debido a la pandemia, América Latina es la región del mundo más afectada por la cantidad de noticias falsas sobre el coronavirus. Sin dudas, esto aumenta la desconfianza en las instituciones y debilita el cumplimiento de las medidas para enfrentar a la enfermedad. Podemos decir que también los partidos opositores a los gobiernos de turno, aprovechan y fogonean la “infodemia”.
De 83 países bajo estudio, los 15 en los que la fiabilidad de las informaciones sobre la enfermedad difundidas a través de medios digitales es más baja se encuentran en la región, donde el 59% de lo que allí se publica puede ser considerado “confiable”. En países como Perú y Venezuela la proporción de noticias confiables es del 25%, es decir que sólo uno de cada cuatro tuits responde a criterios de validación, corroboración de evidencia o con origen en una fuente rigurosa y confiable.
Recientemente el papa Francisco, en su mensaje por la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, valoró la contribución de Internet, a través de la cual se permite multiplicar la capacidad de compartir historias con “información de primera mano y oportuna”, sin embargo, alertó sobre los riesgos de la comunicación social sin controles, especialmente en tiempo de pandemia.
Cada vez son más los espacios e iniciativas dedicados a hacer frente a este fenómeno: la Unesco y Chequeado crearon recientemente PortalCheck, un sitio que recopila una serie de herramientas para poder verificar datos y combatir la desinformación frente al COVID-19 exclusivamente en América Latina.
En este sentido, Google también anunció el lanzamiento de DigiMente, un programa con el objetivo de capacitar a niños, niñas y adolescentes sobre la desinformación, ética de la información, pensamiento crítico, reflexión e interpretación de las noticias. Más de la mitad de los estudiantes tampoco sabe cómo detectar noticias falsas. Este proyecto piloto comenzará en la Argentina, Colombia y México, y pretende luego convertirse en una plataforma de educación en línea.
Las fake news en los procesos electorales
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 19), la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.
En año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizaron una declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital, donde realizan recomendaciones a los Estados y actores no estatales.
En la misma reconocen la importancia para la democracia de un entorno de medios dinámico, con un debate público sólido al que la audiencia tenga acceso a un abanico diverso de información e ideas; así como el rol de los medios de comunicación durante los procesos electorales para brindar a los candidatos y partidos acceso equitativo al público, una plataforma para el debate político e información imparcial y precisa sobre cuestiones vinculadas con los comicios.
A raíz de la evolución de los medios de comunicación, el avance de la era digital y la aparición de las redes sociales, se abre el espectro de oportunidades para que los votantes accedan a información, expresen opiniones, y tengan la oportunidad de interactuar directamente con candidatos y partidos. Sin embargo, han surgido nuevos desafíos en materia de libertad de expresión, visibilizando la necesidad de adaptar los marcos normativos vigentes con el fin de supervisar de manera transparente y responsable los contenidos virtuales.
Las investigaciones existentes muestran evidencia contradictoria y mientras algunas señalan que no existen efectos significativos, otras han encontrado que la desinformación tiene un efecto en la determinación de la agenda informativa, que se amplifica en los medios la existencia de la desinformación e incluso puede estar conectada con la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.
Cómo afectaron las fake news los procesos electorales en nuestra región
Ecuador
El pasado 7 de febrero se realizaron elecciones en Ecuador y en los últimos días de la campaña se multiplicaron las noticias falsas.
La colombiana Semana aseguró que el correísmo, ahora agrupado en el espacio Unión por la Esperanza (UNES), habría recibido 80 mil dólares de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) para financiar su campaña electoral. Según la nota, el recientemente abatido líder de la guerrilla, Andrés Vanegas -alias "Uriel"-, habría mantenido conversaciones con el expresidente Rafael Correa, según datos extraídos de equipos informáticos del líder guerrillero.
Tanto Correa como el candidato a Presidente, Andrés Arauz, y el ELN salieron a desmentir tal información, manifestando que nunca tuvieron conversaciones entre sí.
La Fiscal General del Estado de Ecuador solicitó a su par de Colombia el informe completo sobre los hallazgos de los investigadores en las computadoras de Vanegas.
A nueve días de las elecciones, el consejero Luis Verdesoto ingresó una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la supuesta entrega de dádivas a los votantes, a través de la entrega de pruebas de COVID-19 gratuitas en las sedes de la alianza UNES en la ciudad fronteriza de Tulcán y en Quito. La denuncia fue archivada el día posterior a los comicios por no presentar los fundamentos de su acusación con detalles específicos sobre los daños que ha causado la entrega de dádivas, sin pruebas ni documentos que respaldaran esta denuncia.
También en los primeros días de febrero, se replicó otra noticia falsa sobre la presunta vacunación del candidato Arauz en su viaje a la Argentina, donde tuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández y su vice, la expresidenta Cristina Fernández, a principios de diciembre. Lo cierto es que las vacunas llegaron a nuestro país recién a fines de ese mes y la vacunación comenzó el 29 de diciembre.
Asimismo, desde Argentina se publicó información relacionada a un video falso que circuló en redes sociales sobre la supuesta entrega de 250 dólares a los votantes antes de las elecciones en Ecuador. En un video de poco más de 30 segundos, que se comprobó luego su falsedad, se ven imágenes del candidato y una voz que decía a la población que podían pasar por las sedes partidarias en todo el país para retirar 250 dólares a cuenta de un subsidio que les prometió a todas las familias si llegaba a ganar la presidencia.
Estos ejemplos son una muestra más de que uno de los principales fines de las fake news es perjudicar a los candidatos durante los procesos electorales, llevando este fenómeno a que sean los mismos candidatos los que deban pensar en desarrollar plataformas o generar mecanismos para desmentir y comprobar el contenido de esas noticias falsas, como lo hizo Arauz a través de su plataforma web recientemente.
Este año, a principios de febrero, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron la campaña digital #YoMeInformo, buscando hacer frente a la desinformación en redes sociales y/o medios digitales, fortaleciendo el proceso electoral y democrático en Ecuador, y generando conciencia en la ciudadanía. Durante el proceso electoral ecuatoriano han salido a desmentir varios contenidos circulados en redes sociales.
Bolivia
En octubre del año pasado, el mismo día de las elecciones en Bolivia, según el portal Bolivia Verifica la primera imagen falsa que circuló con supuestos resultados de la votación en Japón donde se atribuía la victoria a Luis Fernando Camacho (Creemos). Anotaron más de 2.000 votos a favor de ese partido cuando en todo el país había sólo 196 inscriptos. Claramente una fake news.
Los candidatos también fueron blanco de desinformaciones: se publicaron fotos manipuladas de Luis Arce (Movimiento Al Socialismo) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) en las que supuestamente muestran sus votos.
Hubo más desinformaciones sobre Mesa, ya que a la mañana del mismo día de la elección se difundió la imagen de portada de un diario de La Paz en la que se modificó el titular y decía, falsamente, que Mesa había renunciado a su candidatura.
Brasil
Para las elecciones municipales 2020 en Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) realizó una alianza con Twitter y Tik Tok, más nueve servicios de verificación de noticias, a fin de combatir la supuesta "desinformación" durante los comicios municipales y la acción de "milicias digitales". También firmó un convenio con Google para brindar contenido confiable e información oficial sobre las elecciones.
La Corte Suprema de Brasil investiga presuntas campañas de desinformación y difamación en las presidenciales de 2018 a través de mensajes masivos por Whatsapp, supuestamente financiadas por empresarios favorables a Jair Bolsonaro, quien terminó imponiéndose en las urnas.
Las fake news o noticias falsas no fueron un caso aislado, sino que fueron protagonistas de la campaña electoral. El equipo de Bolsonaro ha sido acusado formalmente de emplear noticias falsas contra el candidato del PT, Fernando Haddad. La mayoría de las noticias falsas eran difundidas por Whatsapp, consumidas y compartidas por el 66% de los electores.
Varios observadores han criticado la lentitud y la tibieza con la que ha actuado el TSE, que el 15 de octubre determinó la retirada de 50 posteos de Facebook con informaciones no verídicas contra el candidato Haddad y su vice, Manuela D'Ávila. Pocos días antes, la Corte, responsable del correcto desarrollo del proceso electoral, lanzó una página web para ofrecer aclaraciones a los votantes brasileños sobre informaciones falsas que circularon en las redes sociales.
Chile
A principios de enero de este año el periodista venezolano y activista de ultraderecha Casto Ocando elaboró un pormenorizado reportaje -“Las cuentas secretas de la política chilena”- en el que daba a conocer la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales de 12 políticos chilenos, entre las que se destacaban las del candidato presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, más las del candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
A principios de febrero se republica en otro medio, acompañado de una extensa campaña de viralización por redes, a través de cuentas ligadas a activistas del Partido Republicano y cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Ambos desmienten de manera categórica las afirmaciones y las califican de fake news. Desbordes autorizó al Ministerio Público a levantar su secreto bancario para despejar cualquier duda, en una denuncia penal por los delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre. En el caso de Muñoz, se ofició a los bancos en cuestión, los que le confirmaron que las cuentas eran falsas, además de elevar una denuncia en Estados Unidos ante la Federal Trade Commission.
Regulación de las fake news
La falta de legislación y el intento de regulación de las noticias falsas causa polémica y contradicciones.
En Nicaragua, el año pasado el Parlamento aprobó una ley contra los ciberdelitos con penas de hasta diez años de prisión, entre los que se encontraban -con penas de dos a cinco años- aquellas personas que "difundan información falsa" que produzcan "temor, zozobra o alarma en la población", perjudiquen el honor, prestigio y dignidad de otras y pongan en peligro el orden público o la "seguridad soberana". Esta normativa fue criticada por sectores de la oposición, la prensa independiente y organizaciones defensoras de derechos humanos, argumentando que limita la libertad de expresión y amenaza el ejercicio del periodismo.
En un estudio desarrollado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ligadas a los derechos humanos en el entorno digital se plantea que las noticias falsas se encuentran amparadas por la libertad de expresión (salvo casos excepcionales). En la declaración conjunta de Viena de 2017, los cuatro relatores para la libertad de expresión (ONU, OEA, OSCE y la Comisión Africana CADHP) indicaron que la prohibición de difundir información basada en conceptos imprecisos y ambiguos como el de noticias falsas es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Además, plantea la necesidad de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – CIDH establezca una definición clara de fake news y bots.
En nuestro país la Cámara Nacional Electoral (CNE) propuso en 2018 un “registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias, para publicarlas en el portal del organismo, y la obligatoriedad para los partidos de adjuntar en sus informes de campaña el material audiovisual que vayan a utilizar en Internet y redes sociales. Además, de auditar las campañas digitales desarrolladas por las agencias publicitarias y consultoras”, y realizó una auditoría sobre el comportamiento de cuentas automatizadas (bots), ataques (trolls) y difusión de información falsa (fake news) durante las semanas de campaña electoral, algo que también fue realizado durante las elecciones legislativas de 2017.
Si de algo estamos seguros es que sin dudas las noticias falsas en la región (y en el mundo), y sobre todo en los procesos electorales, socaba la democracia. El gran escollo para sortear la desinformación y las fake news tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. Y en los procesos electorales las noticias falsas dañan principalmente a la ciudadanía -además de a los candidatos y a las instituciones- porque no se le está dando la posibilidad de elegir en libertad a la hora de inventar noticias falsas sobre determinado candidato de determinada fuerza política o incluso de algún órgano electoral, que cada vez es más frecuente en la región.
Las noticias falsas y la judicialización de la política son parte, muchas veces, del mismo entramado. Las fake news y el lawfare son las dos caras de la misma moneda, que se empoderan mutuamente y socavan el derecho de las ciudadanos y ciudadanas a elegir con libertad.
(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe (COPPPAL). Doctoranda en Ciencia Política (UNSAM), Profesora de Relaciones Internacionales (USAL).
FUENTE: Cenital
